COMCOSUR

 

Comcosur Mujer

 


 

 

 

1. CORDOBA: Mujeres jefas de hogar

(RIMA) Uno de cada tres hogares del Gran Córdoba está sostenido
económicamente por una mujer. Así lo revela la última Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) que realizó el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) en
todos los grandes aglomerados urbanos de Argentina. En rigor, de los 417.268
hogares existentes en el Gran Córdoba, en 142.705 hay una mujer aportando la
mayor tajada de los ingresos familiares, el 34,2 por ciento del total de los
grupos.

De este modo, Córdoba es, entre todos los grandes conglomerados urbanos del
país, el que mayor proporción de jefes de hogar mujeres tiene. A nivel
nacional, ese porcentaje es de apenas el 28,7 por ciento. Incluso otras
grandes ciudades argentinas, como Capital Federal, Rosario o La Plata, no
llegan a superar la proporción de mujeres sostenes de hogar que ostenta
Córdoba.

Según los especialistas, este fenómeno de las mujeres jefas de hogar en la
Argentina obedece a dos factores clave: por un lado, la prolongada crisis
económica argentina expulsó del mercado de trabajo a miles de hombres,
quienes incluso hoy todavía no han logrado conseguir un nuevo empleo. Ello
ha empujado en muchos casos a que la mujer de la casa salga por primera vez
a conseguir trabajo, o bien sume nuevos ingresos a la economía familiar.

Por otro lado, se consolida cada vez más a nivel social y cultural el
innegable avance de la mujer en diferentes planos, entre ellos el del
desarrollo profesional y laboral. "En muchos casos, frente a la pérdida del
empleo del marido, es la mujer la que sale adelante con actividades
laborales de carácter autónomo", explicó Sandra
Mertín, de la Agencia de Desarrollo de Córdoba (Adec), institución que
brinda programas de capacitación laboral para micro y pequeñas empresas.

La necesidad de "parar la olla" en el hogar no reconoce entre las mujeres
límites de edad, aunque hay un pequeña mayoría de jefas de hogar entre la
población más adulta. Así, un 57,5 por ciento de las mujeres sostenes de
hogar tienen más de 50 años, mientras que un porcentaje levemente menor
(42,5 por ciento) no supera ese límite etáreo. Entre los hombres, la
relación es la opuesta: hay más jefes de hogar menores de 50 años.

El repaso de la tasa de actividad entre el sexo femenino cordobés también
refleja el grado de involucramiento de la mujer en la necesidad de conseguir
ingresos en la familia. Casi un 43 por ciento de las mujeres de Córdoba
están
trabajando o, sin estarlo, buscan empleo activamente. Esa misma tasa de
actividad trepa hasta el 55 por ciento entre las mujeres de entre 30 y 64
años.
 



CUBA

2. Acceso restringido al poder

Las cubanas con acceso restringido al poder
Patricia Grogg

En Cuba las mujeres han protagonizado un ascenso profesional y laboral, son
mayoría en las universidades y representan 44 por ciento de los empleados
públicos. Pero su presencia en cargos administrativos, políticos y de
gobierno aún es considerada insuficiente.

(IPS) - Las mujeres cubanas son mayoría en las universidades y en puestos
técnicos o profesionales, pero están muy lejos de acceder, en igualdad con
los hombres, a ámbitos jerárquicos, donde se toman decisiones y se manejan
recursos.

La escasa presencia de mujeres en cargos administrativos, políticos y de
gobierno no se ajusta a su progresivo ascenso profesional y laboral.

Este fenómeno lleva a que muchas cubanas consideren que el poder es un
asunto aún pendiente, si bien Cuba supera la meta de 30 por ciento de
presencia femenina en puestos de dirección, a la que se comprometieron en
1995 los países participantes de la IV Cumbre Mundial de la Mujer, celebrada
en Beijing.

