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ARGENTINA

1) PARA ENTRAR A CLASE, DEJAR EL SEXO AFUERA

Los alumnos porteños seguirán sin educación sexual obligatoria. Por falta de consenso, la Legislatura no logró aprobar ninguno de los dos proyectos en debate tras más de cinco horas de acaloradas discusiones. Se votó primero el único que garantizaba que se
dictara la educación sexual y que establecía que el Estado impusiera los contenidos, pero obtuvo sólo 24 votos a favor y 28 en contra. Con ese panorama, sus impulsores optaron por abstenerse en la votación del otro proyecto de tinte conservador ­ que dejaba en manos de los padres qué información brindar a los chicos y librado a cada colegio si darla o no­ y así consiguieron voltearlo al no sumar los 31 votos positivos requeridos por el reglamento para la sanción de una ley.

El tratamiento del polémico tema comenzó minutos antes de las 19. Como nunca había ocurrido, la sesión se inició sin saber cómo sería el resultado de la votación y la incertidumbre se mantuvo hasta el último momento. A medida que se acercaba la noche se vislumbraba un final cabeza a cabeza, y cada sector contaba uno a uno las voluntades que lograba arrastrar.
Curiosamente, en el ala izquierda de las gradas se plantó la hinchada más conservadora, donde se mezclaron evangelistas y entidades “pro vida”. En esa tribuna se podían escuchar declaraciones de este tenor: “Estoy en contra del proyecto porque quiere poner el tercer sexo. Así el niño, desde el jardín de infantes, puede elegir su sexualidad de acuerdo con su tendencia: en vez de corregirla, darle un libre paso para que elija desde la homosexualidad al lesbianismo”. Así fundamentaba su posición Diana López, pastora evangélica. A su lado, Mercedes, una “madre de familia”, sostenía que “el Estado no puede determinar la educación sexual”.

En el ala derecha de los palcos seguían el debate organizaciones de mujeres, a favor del proyecto de educación sexual escolar. “A esta altura, tener que estar discutiendo la necesidad de que haya educación sexual es un horror”, se indignaba la médica epidemióloga Mabel Bianco, de FEIM. “Es un proyecto laico con una mirada de equidad de género”, destacaba Adriana Stella, de Católicas por el Derecho a Decidir. En representación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Nina Brugo, hacía explícito su apoyo a la iniciativa.

El debate fue acalorado, con acusaciones cruzadas. Hubo más de veinte oradores y ausencias notorias como la ibarrista Sandra Dosch. Las otras dos diputadas del Frente Grande, Laura Moresi y Alicia Caruso, anunciaron que no apoyaban ninguno de los dos proyectos y plantearon que volviera a la Comisión de Educación, y se ganaron duras críticas de los partidarios del proyecto de Suppa. “Me parece un acto de cobardía cuando está la salud de los chicos en juego”, criticó el kirchnerista Diego Kravetz y las acusó de ejercer un “progresismo liviano” y de ser “funcionales a la derecha”.
Suppa se encargó de fundamentar su proyecto. “Hay que romper el silencio y perder el miedo de hablar con responsabilidad de uno de los temas que más les preocupa a nuestros niños y adolescentes como es su sexualidad. Se trata de decidir si va a haber educación sexual o no, y cuál va a ser el rol del Estado en este tema.
Cada escuela podría dar la orientación que quiera, siempre que se les dé toda la información a los alumnos”, argumentó y recibió fuerte ovación de su hinchada y algunos chiflidos de la tribuna opositora.

Después le tocó el turno a De Estrada. “Nosotros tenemos un criterio muy diferente: la responsabilidad primaria en materia de educación sexual corresponde a los padres. ¿Con qué derecho se la arroga el Estado?”, se preguntó y se llevó el aplauso de las organizaciones “pro vida” y de los evangelistas, cuyos ánimos, más adelante fueron exacerbados por el discurso de Daniel Betti, del Bloque del Sur, que empezó recordando algunas canciones que hablan sobre sexualidad, entre ellas de Babasónicos (“cómanse a besos esta noche...”) o de la Bersuit (“quisiera arrancarte un día y morirme en el telo con vos”) y concluyó diciendo: “El sexo se escucha, se toca, pero de eso no se habla”.

Enríquez fue quien se llevó la fervorosa ovación de los más conservadores y el repudio de la hinchada de Suppa: “En lugar de enseñar que el chico se identifique como varón y la chica como mujer, se pretende educar desde lo antinatural”, afirmó y consideró que “la educación sexual se debe dar como la tuve yo hace 40 años”.
Juan “Chango” Farías Gómez, del bloque unipersonal 17 de Octubre, evaluó que no “estamos en condiciones de votar esta ley” por falta de “consenso” y terminó retirándose de la sesión.
La ex bullrichista María Eugenia Estensoro también apoyó el proyecto de Suppa y fundamentó su voto con un discurso que se llevó varios aplausos.

