I. EE.UU.

PENA DE MUERTE: INOCENTE HASTA SER DECLARADO MUERTO

Carter Pargel / La Haine

En Texas no importa si eres inocente, te matarán de cualquier modo. El estado de la “estrella solitaria” solidificó esta reputación vergonzosa en 2004 cuando llevó a cabo la ejecución de Cameron Todd Willingham a pesar de que un informe de científicos reconocidos descartaba la mayoría de la evidencia que lo había mandado al corredor de la muerte.

Ahora el estado se niega nuevamente a escuchar las declaraciones de inocencia de otro hombre que tiene fecha de ejecución el 27 de octubre de 2009. Al igual que Willingham, Reginald Blanton dice que ha sido acusado y condenado por un crimen que no cometió.

Un día fatídico

El 9 de abril de 2000 era un domingo de descanso normal para Reginald. Estaba en su casa en San Antonio cuando su hermano gemelo Robert Blanton y su novia LaToya Mayberry pasaron a saludarlo. La pareja quería ir a dar la vuelta y a visitar a su familia y amigos. Reginald se les unió.

Uno de los lugares por los que pasaron fue la casa de Carlos Garza. Cuando llegaron a los departamentos “Stepping Stone”, LaToya, que estaba embarazada, decidió esperar en el automóvil mientras que Reginald y Robert fueron al departamento de Carlos. Golpearon la puerta pero Carlos nunca abrió, así que volvieron al coche y junto con LaToya, fueron a visitar a otros amigos.

Más tarde ese mismo día alguien pateó la puerta de Carlos y le disparó dos veces dejándolo moribundo en el piso. Durante la investigación, la policía escuchó el testimonio de una mujer que había estado con Garza el día de su asesinato, quien aseguró haber visto a un hombre con un dije de “2Pac” amenazándolo de muerte. La policía comenzó a buscar al hombre que encajara con la descripción pero no encontrándolo, buscaron a alguien más a quien culpar.

La invención de un caso

Reginald, Robert y LaToya no eran ángeles en los ojos de la policía de San Antonio. Los oficiales apodaban a los hermanos como “los chicos Blanton” y sabían que estaban conectados con las bandas del área. Esta afiliación con las bandas convierte a chicos como Reginald en chivos expiatorios perfectos cuando alguien aparece muerto y no hay pistas creíbles.

La imputación de la muerte de Garza a Reginald comenzó el 11 de abril cuando la policía acudió al llamado por un disturbio doméstico en el remolque donde Robert y LaToya vivían. Un oficial intentó detener a LaToya y cuando se resistió, fue acusada de violencia contra un servidor público y por no poder identificarse. Al revisar los antecedentes penales de LaToya, el oficial se dio cuenta de que tenía infracciones pendientes lo cual significaba que pasaría un tiempo considerable en la cárcel.

En este momento otro oficial llegó, metió a LaToya en su patrulla y la llevó al estacionamiento de una iglesia al otro lado de la calle. Ahí se encontraron con un detective que estaba en el vecindario investigando la muerte de Garza. El detective, que estaba al tanto de los disturbios, del arresto de LaToya y de su relación con “los chicos Blanton”, vio el momento oportuno para manipularla y así terminar su poco fructífera investigación. Después de hablar unos minutos con el oficial a cargo del arresto, el detective condujo a LaToya al departamento de homicidios para ser interrogada. Según el testimonio bajo juramento hecho por LaToya, el detective le contó sus hipótesis sobre cómo se había realizado el asesinato de Garza. Le dijo que testigos oculares la habían implicado a ella y a Robert en el asesinato y le advirtió que la acusarían de asesinato si no firmaba un testimonio contra ya fuera Robert o Reginald. Esto significaba que LaToya daría a luz en la cárcel y que, finalmente, perdería la custodia de su hijo.

Por supuesto, los testigos oculares no existían pero LaToya, temiendo por su vida y la de su bebé, firmó una declaración diciendo que había escuchado a Reginald jactándose del asesinato de su amigo Carlos ese mismo día. Durante el juicio, se retractó y declaró haber sido amenazada con cargos de asesinato en primer grado.