Las mujeres ocupan en Cuba 33,5 por ciento de los cargos de dirección
administrativa y casi 36 por ciento de los escaños del Poder Legislativo, la
Asamblea Nacional del Poder Popular, según las elecciones generales de
enero. En el Consejo de Estado (Poder Ejecutivo) las mujeres apenas alcanzan
16 por ciento de los cargos. Esto es considerado insuficiente en el país,
donde las mujeres constituyen 44 por ciento de los empleados públicos y 66,6
por ciento de la fuerza técnica y profesional, según datos oficiales.

El exceso de tareas del hogar y atención a la familia es el principal
obstáculo para que las mujeres accedan a puestos de gran responsabilidad,
según especialistas. "Son indiscutibles los avances en la condición de la
mujer, pero en dos esferas (las mujeres) no han alcanzado los intereses
deseados en relación con el hombre: la familia y el poder", reconocía la
investigadora Mayda Alvarez en un artículo publicado a fines de los años 90
por la revista Temas.

Alvarez dirige el Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), única organización femenina del país, con más de tres
millones de integrantes. La FMC procura facilitar el acceso de las mujeres
al poder y al empleo. La realidad cubana se asemeja a la del resto de
América Latina, donde la participación femenina en decisiones de alto
nivel "es más una excepción que una norma", según documentos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Un estudio de Cepal que analiza la década de 1990, señala que la región sólo
tuvo hasta entonces dos presidentas, cuatro vicepresidentas designadas y una
primera ministra, más algunas ministras, sobre todo en áreas sociales y de
justicia. Quince por ciento de esos cargos correspondieron a América Central
y 22 por ciento al Caribe, única subregión donde la participación femenina
en el ámbito político llegaba entonces a 20,5 por ciento.

La mayoría de los cargos que hoy ocupan las cubanas también se concentran en
niveles básicos e intermedios, no en los puestos donde se diseñan políticas,
se manejan recursos y se toman decisiones. Hay varias directoras de
escuelas, jardines de infantes e instituciones docentes, pero muy pocas
encabezan la dirección educación provincial. Ni siquiera una asamblea del
Poder Popular en las provincias es presidida por una mujer.

Cuatro ministerios, los de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras,
Ciencia y Tecnología, y Control y Auditoría, están encabezados por mujeres.
De los 19 sindicatos nacionales, apenas cinco cuentan con mujeres en su
dirección. Sólo dos mujeres forman parte del Buró Político del gobernante
Partido Comunista en este país de régimen unipartidista, y apenas una es
primera secretaria provincial, frente a 13 hombres con igual
responsabilidad. Por otra parte, aunque la legislación laboral cubana
establece la igualdad salarial para mujeres y hombres, estudios
especializados insisten en que los puestos mejor remunerados suelen estar
ocupados por hombres.

Pese a todo, algunas señales indican modestos cambios y este es un buen
momento para alentar transformaciones, a juicio de algunos observadores. En
las últimas elecciones locales y generales fueron electas más mujeres que en
comicios anteriores. Veinticinco por ciento de los escaños de concejales
fueron ocupados por mujeres, mientras las candidatas obtuvieron 34 por
ciento de los cargos provinciales. La elección de mujeres no es numerosa
porque son pocas las candidaturas femeninas.

En las asambleas de base, primer y definitivo escalón para acceder a un
cargo en cualquier ámbito de gobierno, se encuentra la causa principal de la
reducida representación femenina, concluía el estudio "Las cubanas en el
gobierno popular: ¿Dónde se pierden las mujeres?", efectuado en 1999 por
Alvarez y Perla Popowski. Según las especialistas, en la renuencia a
proponer candidatas mujeres inciden temores a que no cumplan sus
responsabilidades por falta de tiempo, resulten menos eficientes o deban
priorizar la maternidad.

