Comcosur al día   Notas

1)  HASTA DESENTERRAR LA VERDAD

Samuel Blixen (Brecha)

Comenzó a abrirse la caja de Pandora: técnicos de la Universidad se aprestan a iniciar los trabajos de excavación en el Batallón de Infantería número 13 en busca de un cementerio clandestino que albergó a por lo menos 15 desaparecidos. No es el único.

A fines de 1984 los militares llegaban a la conclusión de que el pacto del Club Naval exhibía una ambigüedad en extremo peligrosa para la impunidad.  Los juzgados comenzaban a recibir denuncias sobre las desapariciones, en particular aquellas ocurridas en Buenos Aires, que además de los crímenes dejaban en evidencia el grado de coordinación represiva en el Río de la Plata. Por ello, los mandos del Ejército encabezados por el general Hugo Medina (después ministro de Defensa en la primera presidencia de Julio Sanguinetti) decidieron ordenar la remoción de las tumbas clandestinas donde habían sido sepultados los restos de los prisioneros desaparecidos con el objeto de eliminar pruebas directas de los crímenes y entorpecer cualquier investigación que pudiera prosperar.

La llamada Operación Zanahoria era una tarea en extremo complicada: había que ubicar los lugares exactos en los cuarteles donde existían cementerios clandestinos, remover los restos y completar una “segunda desaparición”. Y para ello era necesario contactar al personal que, cinco, diez años atrás, había participado directamente en el macabro “destino final”. Además, en vísperas de la instalación del gobierno democrático, el trabajo debía realizarse rápidamente.

De hecho, el trabajo fue desprolijo: sobre la base de algunos criterios básicos se intentó rescatar los restos; pero ni siquiera se tuvo la certeza de que hubieran sido relevadas todas las tumbas clandestinas en todo el país. La ubicación de los restos de Roberto Gomensoro Josman es una prueba de aquella desprolijidad: si quienes abandonaron su cadáver en el embalse de Baigorria hubieran tratado de ubicar después los restos para eliminar la evidencia del asesinato, habrían descubierto la ausencia del cráneo, guardado por el médico que realizó la autopsia y que permitió finalmente el rescate de los restos.

Lo que sí funcionó aceitadamente, pese al apuro, fue la ley de la omertà: una tal exhumación masiva debe haber sido detectada y observada por numerosos testigos, la mayoría de los cuales ni siquiera estaban relacionados con los sucesos, excepto por su condición de personal militar subalterno. En su momento, algunos testimonios de soldados que aportaron indicios sobre los cementerios clandestinos fueron prácticamente ignorados en medio de la ola de impunidad que sobrevino a la ley de caducidad.

El primer sacudón sobre la evidencia de que en Uruguay hay cementerios clandestinos se produjo durante la segunda presidencia de Sanguinetti: el general Alberto Ballestrino puso al senador Rafael Michelini en la pista de los enterramientos practicados en el predio del Batallón de Infantería número 13, en Camino de las Instrucciones, y fue necesario que Sanguinetti aplicara la mordaza de la ley de caducidad para detener la investigación ordenada por un juez penal.

Las informaciones que indicaban que dos desaparecidas, Elena Quinteros y María Claudia García de Gelman, habían sido enterradas en ese cuartel llevaron al juez suplente Alejandro Recarey a encomendar, a fines de 2003, un estudio geoarqueológico a un equipo de técnicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, con el objeto de ubicar el lugar preciso de los enterramientos.

Simultáneamente, la divulgación de que maquinaria pesada estaba a punto de realizar en los fondos del cuartel obras vinculadas al plan de Saneamiento III de la Intendencia de Montevideo, impulsó a los abogados que patrocinan las denuncias contra el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco (procesado por homicidio en la causa de Elena Quinteros) a solicitar del juez una orden de “no innovar”, a efectos de preservar el lugar donde se sospecha que están las tumbas.