“Uno de cada tres mujeres son abusadas en algún momento de sus vidas por familiares. ¿Qué va a pasar con ellas y con los chicos obligados a mendigar o a prostituirse? ¿Esos padres les van a enseñar educación sexual?”, se preguntó.

Fuente: Mariana Carvajal - Rima
 

2) BASTA DE REPRESIÓN DE LA IGLESIA Y EL GOBIERNO DE KIRCHNER
POR EL DERECHO AL ABORTO LIBRE Y GRATUITO

Andrea D´Atri

Hace tres años, las mujeres éramos protagonistas de las movilizaciones que tiraron a De La Rúa, participábamos en las asambleas planteando nuestros derechos y tomábamos las fábricas, como Brukman, bajo control obrero. Hoy, después de tres años, muchas mujeres -entusiasmadas con la incorporación de Carmen Argibay a la Corte Suprema y otros gestos políticos-, confiaron en que el gobierno de Kirchner iba a dar solución a nuestros reclamos.
¡Nada más lejos de esto! Para poner un ejemplo, apenas el Ministro de Salud se pronunció a favor de la despenalización del aborto, motivó la furia de la Iglesia que, rápidamente, le exigió un pronunciamiento al gobierno. Kirchner, solícito, corrió a aclarar que estaba en contra del derecho al aborto y que, durante su gestión, no iba a favorecer ninguna legislación al respecto. Hace pocos días, el “progresista” Ibarra puso a la guardia de infantería en el Centro Cultural San Martín, durante una conferencia de la Dra. Rebecca Gomperst a favor de la despenalización del aborto y prohibió la que debía hacerse al día siguiente.

Mientras tanto, mujeres que luchan por trabajo genuino en Caleta Olivia o las que enfrentaron la aprobación del Código represivo de Macri e Ibarra en Buenos Aires, siguen presas, en las cárceles de este gobierno que es el que tiene más presos políticos desde 1983. Y los que dicen defender la vida desde la concepción, no dudaron en reprimir salvajemente una manifestación de desocupados en Santa Cruz, que terminó con la pérdida del embarazo de una joven trabajadora ferozmente golpeada por la policía.
La Iglesia, mientras tanto, sigue montando sus provocaciones ante la vista gorda del gobierno: varones haciendo el saludo nazi en la Catedral durante la marcha de gays y lesbianas por sus derechos, golpes contra los manifestantes de la Marcha de la Resistencia, censura a la obra del artista León Ferrari y provocadores en la charla sobre el aborto.

¡Cuánta hipocresía de esta manga de parásitos que viven a expensas del pueblo y de los subsidios y prebendas del Estado que le banca los edificios, las casas-quintas, los sueldos de los obispos y los colegios privados donde, encima, curran con las cuotas!
Los curas hablan de defender la vida desde la concepción, pero no escatimaron en bendecir a los torturadores de mujeres embarazadas de la dictadura militar, ni en aliarse con los milicos asesinos ni en defender a sus “colegas” abusadores de menores.
Hoy, cuando los trabajadores salen a pelear por aumentos de salarios y millones aún siguen reclamando trabajo, esta casta privilegiada de “mantenidos” se atreve a decirnos cómo tenemos que vivir y qué tenemos que pensar. ¡Mejor que vayan a trabajar!

Mientras tanto, las mujeres seguimos siendo rehenes de la Iglesia oscurantista y del Estado patronal. ¡Separación efectiva de la Iglesia del Estado! ¡Basta de subsidios a esta casta de privilegiados que son los curas! Por eso, siguiendo el ejemplo de las compañeras docentes, estatales, de los trabajadores telefónicos, de subte, ferroviarios, etc., las mujeres trabajadoras y de los sectores populares debemos organizarnos para encabezar la lucha por nuestros derechos.
Porque el aborto clandestino provoca la muerte de 400 mujeres y graves secuelas para la salud de 15.000 mujeres por año. Estar en contra del derecho al aborto no es estar a favor de la vida, es estar a favor de los abortos clandestinos.
Anticonceptivos para no abortar, derecho al aborto libre y gratuito para no morir.
Pongamos en pie una gran campaña por los derechos de las mujeres trabajadoras y el derecho al aborto.
 

3) ARREMETEN CONTRA LA MUESTRA DEL ARTISTA LEON FERRARI
OTRA VEZ SOPA

Prof. Juan Carlos Sánchez

No bastó la misa de 'desagravio' frente a la Iglesia del Pilar, ni las públicas expresiones de Monseñor Jorge Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, al igual que de otros miembros del Episcopado argentino, para arremeter contra la muestra del artista plástico León Ferrari.