También juega su papel un falso paternalismo que alega la necesidad de no
sobrecargar a las mujeres con más tareas que las que ya cumplen, como
trabajadoras, madres y amas de casa. Influyen asimismo los reducidos
recursos materiales y la escasez de servicios de apoyo al hogar y la carga
real que pesa sobre la mujer en la familia. Además, los efectos de la crisis
económica que se desató en los años 90, afecta con mayor severidad a las
mujeres, según los expertos. Para Alvarez y Popowski, estos son obstáculos
que condicionan objetivamente a las mujeres, "y no es sólo un asunto de
autolimitación, como suele afirmarse".

A la hora de proponer y votar por una mujer, emergen otros factores. Según
una encuesta realizada por la FMC a 5.000 personas en la capital cubana,
citada por una radioemisora, 60 por ciento de los entrevistados sostuvieron
que les daba igual ser dirigidos por mujeres u hombres, pero más de la
cuarta parte declaró preferir a los últimos. Del total de encuestados, 37,9
por ciento de las mujeres y 43,3 por ciento de los hombres estimaron que los
hombres son mejores dirigentes.

Los defensores a ultranza de los hombres alegaron que estos tienen más
oportunidad y tiempo, y algunos hasta les reconocieron capacidades "
naturales" para dirigir. La tradición machista, la cultura patriarcal y los
estereotipos hacen que las propias mujeres no valoren sus condiciones,
advierten especialistas. "Quisiera asumir aún más responsabilidades, creo
que tengo capacidades, pero entonces no podré atender como es debido a mi
familia y a mis hijos", comentó a IPS la abogada Josefina Blanco, de 30
años.

Como muchas cubanas, Blanco admite su deseo de ser más libre y desarrollar
su profesión, pero continúa sintiendo que las obligaciones familiares y
hogareñas son propias de su género. Por eso se abstiene de luchar dentro del
hogar por relaciones equitativas y una distribución más pareja de tareas y
responsabilidades, que le permitirían liberar su potencial y obtener mejores
posiciones en el plano social y laboral.
 



MEXICO

3. Mexicanas viajan como escudos humanos


(Mhoy) Al menos ocho pacifistas mexicanos de los llamados "escudos humanos",
donde se cuentan algunas mujeres, partirán el próximo día 5 de marzo hacia
Bagdad para interponerse en territorio iraquí a un posible ataque contra ese
país y proteger algunos objetivos civiles. Mercedes Perelló, coordinadora
del grupo, dijo que viajarán a Irak vía Amman, capital de Jordania, desde
donde gestionarán los visados por lo que espera estar en Irak alrededor del
8 ó 9 de marzo.

Estos días los voluntarios mexicanos recaudaron en diversas actividades unos
10.000 dólares de donantes particulares lo que permitirá el envío de un
grupo cercano a diez personas. Perelló explicó que el plan de actuación a
desplegar en Bagdad o en otras ciudades iraquíes aún no está definido al
cien por ciento. "Estamos muy en la disposición de coordinarnos con otros
grupos", señaló Perelló, una empleada de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). En principio los mexicanos se han planteado dos opciones,
"apoyar a niños y enfermos" o proteger enclaves arqueológicos relevantes,
explicó Perelló.

No obstante la voluntaria se mostró partidaria de "llegar allá y entender
que está pasando" antes de definir al detalle la acción que realizarán los
"escudos humanos" de México. El proyecto internacional "Escudos humanos,
justicia, paz y verdad", que aspira a evitar una guerra contra Irak liderada
por EEUU, fue fundado hace apenas un mes por el ex infante de marina oriundo
de Hawai Ken Nichols O'Keefe, y en pocos días recibió centenares de
solicitudes de voluntarios de todo el mundo. Los voluntarios que por falta
de financiación no puedan desplazarse tratarán de montar una base operativa
desde la que informen de las circunstancias que rodeen al grupo de
mexicanos.

"Es muchísima la gente que quisiera ir, y como no puede ir, quienes se
quedan aquí van a ser fundamentales en varios aspectos", concluyó Perelló.
El grupo es el segundo que se moviliza contra la guerra en Irak después de
que una delegación de legisladores del izquierdista Partido de la Revolución
Democrática (PRD) viajara el pasado sábado "en misión" de paz a Bagdad para
entrevistarse con el viceprimer ministro de Irak, Tarek Aziz, y expresarle
la solidaridad del pueblo mexicano.
 