Las maniobras del saliente presidente Jorge Batlle para abortar las indagaciones judiciales sobre la desaparición de Elena Quinteros, que implicaban las citaciones ante el magistrado de Manuel Cordero y Jorge Silveira (dos de los oficiales que interrogaron y torturaron a Elena), terminaron con el desplazamiento del juez Recarey, pero no lograron impedir la culminación del estudio geoarqueológico, concluido en febrero de 2004. La geógrafa Ofelia Gutiérrez, la arqueóloga Elizabeth Onega y el ingeniero agrónomo Daniel Panario, experto en geomorfología, realizaron un estudio detallado de las fotos aéreas del terreno donde se ubica el Batallón 13 y particularmente un estudio comparativo de las tomas de 1975 y 1980 que permitió detectar sitios que, por presentar modificaciones, deben ser objeto de una prospección arqueológica.

Fue necesario el transcurso de un año y un cambio de gobierno para que se autorizaran las excavaciones en el cuartel. El flamante presidente Tabaré Vázquez, tal como había anunciado en su discurso del 1 de marzo, dispuso que se solicitara al actual titular del juzgado, Juan Carlos Fernández Lecchini, que levantara la medida cautelar de “no innovar”. El martes 15 el magistrado resolvió autorizar el ingreso del equipo de técnicos. En la instancia, que presumiblemente se verificará después de Semana de Turismo, estarán presentes también el médico Horacio Solla, del Instituto Técnico Forense, el propio juez, la fiscal Mirtha Guianze y el defensor de Juan Carlos Blanco, el abogado Carlos Curbelo.

LOS SECRETOS DEL 13. El estudio de las fotografías de la Intendencia de Montevideo aportó los indicios de que los fondos del Batallón 13 se transformaron, a partir de 1976, en un vasto cementerio clandestino. En torno a una cancha de fútbol, en unas elevaciones próximas al curso del arroyo Miguelete, que cruza el predio; en un talud detrás del arco de la cancha que da al oeste; en las inmediaciones de donde antes hubo una cabaña, y en otros dos puntos cercanos al arroyo se detectaron lugares donde pueden haber existido tumbas clandestinas. Muchos de los puntos ubicados en las fotografías coinciden con los lugares señalados en los testimonios de los testigos.

Se tiene casi la certeza de que en el 13 de Infantería hubo por lo menos 15 tumbas, pero se presume que pueden haber sido enterrados allí más de 30 desaparecidos. Las referencias a la inhumación en ese cuartel de María Claudia García de Gelman &endash;una ciudadana argentina secuestrada en Buenos Aires, trasladada clandestinamente a Montevideo, asistida en el Hospital Militar, donde dio a luz una hija, y luego desaparecida&endash; sugieren que otros 29 prisioneros, militantes del PVP que permanecieron en Orletti, fueron trasladados a Montevideo en lo que se conoce como el “segundo vuelo”, y finalmente fueron enterrados en el 13, después de su asesinato.

Diversas versiones pretenden desviar la atención de los cementerios clandestinos sugiriendo que los desaparecidos de Buenos Aires fueron arrojados al mar en noviembre de 1976, o bien en 1984-85, después de las exhumaciones. La geógrafa Gutiérrez sostuvo que la hipótesis de que los restos desenterrados fueron arrojados al mar “es la menos probable”.

Los técnicos de la Universidad estimaron que los trabajos insumirán por lo menos un año. En una primera instancia harán un relevamiento visual de los lugares donde pudo haber remoción de tierra y después comenzarán el trabajo sistemático. Está previsto solicitar a la Presidencia equipos técnicos imprescindibles, en especial para realizar lo que describieron como “ecografías del terreno”, y sistemas de circuitos cerrados de televisión para mantener una vigilancia permanente del lugar de los trabajos.

Los técnicos estiman que inevitablemente, si las remociones detectadas en las fotos corresponden a exhumaciones de cadáveres enterrados allí años atrás, se podrán obtener elementos que permitan realizar estudios de ADN para determinar la identidad de los restos. Afirman que, si hubo tumbas, en los sedimentos se encontrarán cabellos, trozos de dientes y de huesos. Para ello será necesario una cuidadosa prospección y remoción según la experiencia adquirida por equipos de antropología forense que actuaron en Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay en la búsqueda de desaparecidos políticos.