Tal como he señalado en mis artículos anteriores, parece que la intolerancia goza de excelente salud en la Argentina y ahora, gracias a una presentación judicial de un grupo ultracatólico, la Justicia ha legalizado el cierre de la exposición en el Centro Cultural Recoleta en un acto que pretende decidir lo que se puede ver o no, lo que puede ser expuesto o no en aras de una supuesta moral que no es tal, teniendo en cuenta las complicidades entre la Iglesia Católica, los Dueños de la Argentina y los mentores y ejecutores de la dictadura militar que asoló a nuestro país entre 1976 y 1983.

Dicha resolución judicial puede ser calificado de un artero acto de censura por el cual, una vez más, se ve ensombrecida la imagen de la Justicia, cuando ella se encuentra cuestionada desde diversos sectores de la sociedad argentina. Nada puede justificar este cierre para regocijo de quienes tendrían que rendir cuentas por su responsabilidad en el pasado reciente y que nuevamente pretenden imponer, más que debatir, sus ideas acerca de lo moral.

El arte en sí mismo no es bueno, ni malo porque simplemente es eso: arte... Quien asiste a una exposición pictórica o escultórica lo hace porque sabe apreciar las bondades del pintor o escultor que expone sus obras a los ojos de todos aquellos que, entendidos o no, buscan solazarse ante una imagen o una piedra labrada buscando la belleza y el mensaje del autor.

Por ende, cerrar una muestra por el simple hecho de una supuesta lesión a las creencias de una parte del conjunto de los fieles que profesan alguno de los cultos reconocidos por el Estado argentino es, cuando menos, una expresión de supina ignorancia acerca de la significación de lo artístico y de lo cultural. Más aún, cuando quienes asisten a este tipo de eventos culturales tienen conciencia e inteligencia para discernir sobre cuales son sus preferencias y en consecuencia, eligen en base a ellas.

En realidad, si estos grupos de ultraderecha o aquellos a los cuales les molesta este tipo de exposiciones tienen todo el derecho del mundo a no concurrir, pero jamás pueden imponer su punto de vista para cercenar el derecho de quienes desean participar del espectáculo brindado por cualquier expositor que, con sus obras, nos brinda su visión particular acerca del mundo y sus circunstancias.

Solamente la apología del delito puede justificar una medida judicial, como la tomada por la Justicia porteña, con el fin de preservar el orden público pues ello permite la convivencia en sociedad.

En consecuencia, censurar una exposición por el simple hecho de querer imponer una moral cuando estos inquisidores son los culpables, por acción o por omisión, de una situación política, económica y social que ha llevado a más del 50 % de la población argentina a la pobreza y a la indigencia; cuando ellos, en su momento, han ocultado las barbaridades cometidas por los genocidas del Proceso e inclusive, las han apoyado, constituye un acto de barbarie que los argentinos no nos merecemos.

Los argentinos ya somos grandes y tenemos derecho a decidir que podemos ver o escuchar, que podemos leer o escribir, y si verdaderamente estamos en democracia, comencemos a comprender al otro, a tolerarlo y a debatir sin ningún tipo de prejuicios porque ello contribuirá a construir una sociedad distinta y más justa; en suma, al reinado de una tolerancia que, hoy día, es más necesaria que nunca...

Fuente: Argenpress
 

CHILE

1) DECLARACIÓN DE MUJERES EX PRESAS POLÍTICAS BAJO LA DICTADURA

Las abajo firmantes fuimos militantes y miembros de la Resistencia contra la dictadura militar, que sufrimos la cárcel y la tortura como consecuencia de nuestra lucha por la recuperación de la democracia. Como hoy la opinión pública bien sabe, agentes de los servicios de seguridad del Estado nos sometieron a toda clase de barbaridades y vejámenes, en las cárceles clandestinas de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, Irán (venda sexy), Londres 38, Tejas Verdes, etc.
El 28 de noviembre del 2004 nos convocamos en Villa Grimaldi, en calidad de ex prisioneros políticos, para escuchar al Sr. Presidente de la República su discurso sobre el informe de la Comisión de Prisión y Tortura. Luego de esta experiencia y de conocer el informe de la citada Comisión, declaramos:

1.- Reconocemos y agradecemos a cada uno de quienes formaron parte de tal Comisión, por el compromiso y sensibilidad con que recolectaron y analizaron la información que permitió instituir un documento veraz y exhaustivo, que instaló en la conciencia colectiva, de manera irredarguible, el horror de la tortura, como una política oficial de la dictadura militar de Pinochet.