4. Los asesinatos de Ciudad Juárez

(Mhoy) El egipcio Abdel Latif Shariff, acusado del asesinato de varias
mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera de México y Estados Unidos, fue
condenado este miércoles a veinte años de prisión por el homicidio de
Elizabeth Castro, informaron fuentes judiciales. El juez Cuarto de Ciudad
Juárez (estado de Chihuahua), Héctor Talamantes Abe, indicó en su sentencia
que el egipcio fue responsable de homicidio simple, lo que significa la pena
máxima en este tipo de delito, según agencias noticiosas. Talamantes Abe no
tomó en cuenta si hubo o no el agravante de violación.

Tras conocer la sentencia, los abogados de Shariff apelaron la resolución y
anunciaron que interpondrán un amparo para que sea puesto en libertad su
cliente, quien desde el comienzo del proceso, a mediados de la década pasada
ha insistido en su inocencia. En octubre de 1996, a Shariff se le había
revocado una sentencia de 30 años por "serias inconsistencias" en las
pruebas aportadas por la Fiscalía. No obstante, antes de su deportación, fue
aprehendido de nuevo bajo el mismo cargo. Shariff tiene en la actualidad 54
años y según sus abogados, su salud es precaria y sufre de envejecimiento
prematuro.

Más de 300 mujeres han sido ultrajadas y asesinadas desde 1993 en Ciudad
Juárez, considerada una de las localidades más peligrosas de México y base
de operaciones de uno de los más importantes cárteles de la droga del país.
El problema de Ciudad Juárez recobró actualidad en noviembre de 2001, cuando
se encontraron ocho cadáveres de mujeres abandonados en un descampado
próximo a la localidad. La policía detuvo entonces a dos jóvenes que
denunciaron haber confesado la autoría de los crímenes bajo torturas
 



NICARAGUA

5. ¿Madre a la fuerza a los 9 años?

Es nicaraguense pero la violaron en Costa Rica. Tiene 9 años y llegó a los
cuatro meses de embarazo. Sus padres, jóvenes campesinos migrantes,
solicitaron que se le practicara un aborto terapéutico, que en Nicaragua
está permitido cuando la gestación es producto de una violación. Pero para
que se hiciera efectivo hizo falta la movilización y denuncia pública
internacional, con el consecuente escándalo. Ahora la Iglesia Católica
amenaza a los progenitores con la excomunión.

Conocida esta situación, la Red de Mujeres contra la Violencia exigió al
gobierno de Nicaragua ratificar en el nuevo Código Penal el aborto
terapéutico, sólo permitido en ese país centroamericano en tres casos:
cuando la vida de la madre corre peligro, cuando es producto de una
violación y cuando el feto tiene malformaciones congénitas.

El Ministerio de Salud de Nicaragua, a través de tres facultativos, emitió
un informe científico-técnico sobre la situación de la niña, en el que se
detallaban los riesgos a los que estaba expuesta, tanto de continuar con la
gestación como en el caso de que se interrumpiera a través de un aborto
terapéutico. Los progenitores ratificaron su solicitud de aborto
terapéutico, pero la niña lllegó al cuarto mes de embarazo sin que se
pudiera concretar esa voluntad. Solo tras la movilización y denuncia pública
internacional, y el escándalo que suscitaron los intentos de los sectores
más conservadores de la Iglesia Católica para impedirlo, se practicó el
aborto.
"La ministra de la Familia Nathalia Barillas, ha mantenido sus propósitos de
arrebatar la tutela y patria potestad a la madre y el padre de la niña,
además de visibilizar como un gran logro la maternidad de niñas de edad
semejante, negando que para el desarrollo saludable de esa edad el juego y
el estudio son las actividades básicas", denunció la Red, que solicitó la
destitución inmediata de la jerarca y también la de la ministra de Salud,
"por la violación de derechos humanos de la niña, el abuso de la tutela de
los padres, y por violentar lo mandatado por la Constitución Política, la
Convención de los Derechos del Niño y la Niña, el Código Penal y otros
tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos de los cuales
Nicaragua es país suscriptor".