La geógrafa Gutierrez informó, además, que el equipo interdisciplinario de la Universidad recibió recientemente testimonios de personas que aportaron datos sobre cementerios clandestinos en otras unidades militares, lo que estaría ampliando el campo de acción del equipo. Tal como señalaron en un documento preliminar entregado al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, Gutiérrez, Panario y Onega pretenden que el equipo sea ampliado con la participación de otros técnicos. Esa pretensión, y los detalles sobre las necesidades “logísticas”, fueron analizados en la reunión que los técnicos mantuvieron con Fernández en la tarde del miércoles 16.

En realidad, la perspectiva de trabajo se ha mutiplicado. Aquella división inicial entre desaparecidos en Uruguay y desaparecidos en Argentina o Paraguay ya no se sostiene. Hay unos 150 uruguayos desaparecidos y todo indica que, salvo casos contados, fueron asesinados en Uruguay. La omertà, con la complicidad civil, que en el caso de Sanguinetti llegó al extremo de negar los secuestros de niños cuando Gelman encontraba a su nieta en Montevideo, obliga a realizar el camino inverso: desde las tumbas clandestinas hasta desenterrar la verdad. En eso está comprometido el gobierno. 

MONTEVIDEO/URUGUAY/19.03.05/COMCOSUR AL DÍA

2) LO QUE PUEDE APARECER EN LOS BATALLONES.
 Gustavo Villa (Caras y Caretas) 

En unos 20 días comenzarán las excavaciones, buscando conocer el destino final de los desaparecidos. Lo que esconden los Batallones 13 y 14 y el destino de la nuera de Gelman, ‘olvidada’ por los desenterradores militares.

Ahora que la Justicia ya levantó el último escollo que impedía la realización de excavaciones en los Batallones 13 y 14 -tal como anunció en su discurso del 1° de marzo Tabaré Vázquez - y los integrantes del Equipo Multidisciplina-rio de la Universidad de la República repasan los datos obtenidos para saber qué buscar, dónde y cómo, sólo queda la expectativa y la espera.

En definitiva, ahora que otra hora de la verdad ha llegado, sólo quedan dos resultados posibles: o se demuestra que hubo enterramientos clandestinos de detenidos desaparecidos en esos lugares, o no aparecen evidencias. La paradoja de la situación hace que debamos alegrarnos ante la aparición de una falange, una uña o tal vez un hueso de alguien que allí encontró horrible muerte. Restos de cal enterrados entre la cancha de fútbol del Batallón 13 y el arroyo Miguelete serán también una buena nueva.

Todo resto rescatado mediante la tarea científica será, en definitiva, la comprobación de tres décadas de tradición oral, mediante la cual se fue reconstruyendo por retazos la historia que va contando el destino final de quienes encontraron la muerte durante la dictadura dentro de unidades militares, o inmuebles afectados a esos usos. También servirá para recordarnos que los olvidados científicos que siguen trabajando en nuestro país sirven para algo más que para dar clases, y que pueden contribuir en las tareas que les son propias, pero que casi nadie les confía.

SEGÚN CUENTAN LAS HISTORIAS

Organizaciones de Derechos Humanos, sobrevivientes de la dictadura, periodistas y algunos políticos recabaron con paciencia y obstinación los relatos que daban cuenta de los lugares en los que pudieron haber sido enterrados los desaparecidos. Entre versiones contradictorias, ya han quedado claras algunas cosas, y sobre ésas se trabajará durante las excavaciones: en el Batallón 13 de Infantería, ubicado sobre Avenida de las Instrucciones entre Camino Casavalle y el arroyo Miguelete, hubo enterramientos clandestinos.

Si bien las versiones no coinciden en la cantidad y el destino final de quienes fueron sepultados allí, se puede hablar con seguridad de una cantidad de entre cuatro y diez muertos que fueron enterrados en ese predio.  En esa unidad funcionaba el centro de detención y tortura ‘300 Carlos’ - un galpón que habría sido antes taller mecánico - y quienes allí morían habrían sido enterrados en los fondos del Batallón.