2.- Afirmamos que el Presidente Lagos, en su discurso, que fuera expresado de manera menos cálida que la esperada por nosotras, se equivoca cuando dice que la reparación que propone constituye “una experiencia sin precedentes en el mundo”. Sr. Presidente, nos resulta sorprendente que usted desconozca que hasta hoy y desde la segunda guerra mundial, Chile era el único país que se había restado al reconocimiento y reparación por la aplicación de tortura sistemática durante la dictadura. Ahí está Europa, Argentina, Uruguay, Brasil, etc., que no sólo significaron una reparación oportuna y no después de 30 años, sino que marcaron hitos, hasta dar paso a una jurisprudencia internacional.

3.- Para nosotras, el discurso presidencial desarrolla una profunda contradicción entre lo que reconoce que ocurrió y las medidas que propone como reparación. Destaca que las mujeres sufrimos torturas físicas y psicológicas como todos, y además en nuestra condición de género, fuimos violentadas en nuestra sexualidad. Sin embargo, a esta violencia de género, que no supone ninguna reparación paliativa, el discurso suma discriminaciones inexplicables. Las mujeres militantes y resistentes no Aceptamos ser tratadas en nuestro compromiso político como “las mujeres o Esposas de S”. Sufrimos la tortura independientemente de ser solteras o Casadas con militantes, por lo tanto, no puede ser confundida o restada la Reparación por un asesinato o desaparición del cónyuge, de la reparación que Un familiar amerita por haber sido individualmente víctima de la tortura.

4.- Más incomprensible aún resulta pretender que el exiguo monto fijado a Los exonerados como reparación a los despidos arbitrarios que sufrieron a Partir de septiembre del 73, y la imposibilidad de volver a trabajar durante La dictadura, sea razón para no recibir la ofrecida pensión por tortura. Se Trata de la vulneración de dos derechos distintos. Uno da cuenta del derecho Laboral y el otro, del derecho a la VIDA, que todo régimen democrático debe Cautelar.

5.- El Presidente nos ofrece salud a través del Programa Prais, que en la teoría favorece a víctimas y familiares. Tal programa, que fuera instalado por el Presidente Aylwin, se encuentra carente de presupuesto, lo que lo ha convertido en un carnet de indigentes, que compartimos con el sector más carente y abandonado de la población.

6.- Se reconoce que casi todas las mujeres que pasamos por los centros de tortura, clandestinos, tenemos hoy más de 55 años de edad, y se nos fija una determinada pensión mensual de por vida. No se reconoce que hay un alto porcentaje de mujeres que tiene más de 65 años e incluso más de 80, y que por lo tanto, dado el promedio de vida en nuestro país, el poco tiempo de recepción de tal pensión, resulta también discriminatorio para las víctimas de la tortura que hoy están en la tercera edad.

7.- Para nosotras, mujeres de más de 55 años, como reconoce el Presidente, resulta un chiste de mal gusto el ofrecimiento de continuar los estudios en los distintos niveles, en forma gratuita. Ese intento lo hicimos ya hace muchos años y tuvimos que renunciar o resolver tal propósito con grandes dificultades. Quienes lograron una profesión, lo hicieron después de cumplir 40 ó 50 años de edad.

8.- Nos preocupa enormemente que el discurso presidencial también resulte contradictorio, en cuanto reconoce que es terrible lo que el país ha vivido respecto de violaciones a los derechos humanos, y no establezca a continuación medidas realmente efectivas que hagan posible el NUNCA MÁS. El ocultamiento de los nombres y responsabilidad de los torturadores no ayuda en esa dirección. No advertimos propuestas para que sea la propia legislación la que refrende garantías de respeto a los derechos humanos. Echamos de menos en el discurso, el énfasis en que la mayor reparación para nosotras las víctimas y para la sociedad entera que es receptora de esta energía de barbarie, es la justicia y la verdad, hasta sus últimas consecuencias. Pedimos que se administren, desde el Ministerio de Educación, planes para colegios y universidades, que incluyan el ramo de Derechos Humanos y los cambios en los programas institucionales de las fuerzas Armadas y de Orden, así como en el Poder Judicial y en las Carreras de Periodismo para que realmente en este país se haga efectivo el NUNCA MÁS y para que cada ser humano que acceda a cuotas de poder, en el terreno que sea, tenga en su ser interno las reservas morales suficientes para no acatar políticas indignas emanadas de dictadura alguna.

9.- Solicitamos una pronta revisión de los casos de violaciones a los derechos humanos que no se consideraron, ya que no compartimos las razones administrativas que impidieron su inclusión en el informe de la Comisión.