Ahora se ha iniciado una nueva campaña internacional para confeccionar un
listado de personas que han participado y colaborado activamente en hacer
posible la interrupción del embarazo,a fin de enviarlo a la Iglesia
nicaraguense y al Vaticano para que se incluya también en el expediente de
excomunión iniciado contra los padres de la niña.
 



SIERRA LEONA

6.
La violencia sexual a la mujer como arma de guerra

Miguel Giménez
AIS
La violación masiva de mujeres de la población enemiga sigue siendo una de
las armas de guerra más usadas. En los recientes conflictos de la ex
Yugoslavia, África Central y Sierra Leona, la violación formaba parte de una
estrategia deliberada para aterrorizar a comunidades enteras.
Afortunadamente, recientes avances del derecho internacional han reforzado
los instrumentos legales para combatir las formas de tortura dirigidas
contra las mujeres en los conflictos armados

Las mujeres son, en la mayoría de las ocasiones, las principales víctimas de
los conflictos armados en la medida en que son muy vulnerables a los abusos
sexuales que se producen al hilo de la contienda. De hecho, la violación
masiva de mujeres de la población enemiga sigue siendo una de las armas de
guerra más usadas. En los recientes conflictos de la ex Yugoslavia, África
Central, Sierra Leona y otros lugares, la violación formaba parte de una
estrategia deliberada para aterrorizar a comunidades enteras y obligar a la
población civil a abandonar sus casas.

Afortunadamente, recientes avances del derecho internacional han reforzado
los instrumentos legales para combatir las formas de tortura dirigidas
específicamente contra las mujeres en los conflictos armados. Así, los
Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda han
emitido varios fallos que han sido de crucial importancia en la lucha por
poner fin a la impunidad por estos actos. También lo ha sido el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, que otorga a la Corte jurisdicción
sobre los crímenes de guerra de violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de
violencia sexual cometidas en el contexto de las guerras; y que, según el
Estatuto, pueden también constituir crímenes contra la humanidad.

Hace un año la paz llegaba, por fin, a Sierra Leona, uno de los países más
castigados de África. Naciones Unidas y el Gobierno firmaron un acuerdo
"histórico" para la creación de un Tribunal Especial que juzgará los
crímenes cometidos durante los diez años de guerra civil, en la que unas
200.000 personas han perdido la vida y miles han sido mutiladas, la mayoría
de ellas por los rebeldes del Frente Unido Revolucionario (FRU). La
esperanza de una paz firme, sin embargo, se ve quebrada por el terrible
recuerdo de aquel conflicto. Una refriega que se destacó por su violencia y
por el maltrato sistemático de la población femenina. Amnistía Internacional
ha denunciado que la violación, la esclavitud sexual y otras formas de
violencia contra las mujeres y las niñas fueron prácticas generalizadas.
Prácticamente todas las mujeres y niñas que por millares fueron secuestradas
por las fuerzas rebeldes fueron violadas y obligadas a servir como esclavas
sexuales. Los estudios llevados a cabo por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) han demostrado que el 75% de las mujeres y niñas
de Sierra Leona fueron víctimas de abusos sexuales, mientras que otros
cálculos elevan la cifra al 90%. Además, en algunos casos se las obligó a
convertirse en compañeras sexuales o "esposas" de un solo combatiente,
mientras que en otros han sufrido el abuso de varios combatientes. Aparte de
la brutalidad y del trauma provocado por la propia violación, las agresiones
sexuales llegaban a provocar graves daños físicos, embarazos forzados,
enfermedades e incluso la muerte. A menudo las víctimas de violación
sufrieron tratos crueles. Sin ir más lejos, la mayoría de las víctimas a las
que se dejaba en libertad presentaban hematomas, y muchas de ellas
contrajeron enfermedades de transmisión sexual como el SIDA.