Resulta cómico que en la declaración original de LaToya, escrita por el detective, se compare a Reginald con Tupac Shakur en un claro intento de relacionarlo con el primer sospechoso (de quien nunca se dijo ser parecido a Tupac sino llevar un dije de 2Pac).

Después de que LaToya firmara la declaración, las acusación por agresión a un servidor público y por fallo a identificarse, así como las demás infracciones que tenía pendientes desaparecieron y se le dejó en libertad. LaToya nunca piso la cárcel. Cuando el oficial que llevó a cabo el arresto fue interrogado en el juicio de Reginald sobre el destino que habían corrido los cargos contra LaToya, respondió que no sabía.

Aún teniendo la declaración de LaToya Mayberry, los detectives necesitaban que alguien más señalara la participación de Reginald para poder amarrar su caso. Para ello llamaron a Robert Blanton y le pidieron que se presentara en el departamento de homicidios para hablar sobre el asesinato de Garza asegurándole que no era sospechoso y hasta mandaron una patrulla para recogerlo.

De acuerdo con el testimonio de Robert, después de llegar al departamento de homicidios, el detective cambió su historia y le dijo que si no firmaba una declaración contra su hermano no sólo lo enviarían a prisión bajo cargo de asesinato sino que también su novia correría la misma suerte.

Al igual que LaToya, Robert se encontraba aterrorizado y firmó la declaración. Al igual que LaToya, Robert se retractó durante el juicio sobre su declaración: una declaración que, de nueva cuenta, fue escrita por el detective quien no titubeó en usar términos ajenos al vocabulario de Robert ni tampoco en escribir mal su edad, su número de seguridad social y situar la escena del crimen en un lugar distinto a donde se llevó a cabo.

A pesar de estas inconsistencias, el detective había conseguido lo que necesitaba. El 14 de abril, Reginald Blanton con tan sólo 18 años fue arrestado bajo el cargo de asesinato contra su amigo Carlos Garza.

El juicio

Las clases de civismo en los Estados Unidos y los programas de televisión como Cops enseñan a la gente que los sospechosos de un delito son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en una corte. La realidad es que el acusado se presume culpable pues, después de todo no estaría sentado en ese banquillo si no hubiera hecho algo malo ¿cierto?

En el caso del asesinato de Carlos Garza, Reginald Blanton estaba sentado en el banquillo de los acusados a pesar de que ninguna evidencia física lo relacionaba con el crimen. De hecho, la única evidencia que los detectives presentaron en su contra debía haberlo absuelto completamente. Cuando la puerta de Carlos fue pateada, una huella del zapato quedó impregnada como evidencia. El problema para los fiscales era que Reginald calzaba dos números más pequeños que los de la huella impresa en la puerta y que el dibujo de la suela no coincidía con el de sus zapatos.

A pesar de que los abogados de oficio de Reginald eran concientes de este hecho, se negaron a usarlo como recurso durante el juicio. Podremos estar viviendo en la era de CSI, pero en el mundo real muchos acusados son incriminados y condenados a través de confesiones obtenidas por la fuerza, de información aportada por soplones en los centros de detención y de dudosos testimonios oculares en vez de basarse en evidencia científica forense objetiva.

Y hablando de soplones en los centros de detención, éstos tienden a aparecer en los casos donde la evidencia es escasa y siempre se les recompensa generosamente por la información prestada.

En el caso de Reginald no se encontró jamás el arma asesina y no había declaraciones de testigos oculares así que los fiscales se sacaron de la manga a una persona totalmente ajena para que declarara que Blanton se había jactado de ser el asesino en su presencia. A cambio de su ayuda para mandar a Reginald al corredor de la muerte, el soplón recibió un año de condena por los numerosos delitos graves que tenía pendientes en distintos condados y estados.

El hecho de que cosas como estas continúen siendo legales pone en evidencia que el sistema de “justicia” en los Estados Unidos no está interesado en encarcelar al verdadero culpable sino únicamente poner a alguien tras las rejas.

Los fiscales, teniendo los tres testimonios obtenidos por la fuerza en la mano, argumentaron que Blanton no sólo había matado a Garza sino que lo había hecho al robarle sus joyas logrando así que el caso de homicidio en primer grado fuera legible para ser castigado con la muerte.