10.- Le pedimos al Pdte. Lagos, a los Ministros y altos funcionarios de gobierno que no continúen insultándonos al comparar para cuántas carreteras alcanzaría el monto total a que asciende la propuesta reparación a las víctimas de la tortura. No vamos a caer en el área chica de la discusión, explicando al país cómo se computa en pesos la recuperación de la dignidad y la reparación de quienes sobrevivieron a los centros de tortura clandestinos. Solamente queremos pedir que, en un gesto de elemental equilibrio y justicia, digan a cuánto asciende el 10 por ciento de las ventas del cobre, que se entregan no sabemos a punto de qué, a las Fuerzas Armadas, que han reconocido ser las autoras de la imposición de la barbarie en Chile.
Pedimos asimismo una auditoría de las compras de armamentos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, porque es lícito suponer que hay mucho más en bolsillos castrenses que los doce millones de dólares en manos de Pinochet. Pedimos una auditoría a las transacciones que significaron las privatizaciones de los servicios públicos y que fue el origen del enriquecimiento ilícito de connotados particulares y uniformados. Pedimos también se nos entreguen los montos de las pensiones que reciben actualmente todos los torturadores, empezando por Augusto Pinochet, siguiendo con Manuel Contreras, Moren Brito, Krassnof Marchenko, Basclay Zapata, etc, etc, etc.
Sólo entonces Sr. Presidente, cuando conozcamos todas estas cifras, hablemos del costo de las carreteras.

11.- Finalmente: Nosotras, mujeres chilenas, torturadas y violadas en nuestros propios cuerpos (cuerpos gestores de vida), seguiremos luchando por parir un Chile realmente democrático, justo e igualitario, en cuyo horizonte no se vislumbre la posibilidad de que nadie, nunca más, bajo ninguna circunstancia, viva lo que nosotras vivimos.
Agrupación de Mujeres, ex prisioneras políticas, sobrevivientes de la red de centros de tortura clandestinos del régimen militar de Pinochet.

Diciembre del 2004.
 

URUGUAY

1) PENAL DE PUNTA DE RIELES

Nuevos actores, otros relatos.
Diego Sempol (Brecha)

El protagonismo femenino durante la dictadura está rompiendo los silencios en los que estuvo encapsulado. Sus aportes enriquecen la mirada y permiten la entrada de otros actores sociales hasta ahora olvidados.
Muchas veces los recuerdos funcionan como los círculos concéntricos que despierta una piedra cuando cae al agua de un lago. Un recuerdo convoca a otros y por eso la memoria no es un proceso individual sino que necesita al menos de otro para poder operar. En Uruguay desde 1997 algunos grupos de ex presas políticas de todo el país vienen realizando en forma regular jornadas de trabajo y reflexión. Su rememoración, a su vez, en los últimos tiempos decidió integrar a dos actores sociales hasta ahora no tenidos en cuenta: los familiares de ex presas políticas que iban a visitarlas, y los vecinos del barrio Punta de Rieles.

En el primer libro que editó el Taller Vivencias siete ex presas relataban en primera persona su experiencia de reclusión y las estrategias de supervivencia que desarrollaron para resistir en el largo aliento. Pero para el grupo quedaban aún muchas áreas por cubrir. Fruto de ese proceso (véase BRECHA, 11-VI-04) este año el taller editó Memorias de Punta de Rieles en los tiempos del penal de mujeres que reúne testimonios de muy diferente signo que se entrecruzan y responden. La selección pretende rastrear los formas en que se percibieron entre sí los vecinos, las reclusas del penal y sus familiares, así como los significados que fueron puestos en juego en los diferentes contextos.
Aparecen así los miedos, las preguntas, los diálogos e intercambios más imaginados que reales, los límites y dificultades que se vivieron en la dictadura. Se hace patente la existencia de una mirada atenta al otro, que confirme en ocasiones la propia existencia, curiosa otras veces, que busca transgredir las reglas (tanto los niños del barrio cuando se acercan a áreas prohibidas, como los familiares y reclusas cuando ponen en juego códigos de comunicación o medidas de lucha que desafían al poder militar) para lograr sobrevivir, entender o crecer.
Y los recuerdos se cubren en el presente muchas veces de culpas: por la ignorancia, por el peso de los prejuicios, por las quejas y el dolor incontenible que muchas veces los familiares depositaron en las reclusas, que terminaron por invertir los roles más esperables.