Recientemente, Human Rights Watch presentó el informe "Te mataremos si
lloras: Violencia sexual en el conflicto de Sierra Leona" que presenta
evidencias de los abusos cometidos contra mujeres de todas las edades. El
informe está basado en cientos de entrevistas con víctimas, testigos y
oficiales, y detalla los crímenes de violencia sexual cometidos, sobre todo,
por miembros de las fuerzas rebeldes (FRU, AFRC -Armed Forces Revolutionary
Council- y los West Side Boys); pero también los cometidos por las fuerzas
armadas gubernamentales. La intención de Human Rights es acabar con la
impunidad. Y es que, a día de hoy, se ha sacrificado la justicia a cambio de
detener la violencia de una vez por todas; y nadie ha sido inculpado por los
miles de crímenes de violencia sexual acaecidos durante la guerra. A pesar
de que Naciones Unidas ha establecido un Tribunal Especial para Sierra Leona
y una Comisión para la Verdad y la Reconciliación para investigar las
violaciones de Derechos Humanos acaecidas desde 1991 hasta 2001, Human
Rights recuerda que la falta de atención a la violencia sexual se manifiesta
en los pocos programas de asistencia a las víctimas de esta brutalidad.
Rehabilitar a los supervivientes de la barbarie y acabar con la impunidad
son, ahora, algunas de las cuentas pendientes de un país desbastado.
pacienteingles@teleline.es - LA ONDA® DIGITAL
 



URUGUAY

7. Anticipo del 8 de marzo


Diversas organizaciones de mujeres y sociales así como efectores
institucionales se reunieron para definir la agenda de actividades a
realizar con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En el intercambio de ideas, no estuvo ausente la consideración de la
naturaleza de la conmemoración, y una vez más se confrontó festejo con
reivindicación. La crisis socioeconómica que asuela al país, y afecta
singularmente a las mujeres en tanto sostenedoras del bienestar familiar y
comunitario, así como la condena a todas las guerras serán en definitiva los
temas que darán contenido a la mayoría de las consignas y actividades,
aunque la celebración no está ausente de la agenda.

Entre las numerosas actividades programadas, se destaca el viernes 7 de
marzo a las 16:30 una concentración frente al Hospital Pereira Rossell
(hospital público materno-infantil), convocada por el Departamento de Género
del PIT - CNT, en demanda de mejores servicios de salud en general (no hay
que olvidar que en Uruguay se ha declarado el estado de EMERGENCIA
SANITARIA) y en especial de aquellos que garanticen los derechos sexuales y
reproductivos. Se exhorta a llevar una escarapela blanca por la paz.

El sábado 8 de marzo a las 18 horas partirán varias columnas de mujeres
desde diversos puntos de la ciudad, para concentrarse en Agraciada y Lucas
Obes. La movilización culminará con un festejo de carnaval, desde un
escenario móvil de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde actuarán
varias murgas. Convoca y organiza la Comisión de la Mujer de la IMM, con la
consigna "Las mujeres queremos darle una oportunidad a la paz".

En todas las actividades, la Comisión Nacional de Seguimiento de los
compromisos de Pekín repartirá un volante especialmente elaborado para la
ocasión, referido a la situación actual de las uruguayas, las leyes en
proceso, la coyuntura socioeconómica y la paz mundial. El Grupo Mujer de
Amnistía Internacional estará dando fin a un plan de acción de tres años
contra la violencia hacia las mujeres, en cuyo desarrollo se focalizarán
todos los grupos de dicha organización.

Para el viernes 14 de marzo se está organizando una marcha centrada en las
preocupaciones socioeconómicas de las mujeres en la actual coyuntura.
 