Cuando Reginald declaró que las joyas que él supuestamente le había robado a Carlos eran de hecho suyas los fiscales soltaron una carcajada. Cuando un amigo mutuo, Ronald Marshall, presentó fotografías tomadas dos meses antes del asesinato en donde Reginald traía puestas las joyas, la historia de los fiscales cambió: Carlos le había prestado las joyas a Reginald y luego, después de regresárselas, volvió para robárselas.

Los fiscales nunca explicaron las razones que Reginald tendría para tomarse la molestia de matar a su amigo para robarse las joyas que le había prestado unas semanas antes. Pero la explicación ni siquiera fue necesaria: Reginald estaba en el banquillo de los acusados y eso lo convertía en culpable.

La mezcla de Texas

A los fiscales no les gusta que haya negros en el jurado. En una fecha tan reciente como 1986, todavía era legal descartar a jurados potenciales por el simple hecho de ser negros. La Corte Suprema de los Estados Unidos interfirió y trató de cambiar esta situación pero los fiscales todavía tienen tácticas para excluir a afroamericanos de los jurados y, en el caso de Reginald, las usaron todas.

Primero, cuando vieron que había muchos negros entre los miembros del jurado pidieron (y se les concedió) tres “mezclas de jurados”. Esta maniobra obscura es una regla antigua que sólo pervive en Texas. La regla permite a los abogados de ambos lados valorar previamente la participación de posibles jurados en base a su color de piel o su sexo.

A pesar del estatus legal que la mezcla del jurado tiene en Texas, ha habido casos en donde su uso se ha decretado en algunas cortes federales como discriminatorio. Por ejemplo, en junio de 2006, la Suprema Corte rechazó el veredicto dado en el caso capital de un chico de 19 años del condado de Dallas por juzgar que la mezcla de jurados fue usada como una de las armas discriminatorias de los fiscales. Así mismo, en el caso de Blanton, las cortes federales aceptaron que la mezcla de jurados era una forma de discriminación inaceptable pero, sorprendentemente, no hicieron nada para solucionar la situación.

Las tres mezclas hechas por los fiscales lograron poner a la mayoría de los afroamericanos en los últimos lugares de la lista de elegibilidad haciendo que sus posibilidades aunque fuera de ser entrevistados para formar parte del jurado fueran mínimas, puesto que el jurado usualmente se forma antes de que todos los miembros legibles sean entrevistados. En este caso, la selección del jurado sí llegó hasta los negros pero los fiscales encontraron pretextos para excluirlos que supuestamente nada tenían que ver con su raza. La corte también aceptó la propuesta y, como resultado, no hubo ningún afroamericano en el jurado de Reginald.

Habiendo formado el jurado sin la participación de afroamericanos, los fiscales expusieron su caso con la únicas evidencias que tenían: las declaraciones forzadas de Robert, LaToya y el soplón del centro de detención así como el testimonio de que Reginald había empeñado algunas joyas por alrededor de 80 dólares poco tiempo antes de la muerte de Carlos (algunas de las cuales tenía puestas en las fotografías que tanto sorprendieron a los fiscales).

A pesar de la fragilidad de estas evidencias, el jurado encontró culpable a Reginald y lo sentenciaron a muerte. En realidad, Reginald nunca tuvo una oportunidad de ganar pues no contó con los abogados que sólo los ricos y las clases medias pueden pagar. Su única esperanza, como la esperanza de los demás pobres, descansa en los incompetentes consejeros legales o en los sobreexplotados abogados de oficio.

Tiene derecho a ser ignorado

El corredor de la muerte de Texas es a donde se manda a la gente a que muera y sus condiciones contribuyen perfectamente a ello. Los prisioneros se encuentran en celdas incomunicadas 23 horas del día. Son mal cuidados y alimentados peor que animales.

A pesar de ello, Reginald Blanton se ha negado a morir en su celda. “Una cosa es cierta”, ha declarado, “nunca me daré por vencido ni dejaré de ser la voz de mis hermanos y hermanas en el corredor de la muerte. Yo sé quien soy y sé mi valor en la comunidad, y seguiré peleando contra esto hasta el final”.