Una investigación periodística del diario La República, publicada el miércoles 20 de junio de 1990, mostró por primera vez una foto de los arcos de la cancha de fútbol del Batallón, a la vez que reproducía informaciones de fuentes militares que daban cuenta de ocho enterramientos detrás de uno de estos arcos: una de las víctimas -según se publicó en esa oportunidad - sería Elena Quinteros. Justamente el mismo lugar indicado por el informante en esa ocasión aparece claramente señalado en el relevamiento realizado por el Equipo Multidisciplinario que analizó fotos aéreas del Batallón: designado como ‘Sitio C’ por los expertos, se perciben señales de remociones de tierra en una fecha a determinar, pero probablemente datada entre fines de 1984 y principios de 1985.

Numerosos testimonios se sumaron a éste, confirmando que en una zona comprendida por las costas del Miguelete y un camino que bordea la citada cancha hubo diferentes enterramientos clandestinos. Paralelamente se empezó a hablar de un lugar que la jerga militar había denominado ‘Arlington’, en el cual funcionaba una especie de ‘cementerio central clandestino’ en el que se habrían enterrado los cuerpos de otros detenidos desaparecidos. Arlington funcionó desde 1974 hasta el final de la dictadura y centralizó el destino de los cuerpos de varios asesinados en diversas unidades militares.

Hoy se puede afirmar con cierto grado de certeza que este cementerio estaba ubicado dentro de la jurisdicción del Batallón 14 de Infantería Paracaidista, ubicado en Toledo, más precisamente dentro de un campo utilizado para realizar maniobras de entrenamiento al cual se ingresa por un portón ubicado frente por frente con el arco de entrada del Batallón 14.  Este dato ha sido confirmado por diversas fuentes militares e incluso era manejado por la Comisión para la Paz. Las versiones más creíbles coinciden en señalar que en una primera etapa de la represión, los militares no tuvieron previsto un destino específico para los cuerpos de quienes morían de manera clandestina, por lo que se registraron diversos enterramientos en lugares variados y con diferentes técnicas; luego, en una fecha de difícil determinación se decidió centralizar la operativa en ‘Arlington’, tal el mote que recibió el predio, a semejanza del más famoso cementerio militar norteamericano.

Choca con esta versión la apreciación reproducida en la citada nota de La República: allí se afirma que el cuerpo de Elena Quinteros junto con otros siete desaparecidos -no identificados en la nota en cuestión - fueron primero enterrados en un predio cercano a Toledo, seguramente el Batallón 14, y luego trasladados de regreso al 13. De todos modos, todos los datos confluyen en afirmar sin dudas que en ambos terrenos militares hubo enterramientos clandestinos. Y eso es lo que se busca. 

¿HUBO ZANAHORIA?

El ‘Operativo Zanahoria’ fue nombrado por primera vez en público en el año 1985. Fue el periódico Dignidad quien hizo la primera referencia a una supuesta operación militar -en los estertores de la dictadura- que habría desenterrado todos los cuerpos de los desparecidos para darles un destino que impidiera su localización definitivamente. En aquella oportunidad, la versión fue recibida con desagrado por organismos de Derechos Humanos y familiares, y rápidamente descalificada.

Recién en 1997 el Operativo Zanahoria vuelve a la luz pública, luego de que un militar, de apellido Ballestrino, explicara la operación con bastantes detalles a Rafael Michelini. Michelini transformó estos dichos en una denuncia judicial la que fue aceptada por el magistrado Alberto Reyes. Sin embargo, luego de varias idas y vueltas, el entonces presidente Julio María Sanguinetti, acompañado o presionado por el Comandante en Jefe del Ejército, Raúl Mermot, decidió amparar todo bajo la Ley de Caducidad, avalado también por un fallo del Tribunal de Apelaciones. En definitiva, las actuaciones fueron remitidas al Ejecutivo donde durmieron el sueño de los justos, y el juez Reyes fue pasado al ámbito civil. Todo a cero y sin novedades.