8. Avanza la equidad en Montevideo

En el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos puesto en
marcha el pasado año, y en oportunidad de conmemorarse un nuevo Día
Internacional de la Mujer, la Intendencia Municipal de Montevideo anuncia
las siguientes medidas:

. Creación de una nueva Comuna Mujer en la zona 14.
. Otorgamiento de un día de licencia para los funcionarios que asistan al
parto de sus hijos e hijas.
. Otorgamiento de tres días a los funcionarios que reciban la tenencia
definitiva con fines de legitimación adoptiva o adopción de un menor.
. Desarrollo de cuatro experiencias piloto en el área socio-laboral que
atiendan la necesidad de generación de ingresos, tres de ellas dirigidas a
mujeres de las zonas 8, 11 y 18 de Montevideo, y una para montevideanas
jefas de hogar en condición de pobreza.
. Correcaminata para mujeres.
. Premio de Carnaval al espectáculo que mejor promueva la equidad entre
mujeres y varones.
 


9. Se descubre red de trata de blancas

Se ha desmantelado una organización que llevaba mujeres a España para
prostituirlas. Al mejor estilo de la temática realista de la excelente
película dirigida por la uruguaya Beatriz Flores Silva, "En la puta vida",
las mujeres uruguayas y dos travestis eran víctimas en España de una cruel
explotación. En la sede judicial de la ciudad de Minas, departamento de
Lavalleja, fueron procesadas cinco personas, dos de ellas con prisión.

Las víctimas sabían que iban a ejercer la prostitución. A cambio del pasaje
y el traslado hasta Europa, la persona que facilitaba esto recibía un
porcentaje de lo que ganaban. Las jóvenes eran recibidas por la meretriz
NBPC, domiciliada en Pando y actualmente residiendo en Valencia. Estas
chicas son de 18 a 20 años, algunas de Minas y otras de Canelones. Se les
prometía ganar cifras de dinero muy importantes, que nunca llegaron a ver.

El caso de la trata de blancas ameritó contactos con la policía española y
fue una investigación muy cuidadosa. En ese submundo siempre las cosas se
hacen por conocimiento. Obviamente que si las embarcan acá, alguien allá en
España las va a recibir, las lleva a un hotel y les dice dónde prostituirse.
Cabe destacar que esta investigación contó con el aporte indispensable de
algunas víctimas de la banda que querían librarse de esas cadenas.
 



ESPECIAL:

LAS SIETE JUEZAS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


De los dieciocho jueces recientemente elegidos para integrar la Corte Penal
Internacional, siete son mujeres. Procedentes de todos los continentes y
expertas en genocidio, violaciones y otros crímenes contra mujeres, niñas y
niños, constituyen la más alta representatividad femenina en un organismo
del sistema de Naciones Unidas. Tendrán la labor de representar en dicho
organismo los intereses femeninos, en temas tan escabrosos como violaciones,
mutilación genital, limpieza étnica y genocidio, sólo por mencionar algunos.

SYLVIA HELENA DE FIGUEIREDO STEINER (Brasil)

En 1993 fue cofundadora del Instituto de Ciencias Criminales de Brasil y en
el 2000 obtuvo una maestría en Leyes Criminales. A lo largo de su carrera se
ha encargado de numerosos casos sobre violencia contra mujeres y niños, y de
2000 a 2001 participó en un programa multinacional llamado Jurisprudencia
para la Equidad, destinado a especializar a mujeres en la violencia y
discriminación de género.

En 2000 publicó el libro "La Convención Americana sobre Derechos Humanos y
el Proceso Penal Brasileño" y es coautora de "El Tribunal Penal
Internacional". Experta en temas como lavado de dinero y crimen organizado,
participó además en la delegación brasileña que trabajó en la Comisión para
la CPI de 1999 a 2002.

