MÉXICO

1)¿ESTA NIÑA ESTA PROTEGIDA EN SUS DERECHOS?

Valeria Valencia Salinas/Cimac, Tuxtla Gutiérrez

En Chiapas, México, una niña indígena de 13 años de edad, quien fue madre a

consecuencia de una violación, fue detenida y recluida en el Centro de

Readaptación para Menores Villa Crisol, por haber abandonado en una cuneta a

su hija muerta, informaron ayer jueves fuentes oficiales y grupos civiles.

María Hernández Gómez, quien sólo tiene 13 años de edad, será procesada por

el delito de violación a la Ley de Inhumación y podría ser sentenciada a más

de tres años.

Este hecho ocurrió en la periferia del municipio de San Cristóbal de Las

Casas, lugar donde residen indígenas tzotziles expulsados de la cercana

localidad San Juan Chamula por motivos religiosos y políticos.

Ahí, el pasado martes 13 de mayo comenzó un capítulo más de la pesadilla que

vive María Hernández Gómez, quien, a pocas horas de dar a luz a su hija

muerta y sin saber qué hacer con ella, la dejó abandonada en una cuneta de

agua.

A las pocas horas, los vecinos encontraron a la recién nacida y procedieron

a investigar quién era la madre; al encontrar a María la entregaron a la

Policía Municipal, que, a su vez, la entregó al Ministerio Público de la Sub

Procuraduría Indígena de Chiapas.

Según versiones de esa dependencia, María declaró que su hija es producto de

una violación. Su padre se encuentra en Estados Unidos y su madre murió hace

años, ella llegó a San Cristóbal para trabajar como empleada doméstica y ahí

fue víctima de violación.

Al preguntarle si tenía algún otro familiar ella contestó que no y no quería

que se le avisara a nadie. Posteriormente fue trasladada al Centro de

Readaptación Para Menores Villa Crisol, ubicado en el municipio de

Berriozábal, a media hora de la capital chiapaneca.

El Ministerio Público aseguró  que María fue revisada por el

médico legista para conocer su estado físico y cerciorarse si podía ser

trasladada a ese reclusorio.

Fueron pocas las horas que la pequeña de 13 años estuvo en el MP, se levantó

la Averiguación Previa IA01/296/03-05, luego fue llevada sola y sin asesoría

legal al que ahora será su hogar si la condenan.

Este hecho fue dado a conocer mediante el noticiero local de este municipio.

Sin embargo, las instituciones que debieron haber canalizado el caso de

María, como el Instituto de Desarrollo Humano (IDH) de San Cristóbal, se

desentendieron de la situación.

Este medio acudió las oficinas del IDH, donde informaron que el

subprocurador de Atención al Menor y la Familia está de viaje y regresa

hasta junio; la titular tampoco se encontraba y la dependencia no sabía del

caso.

 A ocho días de lo ocurrido y a pesar de ser difundido en un medio

radiofónico local, ninguna dependencia gubernamental u organización

defensora de los derechos humanos ha alzado la voz en torno al Caso María.

Fue hasta este miércoles pasado cuando el Comité por una maternidad sin

riesgos emitió una "exhortación a la solidaridad humana para las mujeres" en

la que invitó al gobierno, grupos civiles, medios de comunicación y sociedad

en general a reflexionar sobre el caso.

"Debemos repensar las maneras en que se dio respuesta a la situación vivida

por la menor, quien, en las circunstancias ocurridas, requería de

intervenciones especiales que resguardaran la integridad de su dignidad

humana y atendieran la difícil situación emocional y física de esta niña",

agregó el escrito.

La organización llamó además a reflexionar sobre el origen del caso de

María, los embarazos no deseados "producto de desigualdades, desinformación,

falta de apoyo y de servicios y de la violencia que viven cotidianamente las

mujeres, particularmente las menores y adolescentes".

La experiencia de la adolescente indígena, señala el Comité, es sólo un caso

de muchos semejantes y resultado de la falta de respuesta por parte del

gobierno y de la sociedad para que las mujeres "enfrenten en mejores

condiciones la resolución de sus problemas reproductivos".

Y efectivamente, casos como el de María hay muchos. La abogada Martha

Figueroa del Colectivo Feminista de Mujeres de San Cristóbal dijo que hace

cinco años llevó un caso idéntico al reseñado.

"Alicia", la agraviada, era una menor de 13 años violada que al tener a su

hijo en plena vía pública, desesperada, lo dejó bajo un camión trailer.

Los vecinos la entregaron a la policía y luego fue consignada a la

Procuraduría donde después de un proceso jurídico donde nadie la apoyó, fue

sentenciada por tres años bajo el delito de homicidio.

María podría ser también sentenciada a tres años o más de cárcel, pues el

delito del que se acusa es equiparable al de homicidio y además no alcanza

fianza. ¿Se repetirá la misma historia?