El penal de Punta de Rieles recibió su primer contingente de reclusas en enero de 1973. Y las primeras percepciones evocadas sobre este centro de reclusión varían sustantivamente según cuál fue la situación previa de cautiverio. “Llegar al penal de Punta de Rieles después de permanecer incomunicada y encapuchada durante meses, en diferentes cuarteles, producía una sensación de alivio, de esperanza vital. Allí teníamos comodidades y permisos que comparados con los de la incomunicación cuartelera eran lujos. Pero sin duda, lo que más se destacaba era la posibilidad de ver a lo lejos, tan lejos como lo permitiera el horizonte. Después de la capucha y el calabozo, la visión del campo abierto era un regalo de los dioses por la sensación de libertad que da mirar bien lejos hasta el horizonte. Por supuesto que la sensación de purgatorio comenzaba muy pronto a desmoronarse debido a una lista interminable de prohibiciones, sanciones, castigos en calabozo o sin visita, más la vigilancia constante de las milicas con sus gritos irritantes”, recordó Graciela Souza.
La privación de todos los rasgos de identidad (la vestimenta, pertenencias personales, la posibilidad de mirar y ver) hacía que la propia humanidad entrara en suspenso, y aumentara la inseguridad y la desubicación espacial. De ahí que el reconocimiento de un espacio abierto (que se oponía a las atiborradas celdas) promovía una sensación tranquilizadora. La explotación de estos recursos tiene que ver, como señala Carmen Aroztegui (véase recuadro), con un manejo del espacio muy singular, que implica su estudio detallado, a efectos de aprovechar todos los resquicios arquitectónicos que permitan romper la privación de libertad, el aislamiento y la soledad. “Vivía en el primer piso en lo que había sido una capilla, con ventanas bien largas. Mi mirador era la cama de arriba de la cucheta, donde tenía una visión más amplia aun. Si bien teníamos prohibido mirar, desde allí podía ver más lejos que desde la quinta o desde el patio del recreo, y lo mejor: los aviones en la pista de Carrasco y el sol, recién amanecido. Esta panorámica se cotizaba mucho, por lo que las de la pared este nos hacíamos las interesantes antes de prestar nuestro mirador exclusivo”, explica Souza.
Pero la valoración subjetiva de ese espacio puede variar sustantivamente. Para Aída Benítez, cuando comenzó a ir a Punta de Rieles las cosas cambiaron radicalmente: “A diferencia del lugar de reclusión anterior en el que estaba mi cuñada, acá era sometida a una revisación indecente, ultrajante, diría”, aun cuando era consciente de que su cuñada en el penal estaba “mejor”, ya que “podía tomar aire y sol, aunque fuera haciendo trabajos forzados”.

Las mujeres fueron objeto de represión directa por ser militantes activas de movimientos populares, pero también padecieron la tortura y los apremios por sus vínculos familiares y de pareja. Y también muchas veces ocuparon el lugar de víctimas indirectas. (Familiares de presos o detenidos desaparecidos.) Pero fue este último rol el que tuvo finalmente más presencia en la esfera pública. Exactamente lo opuesto sucede con los hombres que fueron víctimas indirectas, su presencia ha sido silenciada durante el transcurso de los años mientras se fue reforzando y haciendo visible exclusivamente la situación de los hombres que fueron víctimas directas. Una simplificación de la realidad histórica que reafirma los patrones que establecen las relaciones de género.
Es que muchas veces la experiencia de las víctimas indirectas exige para volverse comprensible la expresión de una variada paleta de emociones, que culturalmente se definen como más cercanas a la identidad femenina. “Punta de Rieles fue otra cosa. Algunas veces las veíamos afuera, junto a las barracas, vestidas de gris con su cabello corto, disfrutando del sol y mirando aunque desde lejos a la gente que llegaba. Al ir acercándome me invadían siempre mil temores, angustia y aquella ansiedad tremenda de verla. ¡Qué dolor cuando me decían ‘está sancionada’! Con el alma dolorida y una rabia sorda que me acompañaría por días volvía a mi casa, miraba a mi madre y tenía que decirle ‘hoy no la vi’”, recuerda María Pereira.
Muchos de los testimonios que ofrece este trabajo confirman estas diferencias e incitan a formular una gran cantidad de preguntas analíticas. El libro cumple lo que promete: la posibilidad de ampliar la mirada, integrando nuevos actores sociales y su singular evocación sobre lo que sucedió en Punta de Rieles durante la dictadura.
 

2) NUEVAS NORMATIVAS DISMINUYEN MORTALIDAD POR ABORTO

Isabel Villar

“ Mientras en la última década el promedio de mujeres que murió en el Hospital Pereira Rossell, en Uruguay, a consecuencia de abortos inseguros fue de 3 a 5 por año, en 2004 no se registró ningún caso. Este logro se debe, en gran parte, a la implementación de las Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo.
El doctor Leonel Briozzo, profesor adjunto de la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina, que funciona en el Hospital Pereira Rossell, es fundador y coordinador del Grupo de Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, que va a cumplir 3 años.
Integrado por profesionales de la medicina, y contando con el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Facultad de Medicina y la Sociedad Uruguaya de Ginecología, el grupo se reunió por primera vez el 10 de julio de 2001, cuando acababa de registrarse la tercera muerte materna por aborto inseguro de ese año.