Pero el eje del asunto pasa por la existencia o no de la ‘Zanahoria’. Por diversos motivos, algunos investigadores mantienen la creencia de que esta operación no existió nunca. Básicamente, quienes piensan que a finales del 84 no hubo una remoción generalizada y organizada de restos de desaparecidos encuentran en los datos conocidos señales que hacen pensar en una operación de ‘contrainteligencia’ destinada, fundamentalmente, a desalentar los intentos y expectativas de búsqueda y recuperación de restos. De hecho, el nombre del operativo tiene dos lecturas bien diferentes, y una de ellas puede avalar esta interpretación: si bien se dice que -en un alarde de cinismo extremo- el nombre de ‘zanahoria’ viene a sugerir la figura de un cadáver enterrado de manera vertical y con un árbol plantado sobre él, también cabe pensar en el cuento de la zanahoria y el burro, o dicho en mejores términos, una historia falsa aprendida en sus menores detalles por quienes la repiten para dar pistas erróneas y alejar así las investigaciones de la verdad.

EL MISTERIOSO CORONEL LAMY

Como ya fue dicho, la narración del Operativo Zanahoria viene siendo completada desde mediados de los noventa, aunque en los últimos tiempos se le han ido agregando datos que dan forma definitiva a esta versión. Siempre partiendo de fuentes militares, en actividad y en retiro, los datos dicen que en una fecha comprendida entre los últimos meses de 1984 y los primeros de 1985 un reducido grupo de militares recorrió el país ‘levantando’ cadáveres de desaparecidos sepultados en unidades militares y también en terrenos civiles. Este grupo habría estado bajo el mando del coronel Alfredo Lamy, fallecido en febrero de 2002.

Justamente este último dato contribuyó a sembrar sospechas sobre la veracidad de la versión, ya que era funcional al ocultamiento de datos achacar la responsabilidad principal a un fallecido; el nombre de Lamy comenzó a circular principalmente luego de su muerte. Sin embargo, CARASyCARETAS pudo saber que algunos de los testimonios recogidos en la Comisión para la Paz daban cuenta de la supuesta responsabilidad de Alfredo Lamy ya en el año 2000, cuando éste vivía y aún no enfrentaba problemas de salud. Al momento de su muerte, Lamy tenía 62 o 63 años, y según versiones, la Comisión para la Paz había dejado para la fase final de su tarea las gestiones para conversar con él, algo que no se pudo llevar a la práctica por la enfermedad del coronel y su posterior fallecimiento.

Alfredo Lamy revistó en los servicios de Inteligencia hasta el año 1984 -justamente- para pasar a Infantería. Quienes lo frecuentaron lo recuerdan como un militar sumamente reservado, serio y casi hosco; no tenía un trato de demasiadas palabras y lo distinguía un gesto adusto. Este perfil, tal como lo describen, va a tono con el lugar que Lamy ocupó durante la mayor parte de la dictadura: los organigramas de la época lo muestran revistando en la Compañía de Contrainformaciones -nada menos- acompañado, entre otros, por Tomás Casella y el mayor Radaelli, ambos posteriormente involucrados en el secuestro y asesinato del científico chileno Eugenio Berríos.

La Compañía de Contrainformaciones dependía del Comando General del Ejército y pertenecía a la misma estructura que el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA); la OCOA dirigía el ‘300 Carlos’ en los fondos del Batallón 13 (entre otros lugares). En definitiva, el perfil profesional de Lamy lo coloca como uno de los militares más calificados tanto para desenterrar los cadáveres como para pergeñar una historia falsa llamada ‘Operativo Zanahoria’. Ya se sabrá.

ZANAHORIA CON DOS FINALES

Siguiendo con la narración recogida sobre dicho operativo, los militares que dieron su versión dijeron que una vez que Lamy completó la tarea de desentierro - la que habría incluido los cuerpos sepultados clandestinamente en el 13 y en ‘Arling-ton’ - se construyó un horno en algún predio militar -tal vez en el Batallón 14- en el cual se cremaron todos los restos.  La versión continúa señalando que una vez reducidos, se dispusieron todas las cenizas en una urna del tamaño de un ataúd pequeño, el que fue transportado por tierra hasta la zona de Punta Yeguas, lugar donde fueron esparcidas en el agua, cerca de la costa.