Y eso es justamente lo que ha hecho. Al apelar la sentencia, Reginald mostró a su nuevo abogado de oficio, James Scott Sullivan, una docena de recursos en las categorías de: evidencia erróneamente aceptada, abuso de la fiscalía, falso testimonio, asistencia legal ineficiente, evidencia atenuante, investigación insuficiente e inocencia de facto. Prosiguió enviando cartas implorando a sus abogados para que redactaran sus apelaciones pero todas sus súplicas cayeron en oídos sordos. (Sullivan tampoco respondió las llamadas para ser entrevistado en este artículo).

Al percatarse que sus esfuerzos no lo estaban conduciendo a ningún lado, Reginald juntó las copias de todas sus cartas remitidas a su abogado de oficio y redactó su apelación de 50 páginas, notificando a la corte como Sullivan se había negado a representarlo y pidiendo, al mismo tiempo, que se escucharan los recursos que habían sido ignorados. La corte también ignoró su súplica.

Finalmente, en un último intento desesperado de que sus intereses fueran representados, Reginald mandó su apelación a la Asociación de Abogacía Americana (ABA por sus siglas en inglés: American Bar Association), quienes supuestamente investigan casos de ineficiencia profesional entre los miembros del gremio de abogados. Después de revisar el caso la ABA declaró: “Si usted estaba representado por un abogado de oficio –los trabajadores de oficio se encuentran bajo la autoridad de la corte que lleva el proceso- y la Asociación no puede hacer nada para despedir o remplazar a un abogado de oficio.” Irónicamente, esta respuesta regresó a Reginald a la misma corte que lo estaba ignorando.

*Carter Pargel es miembro del CEDP (Campaña para terminar con la pena de muerte) en Austin, Texas. El artículo original en inglés “Innocent Until Proven Death” fue publicado en el periódico Socialist Worker. Traducción Eleonora Poggio.

La Haine / Enviado por Revista Koeyú Latinoamericano TEMAS DE RECOSUR 1144 – 05/11/2009
 

II. PANAMÁ

PANAMÁ ANUNCIA QUE EEUU QUIERE 4 BASES “AERONAVALES”

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 04/11/2009.- El gobierno panameño anunció que “la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”. La declaración oficial es un encubrimiento del pacto que seguramente ya firmaron Panamá y EEUU para que este último país establezca bases militares en el Istmo panameño.

Según el internacionalista, Julio Yao, el anunció “no sorprende porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposición de EEUU”. Yao señala que un acuerdo previo firmado en 2002, entre el ministro de Gobierno y Justicia Salas y el embajador Becker, “dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

Hace un mes, el presidente Ricardo Martinelli proclamó que le había cedido dos bases navales a EEUU, después de reunirse con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Las dos bases se multiplicaron y ahora son cuatro bases “aeronavales” que Panamá le proporcionará a EEUU. Las cuatro bases aeronavales están en el Pacífico y en el Caribe.

La primera base “aeronaval” se ubicará en la Isla Chapera, en el Archipiélago de las Perlas, cerca de la Isla Contadora (ésta fue utilizada para concertar la paz en la región en la década de 1980). La segunda base se ubicará en Rambala, en la provincia de Bocas del Toro, área que se promovía para el turismo internacional. La tercera en Punta Coco, provincia de Veraguas y la cuarta ­ y última - en Bahía Piña, provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia.

Según Yao, quien denunció el acuerdo en un discurso pronunciado en presencia del presidente Martinelli y su gabinete, “las bases puestas a la disposición de EEUU profundizan la militarización de un amplio espacio territorial... desde el cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de las conflictos”. El operativo es una caricatura del realizado hace poco en Colombia. Bogotá publicará la próxima semana los acuerdos firmados con EEUU para poner a su disposición siete bases militares.

El vicepresidente y canciller de la República, Juan C. Varela, presente en el acto, perdió los estribos e intentó censurar al profesor Yao. Se lamentó, además, que Yao no hiciera referencia al tráfico de drogas por Panamá. El presidente Martinelli, en defensa de su política, sólo logró articular algo sobre los astronautas. Yao fue invitado como orador para rendirle homenaje a los Soldados de la Independencia por el Municipio de la ciudad de Panamá, cuyo papel en la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903 fue crucial.