El 17 de diciembre ya estaba presentando públicamente una guía normativa de intervención pre y post aborto que, actuando dentro de los márgenes de la legislación vigente que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, permite poner en práctica una estrategia de reducción de daños en beneficio de aquellas mujeres que tengan intención de abortar.
El 8 de marzo de 2002, Día Internacional de la Mujer, las normas fueron entregadas para consideración del Ministerio de Salud Pública (MSP). Pero no fue sino hasta la gestión del actual ministro Conrado Bonilla, que se aprobaron a través de la Ordenanza 369 del 6 de agosto de 2004, convirtiéndose en norma oficial y por lo tanto de aplicación obligatoria en todo el país, sea en el ámbito público como en el privado.
Frente a la falta de respuesta gubernamental -que se demoró más dos años-los integrantes del Grupo Iniciativas Sanitarias habían decidido que era su obligación, desde el punto de vista bioético, poner en funcionamiento una policlínica en el Pereira Rossell, donde las mujeres con embarazos indeseados pudieran recibir información avalada científicamente sobre las alternativas para practicarse un aborto y sus riesgos.
Así comenzó en el 2003, y sigue funcionando hoy, merced al trabajo honorario de profesionales comprometidos con el tema. La ordenanza 369 la introdujo en el andamiaje oficial del centro hospitalario, como uno más de los servicios que presta el Hospital de la Mujer.
Puesto que la normativa es de aplicación obligatoria a todo nivel, las usuarias pueden dirigirse tanto a esa policlínica como al resto de los ginecólogos y ginecólogas del establecimiento. “La única diferencia deriva del grado de entrenamiento en su aplicación”, explicó a La República Leonel Briozzo.

En el marco de la Comisión de la Ordenanza 369 -que dirige la doctora Ima León por Digesa (Dirección General de Salud del MSP) e integran su colega Beatriz Silva por ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), y los doctores Fabián Rodríguez por la Sociedad de Ginecología, Hugo Rodríguez por la Facultad de Medicina y Leonel Briozzo por el SMU- hay un plan de difusión de la normativa oficial que incluye Montevideo e interior del país, cuyos objetivos son el conocimiento, la sensibilización en la temática y el desarrollo de talleres de entrenamiento práctico en base a la evaluación de situaciones clínicas.

Información, un derecho de todas

“La reacción de ginecólogos y ginecólogas ante las normas, tanto en el Pereira como fuera de él, fue muy favorable -asegura Brioso-. Hay un pequeño sector que se sigue negando a reconocer esto como una alternativa dentro de la estrategia sanitaria de prevención de daños, de probada eficacia en otros temas como la drogodependencia. Pero la mayoría lo tomó de muy buena gana, y me costa que cada vez hay más técnicos en todo el país que las están aplicando”.
También se están repartiendo planillas para registrar de manera uniforme las consultas pre y pos aborto, a partir de las cuales se llevará a cabo la vigilancia epidemiológica correspondiente.
“La mejor manera de controlar sería a partir de las usuarias, que ellas pudieran empoderarse en ese sentido y reclamar su derecho a un asesoramiento adecuado -o a ser derivadas adonde puedan dárselo- si están frente a una situación angustiosa de aborto”, enfatiza Briozzo.
En los tres meses posteriores a la oficialización de las normas preventivas, 300 mujeres han consultado en la policlínica del Pereira Rossell. Briozzo informa que “La mayoría de ellas resolvió abortar. Un número no despreciable desistió de esa intención por múltiples motivos, que van desde que el embarazo tenía una edad gestacional mayor a la que pensaban, hasta que simplemente luego del desahogo con los profesionales se replantearon el tema. Lo importante es que siguen controlando su embarazo con el ginecólogo o ginecóloga que las vio inicialmente, lo que habla de confianza”.

“Cuando no se daba asesoramiento se abortaba igual o más, con el agravante de que se hacía en condiciones de muchísimo riesgo fuera del sistema. La sola inclusión de esta problemática dentro del sistema hace que disminuyan abruptamente los riesgos, fundamentalmente porque la mujer está informada y se puede propiciar que si nota algún síntoma consulte inmediatamente sin miedo a decir ‘yo me hice un aborto’”. Ese miedo era lo que difería la consulta, haciendo que nuestra acción médica fuera ineficaz”, asegura Briozzo.
En 2004 no murió ninguna mujer a consecuencia de un aborto en el Pereira Rossell, donde en los 10 años anteriores el promedio de fallecimientos por esa causa se mantuvo entre 3 y 5 cada doce meses.
También hubo muy pocas internaciones por esa causa, y no se registró ningún caso de sepsis grave que haya requerido intervención quirúrgica mayor.