Los militares que dieron su versión a la Comisión para la Paz incurrieron en algunas licencias cuasi poéticas para explicar ese momento final. De todos modos, como es sabido, la Comisión no aceptó esta versión como definitiva, ya que no se aportó ningún tipo de elementos que permitieran validarla. Así como el ‘Estudio Geomorfológico del Batallón N° 13’ encontró evidencias de remociones del terreno en fechas coincidentes con las de esta versión, hasta ahora no existe la más mínima evidencia que dé cuenta de que alguna vez existió este horno, ni de la urna, ni de las cenizas. De hecho, algunos expertos forenses consultados señalaron que no resulta sencillo la tarea de reducir restos enterrados en tierra, ya que esta operación generaría una cantidad enorme de residuos, lo que hace imposible aceptar que todo lo que fue sacado de dicho horno pudo caber en una urna de dimensiones relativamente pequeñas.

También se aclara que la construcción de un horno de estas características no es sencilla y hubiera sido necesario el concurso de expertos, algo que no aparece mencionado en los testimonios. Además, está en curso un estudio similar en el Batallón 14 de Toledo, el que debería confirmar o desmentir la posibilidad de desentierros en la misma época. Por lo tanto, si bien se puede intuir la eventual existencia de una operación de remoción masiva de restos en el Batallón 13, nada asegura que esos restos hayan sido reducidos; en realidad, hasta ahora no hay ninguna versión considerada creíble sobre su destino final. 

MARÍA CLAUDIA

La revelación más sorprendente que aportan las diversas narraciones del Operativo Zanahoria -y en la que coinciden todos los testimonios- tiene que ver con la suerte del cuerpo de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

María Claudia García fue secuestrada en Argentina, se sabe que estuvo en el centro de detención clandestino ‘Automotores Orletti’, luego fue trasladada a Uruguay embarazada de 8 meses; en Montevideo se la mantuvo cautiva en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), en Bulevar Artigas y Palmar, y dio a luz a su hija en el Hospital Militar a fines de noviembre o principios de diciembre de 1976, cuando contaba con 19 años de edad. En diciembre retorna al SID, y pocos días antes de navidad se la vio salir, acompañada del coronel Juan Rodríguez Buratti y al capitán José Arab, con la beba recién nacida en un canasto. Aquí se pierde el rastro de María Claudia, aunque se sabe que el 14 de enero de 1977 la beba es dejada en la puerta de la casa de sus padres adoptivos por Jorge ‘Pajarito’ Silveira y Ricardo Medina.

Según diversas fuentes militares - asombrosamente coincidentes en esto-cuando se entrega la lista de nombres y lugares en los que Lamy -o quien fuera el encargado del presunto Operativo Zanahoria- debía buscar los cuerpos, se omitieron los datos de la nuera de Gelman. A la hora de las evaluaciones los militares descubrieron que no habían incluido este dato, probablemente por tratarse de una operación clandestina dentro de la clandestinidad: muchos de quienes tuvieron responsabilidades en la detención y desaparición de ciudadanos ignoraban la ignominiosa historia de la jovencita secuestrada y asesinada para robarle su bebé. Incluso se dice que en las dependencias de una de las organizaciones militares (el Círculo Militar o el Centro Militar) hubo intercambio de golpes de puño al corroborarse el ‘olvido’ y la responsabilidad de los asesinos omisos.

Las fuentes militares aseguran que no hubo otro intento por desenterrar el cadáver de María Claudia, por lo que continuaría sepultada en el mismo lugar -desconocido- donde la depositaron sus matadores. Hubo versiones que decían que había sido enterrada en el Batallón 13, otras hablaban del 14; nada de esto ha sido confirmado, ni siquiera hay una sospecha firme de lugar. Pero, de dar crédito a esta versión -contada por fuentes distintas y sin mayores diferencias entre sí -, al menos el cuerpo de María Claudia García de Gelman estaría en donde la dejaron sus asesinos, esperando ser recuperado, tarde o temprano.

Los integrantes del Equipo Multidisciplinario -geomorfólogo Daniel Panario y antropólogas-arqueólogas Ofelia Gutiérrez y Elizabeth Onega- son absolutamente optimistas en cuanto a los resultados de los estudios en el terreno, que comenzarán al menos dentro de 15 días. Según ellos, si hubo o hay enterramientos clandestinos en esos terrenos, se va a encontrar evidencia; según ellos, es prácticamente imposible que no hayan quedado huellas o rastros en el terreno en el caso de que estos restos hayan sido levantados’. Mucho más si se encuentran restos humanos sepultados.