El gobierno panameño podría parafrasear al general Freddy Padilla, ministro de Defensa encargado de Colombia cuando defendió el acuerdo de Bogotá con Washington: “No son bases norteamericanas, son colombianas... pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”.

Según EEUU, las cuatro bases que pretende instalar en Panamá tendrían como objetivo frenar el tráfico de drogas y de “personas ilegales”. También hacen referencia al eufemismo del terrorismo que puede interpretarse como quieran los funcionarios norteamericanos. Según Yao, “las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule. En cambio, si existe una definición sobre la soberanía nacional, que comprende la independencia nacional y la integridad territorial”. Con este acuerdo que se ha realizado en forma secreta, el gobierno actual está violando en forma abierta la soberanía nacional que le ha costado tanto conquistar al pueblo panameño.

Según varios acuerdos, que no tienen fundamento constitucional, firmados a principios de la presente década, EEUU (sus fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales) puede surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos.

Según la denuncia de Yao, “todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de EEUU bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, EEUU puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de Estados Unidos, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional”.

Los citados arreglos intentan cubrir las maniobras militares Panamax que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Panamá con el pretendido propósito de atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las maniobras Panamax han sido dirigidas siempre por un almirante del Comando Sur. La Constitución Política de Panamá atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros. A su vez, el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.

En su discurso el internacionalista Yao aclara que “el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional. Los defensores de la militarización norteamericana de Panamá argumentarán que la Reserva Nunn al Artículo V del Tratado de Neutralidad permite acordar dicha presencia militar, les advertimos que una cosa es lo que se pretendió con dicha Reserva y otra es lo que la misma dice”.

Lo que dice la Reserva Nunn es que, no obstante el Artículo V, Panamá y EEUU podrán acordar la presencia militar extranjera para garantizar el régimen neutral del Canal. La neutralidad de la vía acuática consiste en la libre navegación y la desmilitarización del Canal. Mal puede la Reserva Nunn garantizar la neutralidad si ella misma introduce condiciones (las bases) que específicamente la niegan. La Convención de Viena es clara al estipular que pueden aceptarse enmiendas a los tratados siempre y cuando no contradigan sus propósitos fundamentales. Si esto último ocurre, las enmiendas dejan de tener validez jurídica. Este sería el caso de la Reserva Nunn, concluye Yao.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui.blogspot.com

* Documento Relacionado: Yao, Julio; Discurso ante el Mausoleo de los Soldados de la Independencia [ http://alainet.org/active/34122]

Agencia Latinoamericana de Informacion TEMAS DE RECOSUR 1144 – 05/11/2009
 

III. URUGUAY

FUNDAMENTO DE VOTO

Jorge Zabalza

Perdió más de cien mil votantes, lo dejaron en banda muchos de los caudillos blancos del interior, pero no lo conmovió la gran derrota, desde lo alto del balcón habló a la ciudadanía con gesto de dios bajando a la tierra, típico de Mussolini, de Jorge Pacheco Areco, de la megalomanía fascista. Fracasado el impresentable Lacalle, Pedro Bordaberry surge como conductor del viejo-nuevo frente unido de la clase dominante, el pacto clasista y combativo que festejaron sus bases sociales en la Rambla de Pocitos.

Allí se encontraron todos quienes lo hicieron, saben cómo hacerlo y quieren volver a hacerlo: el comercio exportador e importador; el latifundio ganadero, sojero y forestal; los escasos dueños de las industrias y empresas de construcción que quedan en manos uruguayas, los gerentes criollos de las transnacionales (frigoríficos, molinos, bebida y la alimentación, la vestimenta, la celulosa), los maffiosos de los lavaderos de dólares, los viejos milicos terroristas y los nuevos oficiales tan reaccionarios como sus abuelos, la burguesía abastecedora del Estado desplazada por una nueva burguesía que crece bajo el ala del Frente Amplio, altos empleados de los bancos privados y extranjeros, los burócratas del Uruguay Batllista desalojados por los burócratas del Uruguay Progresista, las capas medias afectadas por el impuestos a los sueldos mayores de veinte mil pesos, los que cobran las jubilaciones de privilegio.