Acompañamiento antes y después

En la consulta se diagnostica en primer lugar, a través de ecografía, la existencia de embarazo, y si está dentro del útero y es viable. “Cosa no menor si tomamos en cuenta que hace un año y medio murió una adolescente de 16 años en Carmelo por ingerir veneno para tucu tucu creyéndose embarazada cuando no lo estaba”, advierte Briozzo.
El diagnóstico incluye las infecciones genitales, que incrementan los riesgos. También se analiza el grupo sanguíneo para prever una patología derivada del RH negativo. “Si aborta y no se le da medicación la mujer puede quedar sensibilizada, y en embarazos subsiguientes tener problemas serios que pueden llegar a costarle la vida a sus futuros hijos. Si se hace en ambiente de clandestinidad, esa medicación no se da. En cambio, bajo la cobija del sistema de salud eso se puede solucionar aplicando una inyección a la semana del aborto”, ilustra el experto.
Confirmados los extremos básicos, el o la profesional conversa con la paciente buscando junto a ella alternativas: continuar con el embarazo, dar en adopción a la criatura que nazca, la posibilidad de contar con algún apoyo. Briozzo puntualiza que “es muy poco lo que brinda el Estado, y hay muchas organizaciones no gubernamentales que dicen públicamente que dan apoyo, pero luego éste no está cuando se precisa. Habría que sincerarse también en ese sentido”.
Si la decisión de abortar persiste, sistemáticamente se informa a las mujeres sobre los métodos que potencialmente pueden poner en riesgo su vida y que muchas veces ni siquiera son efectivos, como el uso de pastillas de permanganato de potasio; también sobre los métodos seguros que se aplican en los países donde el aborto está permitido.

“Información disponible, por otro lado, en internet para cualquier mujer que tenga acceso a ella. Lo que hacemos es democratizar la información y, en función de eso, lo que siempre le decimos a la paciente es que sea cual sea su resolución la acompañemos antes y después, recomendándole que venga rápidamente para darle un método anticonceptivo adecuado y profundizar en las medidas de educación sexual para que no se repita el embarazo indeseado” , aclara el coordinador del Grupo Iniciativas Sanitarias, agregando que “la inmensa mayoría, y ese es un orgullo que tenemos, vuelve para ver lo de la anticoncepción y continuar el control ginecológico”.

La promoción que falta

A la policlínica del Pereira Rossel concurren mujeres de toda edad. Las niñas, cuyo embarazo en general es fruto de violación, muchas veces van acompañadas por los padres (la madre fundamentalmente); las jóvenes suelen acudir con la pareja también joven que se involucra mucho, y las adultas van solas. Briozzo apunta que “Nosotros promovemos que la pareja concurra siempre con la mujer, a esta consulta, a las de control del embarazo, a todas. En todos los casos se respeta la confidencialidad; incluso si la adolescente va con la madre y no quiere que ésta entre a la consulta, no entra; igualmente las recibimos si van solas”.
Preocupa al Grupo Iniciativas Sanitarias que están viendo “a las pacientes que tienen un nivel de ciudadanía tal que les permite tener una institucionalización de su asistencia sanitaria. Pero hay muchas que están por fuera, y no sabemos qué está pasando. Por eso es muy importante para nosotros el trabajo con organizaciones de mujeres y otras que sabemos tienen una gran llegada en esos sectores, para la promoción de la consulta”.
En general, lo que advierten es un cambio en la perspectiva de toda la sociedad y también de las mujeres que consultan: “Hoy se habla mucho más abiertamente que hace 3 años, cuando empezamos, y eso solo hace que disminuya el riesgo”.

Expectativas de cambio

Consultado sobre sus expectativas de avanzar en la resolución de este grave problema de salud pública y justicia social, Briozzo reflexionó: “Nosotros creemos, y por eso estamos en esto, que el problema del aborto provocado sintetiza de una manera paradigmática la violencia contra la mujer, la violencia sexual, la violencia social, económica, cultural, ideológica hacia las mujeres más desposeídas, más desprotegidas, con menores recursos y en el momento de máxima vulnerabilidad. Si consideramos que la muerte materna es un indicador centinela de la salud de una población, y la muerte por aborto en Uruguay es su primera causa, sin duda que esto tiene que ser encarado por un gobierno que se diga progresista”.
La doctora Ima León, por su parte, dijo que esperan “contar con un apoyo mucho mayor que el actual”, recordando que el Plan de Emergencia que se propone llevar adelante el gobierno electo incluye políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, en cuyo marco encajan las Iniciativas Sanitarias para la prevención del aborto practicado en condiciones de riesgo. León adelantó, asimismo, que se cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas para la instalación de una mesa de trabajo en la que participen todos los actores para avanzar en la consolidación de la estrategia de reducción de daños.
 

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