Fuente: Cimacnoticias

URUGUAY

MADRES ADOLESCENTES

Comcosur Mujer

La maternidad  fuera de la pareja unida al embarazo adolescente es una de

las situaciones y comportamientos de mayor riesgo social, que frenan la

acumulación de activos necesarios para una plena incorporación de los

niños/niñas y las madres a la sociedad.

En los sectores socioeconómicos bajos, la adolescencia es vivida diferente

que en los altos.  De acuerdo a un reciente estudio, se distinguen

trayectorias de emancipación diferentes. La propia de sectores medios y

altos, se caracteriza por ser extremadamente tardía y con muy baja

fecundidad; mientras que en los sectores más cadenciados se abandonan

tempranamente los estudios y aumenta la tasa de fecundidad.

La trayectoria ideal de emancipación del hogar de origen es: educación,

trabajo, pareja y luego procreación -siempre que ésta sea deseada-. En los

casos de embarazo adolescente es totalmente inversa, se comienza por la

procreación. La situación de ser madre y la crianza de sus hijos las lleva a

afrontar mayores problemas y carencias de todo tipo.

Cuando el embarazo se produce fuera del marco ideal de una pareja, la

probabilidad de que la mujer no logre que el padre de su hijo o hija

reconozca sus responsabilidad paternal y deba asumir las tareas de la

crianza sin contar con ese apoyo es mayor; crece, además, la probabilidad de

que ese niño/a no cuente con el soporte emocional del padre ni con los

vínculos y aportes que éste podría transferirle a través de las relaciones

familiares y de su vinculación social.

Para la mayoría de las madres precoces el embarazo está asociado a la

deserción del sistema educativo, que debilita sus posibilidades de

realización personal, reduce sus oportunidades de empleo y las aísla de un

ámbito importante de socialización como el centro de enseñanza. Todo esto

cercena uno de los activos más importantes que pueden transferir a sus hijos

e hijas: el capital educativo.

La situación de embarazo adolescente pone de manifiesto los casos más

traumáticos, porque cuanto más se adelanta la maternidad, la participación

de la mujer en el mercado de trabajo resulta menor, su trayectoria laboral

durante su vida activa será muy difícil, sus ingresos más bajos, y tendrá

que trabajar más horas -comparativamente con otras mujeres- para obtener los

mismos ingresos.

Se debe tener en cuenta que en el nivel de educación pública, no existe

ninguna materia curricular que apunte a introducir a niñas y adolescentes de

todo lo relativo a su vida sexual, la prevención de embarazos no deseados,

sus derechos como mujeres en tanto sujetas, sus derechos al placer sin

riesgos. Lo poco que se hace al presente está a cargo de ONGs de mujeres y

de grupos de especialistas que realizan, honorariamente, labor comunitaria

sobre el tema.  Esto ha provocado que en apenas dos años, se ha incrementado

en el 27% el número de adolescentes sin pareja embarazadas, en el 30%

problemas irreversibles provocados por abortos en condiciones de

insalubridad, y en 7% el número de muertes maternas.

Sigamos algo más con los números:

La mayoría de los niños uruguayos son concebidos y criados por madres que no

terminaron la escuela.  La tasa de fecundidad de las mujeres en edad fértil

-con solo primaria- duplica la de las mujeres con educación media y alta.

Hoy el 50% de los niños y niñas uruguayas vive en hogares debajo de la línea

de pobreza.

En los últimos treinta años vemos en Uruguay un crecimiento continuo y

acelerado de madres adolescentes sin pareja. El porcentaje de hijos e hijas

de mujeres menores de 18 años era 11.3% en 1963, y en el 2003 llega al 45%.

De cada mil uruguayas de 13 a 18 años, 125 son madres.  Según un estudio

realizado en el hospital Pereira Rossell, el 83% de los embarazos

adolescentes no fueron planificados por los integrantes de la pareja. En

estos 5 meses del 2003, nacieron 7532 niños y niñas cuyas madres son menores

de 18 años, de entre las cuales el 23% son menores de 15 años.

La exclusión social está en la base de esta problemática.

No es falta de información lo que provoca el aumento embarazos en

adolescentes, sino causas más profundas relacionadas con la escala de

valores y la cultura "de la pobreza". En estratos sociales bajos, lo

culturalmente aceptado es que la mujer se embarace y sea madre para lograr

un estatus social destacado. En muchos casos es "el" proyecto de vida de las

mujeres jóvenes, en muchos casos apenas adolescentes.  Para los padres de

estos niños y niñas que nacen en estas situaciones, también significa

alcanzar cierto nivel social, aunque generalmente no soporten tal

responsabilidad y abandonen a su pareja, Paradójicamente, en algunos casos,

las madres dejan la crianza de los bebés a sus abuelas o tías. Las

adolescentes cuentan con una mínima pero suficiente  información sobre

métodos para evitar la concepción y en muchos casos pueden adquirir

gratuitamente  en las dependencias de Salud Pública el anticonceptivo más

común: el preservativo. Pero no los usan en forma eficaz o en el momento de

la relación sexual no saben "negociar" desde una posición fuerte, el uso de

los mismos con su pareja del momento. Pero el problema principal es la más

dura estructuración de la marginación (social, económica, cultural,

educativa) que destruye la persona humana. Esta exclusión social no se

recupera principalmente con métodos de anticonceptivos (como muchos piensan)