AKUA KUENYEHIA (Ghana)

Se autodefine como una activista por los derechos de las mujeres. Abogada y
experta criminalista, ha sido maestra de Derechos Humanos y Leyes Criminales
en la Universidad de Ghana. Ha publicado muchos ensayos y artículos sobre la
problemática de las mujeres, abordando temas como derechos de propiedad,
reproductivos, violencia a nivel local, regional e internacional. Entre sus
libros se destacan "Derechos económicos y sociales de las mujeres: una
perspectiva africana", "Vida Común o exclusión mutua", "Movimientos
femeninos y relaciones internacionales", entre otros.

Es fundadora del organismo Mujeres en la Ley y Desarrollo de Africa, y ha
representado a su país en diversos foros de la ONU sobre derechos humanos.

MAUREEN HARDING CLARK (Irlanda)

Como abogada defendió durante 30 años a víctimas de crímenes como violación,
asesinato, fraude y lavado de dinero. Desde 1985 a 1991 fue fiscal
especializada en delitos contra menores. Presidió el Consejo para la
Persecución de Crímenes Contra Mujeres, y tuvo bajo su responsabilidad el
primer caso de violación dentro del matrimonio en Irlanda. En 2001 fue
electa jueza del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en
particular en el caso de Bosnia Herzegovina.

Se autoproclama una convencida de que el explícito reconocimiento al
Estatuto de Roma sobre crímenes sexuales de guerra permitirá castigar a los
responsables y terminar con la impunidad. "Mi experiencia de lo que pasó en
la ex Yugoslavia me convenció de que las prácticas organizadas de violación,
esclavitud sexual y embarazos forzados son armas muy potentes en cualquier
conflicto interreligioso o interétnico".

ANITA USACKA (Lituania)

Realizó estudios sobre leyes de derechos humanos y la problemática de las
mujeres en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. En 1994
creó la primera cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Lituania y
fue designada representante de la UNICEF en su país. Algunos de sus ensayos
y libros sobre violencia doméstica contra mujeres y niños han sido
publicados por la ONU, entre ellos "Algunos problemas de violencia doméstica
contra mujeres en Lituania: aspectos legales" y "Eliminación y
discriminación de la mujer lituana".

FATOUMATA DEMBELE DIARRA (Mali)

Es especialista en Derecho Penal General y Especial y en Procedimiento
Penal. En 1977 fue designada jueza de instrucción en Bamak. Desde ese puesto
estuvo en contacto con casos de asesinato, violaciones, asalto agravado,
abortos forzados, maltrato y daños a la salud por tratamientos médicos. En
junio de 2001 fue seleccionada como jueza del Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia, donde participó en un caso contra varios croatas
acusados de asesinatos y de crímenes contra la humanidad.

ELIZABETH ODIO BENITO (Panamá)

Oriunda de Costa Rica, Odio fue electa en representación de Panamá. Durante
cinco años, entre 1993 y 1998 fungió como jueza del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia. Fue procuradora general de justicia de
Costa Rica de 1978 a 1982.
Ministra de ´Justicia de su país de 1990 a 1994, encabezó la delegación de
Costa Rica que participó en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en
Viena, en 1993.

Odio Benito fue directora de los departamentos Leyes Familiares y Crímenes
Familiares de la Universidad de Costa Rica, y abogada defensora de decenas
de casos sobre violencia doméstica y abuso contra menores.

NAVANETHEM PILLAY (Sudafrica)

Tiene treinta años de experiencia como abogada criminalista en su país.
Participó en la elaboración de "Reglas, procedimientos y evidencias para la
detención y asignación de defensores" del Tribunal Penal Internacional de
Ruanda. En 1995 fue electa jueza de este tribunal y tuvo a cargo varios
casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, violación, entre ellos el
del ex primer ministro de Ruanda Kambanda, convicto por genocidio y crímenes
contra la humanidad, así como el de un líder militar llamado Serushago,
preso por genocidio. También participó en el juicio y sentencia de Ruggiu,
un periodista de radio que fue condenado a veinte años por incitación al
genocidio.

 


 

comcosurrecosurautofocusamarc-uruguayeternautas