Además, se supo en las últimas horas que el equipo no restringirá su tarea a los cinco sitios detectados por el informe realizado [ver CARASyCARETAS N° 187], sino que, mediante otras herramientas tecnológicas intentarán encontrar otros lugares donde pudo haber remociones de tierra, coincidentes con relatos de supuestos testigos que no han podido ser confirmados aún.  Mientras tanto, avanzan a paso acelerado los estudios de las fotografías aéreas del Batallón 14 de Infantería Paracaidista de Toledo, etapa que avanzará paralelamente a las operaciones de campo.

Luego de reunirse el pasado miércoles con el secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, el equipo de especialistas se llamó a silencio, al menos hasta el comienzo de las tareas científicas en tierra. Algunos medios de comunicación aclararon que el equipo, originariamente de tres miembros, se verá engrosado con una decena de colaboradores, la mayoría estudiantes avanzados o profesionales recién recibidos, convocados a tales efectos, ya que las tareas de remoción de tierra deben realizarse con el más absoluto de los cuidados y contando con ojos entrenados para detectar los detalles más pequeños. En un plazo difícil de determinar en lo previo, habrá novedades definitivas: la tierra mostrará sus secretos y se podrá escribir otra página de esta historia, tal vez la última. 

MONTEVIDEO/URUGUAY/19.03.05/COMCOSUR AL DÍA

3) DESAPARECIDOS: ARGENTINA ABRIRÁ SUS ARCHIVOS Y COLABORARÁ EN LAS INVESTIGACIONES    (El País)

La administración del presidente argentino Néstor Kirchner aportará información al gobierno uruguayo sobre los procedimientos que se llevaron adelante en ese país para esclarecer la situación de los ciudadanos desaparecidos, abrirá sus archivos y colaborará en la indagación sobre los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.  Además del envío de antropólogos especializados en excavaciones, el gobierno de Kirchner está dispuesto a contemplar todos los requerimientos que le solicite su par uruguayo, aseguró ayer el ministro de Defensa argentino José Pampuro.

El jerarca indicó que los procedimientos llevados adelante por la Justicia argentina por temas vinculados a los derechos humanos, generaron la detención de 140 oficiales superiores, pese a la ley de Obediencia Debida.  Pampuro destacó que Kirchner dará “todo el apoyo que el gobierno uruguayo necesite”. Manifestó tambien la apertura de los archivos argentinos para las investigaciones que requiera la administración uruguaya. El ministro argentino se reunió ayer con la titular de la cartera de Defensa de Uruguay, Azucena Berrutti, para analizar las áreas de complementación que puede existir entre ambas secretarías de Estado.

Aunque Pampuro aclaró que el tema de los derechos humanos no estuvo planteado en la reunión con Berrutti, trasmitió la postura y disposición de su gobierno, para colaborar con la administración de Tabaré Vázquez. Entre tanto, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández y el jefe de Gabinete de Argentina, Alberto Fernández, iniciaron los contactos, a los efectos de coordinar las acciones que se llevarán adelante en ese país para conocer el destino de los más de 100 uruguayos desaparecidos durante la dictadura militar.

Por otra parte, el equipo de seis investigadores que llevarán adelante las excavaciones en los batallones 13 y 14, aguardan el arribo de los antropólogos argentinos para elaborar el protocolo de trabajo. Fuentes vinculadas a organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos indicaron que a partir del triunfo electoral de Vázquez militares y civiles aportaron nuevos datos sobre los casos de desaparecidos en Uruguay y brindaron información que era desconocida. Los familiares aguardan que luego que se inicien las excavaciones y surjan elementos, esperarán las acciones que realice el Poder Ejecutivo o de lo contrario presentarán los casos en la Justicia o ampliarán los expedientes que se encuentren en curso. 

MONTEVIDEO/URUGUAY/19-03-05/COMCOSUR AL DÍA
 

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