sino brindándoles instancias formativas y socioeconómicas adecuadas para

transitar la secuencia emancipatoria que su dignidad humana exige.  Con

pesadumbre hemos de reconocer que el embarazo adolescente y los abortos

adolescentes son otros productos Made in Uruguay, que están en aumento y que

contribuyen a perpetuar el círculo de reproducción intergeneracional de la

pobreza y de las condiciones de vulnerabilidad.

BOLETIN ESPECIAL: MUERTE MATERNA

Comcosur Mujer

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de todas las estadísticas

que monitorea las de mortalidad materna arrojan las diferencias más

profundas entre países desarrollados y  países pobres, constituyendo la

mayor muestra de inequidad en salud que enfrentan las mujeres, pese a que ha

aumentado el conocimiento sobre sus causas y se han identificado las

intervenciones apropiadas para combatirlas.

Las probabilidades de que una mujer muera por causas relativas al embarazo,

parto o aborto inseguro a lo largo de su vida son: 1 en 15 en Africa; 1 en

105 en Asia; 1 en 50 en América Latina y el Caribe; 1 en 1895 en Europa, y 1

en 3750 en América del Norte.

En la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, las complicaciones

del embarazo y parto son causa principal de defunción y discapacidad para

mujeres de 15 a 49 años de edad. Solo en esta región, mueren anualmente más

de 25.000 por hemorragias, infecciones, eclampsia, parto obstruido y

consecuencias del aborto inseguro.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe lanzó su primer

llamado a la acción en 1998, iniciando así una histórica campaña de

prevención de la morbimortalidad materna.  En el curso de los años, las

prioridades fueron cambiando, pero las cifras crecientes de mortalidad

materna la han decidido retomar aquel tema en 2003.

La morbimortalidad  materna se explica por la menor valoración social de las

mujeres y su escaso poder para tomar decisiones sobre su sexualidad y

reproducción.  También por su acceso desigual al empleo, educación y

recursos, por su condición de pobreza, su estado físico debilitado por

reiterados embarazos y mala nutrición, deficientes condiciones de higiene y

salubridad en su entorno directo, etc., todo lo cual habla de una extrema

desventaja social.

El Fondo de Población de Naciones Unidas calcula que proporcionar atención

materno-infantil estándar solo costaría tres dólares por persona al año, y

reduciría la mortalidad materna en países de bajos ingresos.

Los gobiernos y organismos internacionales suscribieron diversos

compromisos, entre ellos el Programa de Acción de la Conferencia sobre

Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), que establece que "la salud

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual

satisfactoria y sin riesgos de procrear" y "lleva implícito el derecho a

recibir servicios adecuados de atención de la salud"; la Plataforma de

Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer (Pekín, 1995) que reitera la

necesidad de mejorar "el acceso a servicios adecuados de atención de la

salud, incluidos los métodos de planificación de la familia eficaces y sin

riesgos y la atención obstétrica de emergencia".

Los Ministerios de Salud de la región han adoptado resoluciones y planes de

acción de la Organización Panamericana de la Salud, que incluyen

recomendaciones referidas a incorporar la perspectiva de género a la

promoción sanitaria; vigilar el efecto de las políticas sanitarias y los

procesos de reforma sobre la equidad de género en salud; elaborar y aplicar

modelos que aborden las inequidades de género en forma integrada, etc.

Pero como los hospitales y centros de salud públicos -donde las mujeres son

las principales usuarias- han sufrido un deterioro lastimoso con la

aplicación de las reformas de salud liberales y las políticas focales

dictadas por el Banco Mundial para toda Latinoamérica y el Caribe, es

necesario presionar por políticas públicas que, a partir de reconocer que

todo embarazo conlleva riesgos, aseguren atención calificada del parto,

mejora de la cobertura y calidad de la atención, educación a las mujeres,

sus familias y comunidades sobre el cuidado de la salud materna,

intervenciones eficaces en función de costos a nivel de atención primaria,

centros obstétricos de emergencia en servicio las 24 horas para dar

tratamiento inmediato al embarazo con problemas.  También ejercer un control

social sobre el sistema de salud, para monotirear y exigir una atención

integral de la salud reproductiva.

La Red de Salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe advierte que

"el emponderamiento de las mujeres como ciudadanas defensoras de sus

derechos, empezando por el ejercicio de la soberanía sobre sus cuerpos,

sexualidad y reproducción, es un elemento clave para reducir la mortalidad

materna por causas evitables, como sucede en la mayoría de los casos".

Fuente: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

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