Sobre todos ellos la política económica de Astori desparramó la parte del león en los beneficios por el crecimiento de la producción y las exportaciones, pero los dueños del Uruguay son insaciables, quieren más y más, por eso muestran la firme voluntad de recuperar el control del gobierno, la gerencia de sus grandes negociados que dan vida a los pequeños negocios. No les alcanza conque el Pepe se vista de traje, se peine a la gomina y les rinda pleitesía en ADM y en Buenos Aires. Quieren controlar directamente el aparato del Estado. ¡Alerta! Pachecato en puerta, ¿será necesario arremeter otra vez más, carabina a la espalda y sable en mano, contra esa rancia derecha que lleva en su vientre a los condoritos del mañana?.

El mismo 25 de octubre, lágrimas de cocodrilo por los difuntos plebiscitos, la tristeza de no haber sido en primera vuelta, los tres tigres progresistas tendieron el brazo hacia sus contendores: “no hay diferencias insalvables en los programas”, “no son dos modelos de país lo que está en juego, sino dos formas diferentes de gobernar”. Intercambio de mutuas promesas con ministerios y cargos en entes autónomos, jugando a quién es más democrático y liberal. Se podrán decir “perritos falderos”, “asesinos” o que “en sus filas hay gente de la dictadura”, pero son escaramuzas menores de una campaña electoral entre gentilhombres.

Antaño también me embarcaba fácilmente tras falsas promesas de falsos profetas, pero ahora me cuesta tragarme esas pastillas, a fuerza de reja y palo me he vuelto desconfiado. Además no me gustaría quedar como un tonto, gritando “¡viene el lobo, viene el lobo!” mientras los tres tigres, cual tiernas caperucitas rojas, se arrojan en brazos de los lobos como antes se abrazaron con las culebras. Una vez más intentarán conciliar con la clase dominante al tiempo que con seductoras canciones de cuna, que hoy dicen una cosa y mañana la contraria, intentarán acariciar los ensueños de esos miles de militantes que cada día renuevan su credulidad con alegría y entusiasmo. El nuevo batllismo les hace creer que acá no hay lucha de clases, que somos otra vez la suiza de américa latina, jamás podrá sucedernos lo que al pueblo hondureño, vivimos la propia fiesta de la democracia republicana... y, sin embargo, hasta en el país de las maravillas, el cría impunidades cosecha terrorismo de estado...¡alerta!

La ley de caducidad fue declarada inconstitucional por todas las instituciones constitucionales y repudiada por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Cuando militantes independientes y vecinos sueltos ya habían recogido más de 150.000 firmas para anular esa infame ley, un Congreso del Frente Amplio resolvió incorporarse a la recolección. Después que se entregaron en la Corte Electoral las firmas necesarias plebiscitar la anulación, el “señor presidente” se dignó sugerirnos que debía ser anulada. Ahora sí, los militantes del Frente, en particular del MPP y el PCU, creyeron que se cumpliría lo resuelto por el Congreso y los grandes caudillos se pondrían al hombro la lucha por verdad y la justicia. Error, grueso error.

Hubiera bastado conque Mujica y Astori convocaran en la televisión a votar la papeleta rosada, para que el plebiscito triunfara, pero no, prefirieron el camino solapado, los metamensajes (perdonar a los criminales que colaboren, no meter en cana viejos militares) que resquebrajan la endeble endeble de los pusilánimes. No tuvieron la honestidad intelectual suficiente para explicar en voz alta sus razones para mantener vigente la ley de caducidad, un silencio escandaloso, desconocieron al congreso sin explicar nada. Los más fieles interpretaron el código subliminal inmediatamente, tampoco dieron la cara sino que optaron por una retorcida maniobra cuyos resultados fueron públicos: votos de todos los sectores frenteamplistas sin la papeleta rosada, un esquinazo ético y moral tremebundo, deslealtad vergonzante y vergonzosa, puñalada trapera.

Rindieron la justicia frente al poder sin el menor escúpulo, una guiñada al partido de la impunidad, un claro mensaje de respeto a los acuerdos subyacentes o sobrevolantes del Club Naval (1984) y a las transas desarmadas entre prisoneros y torturadores del Batallón Florida (1972). No dan garantías, nada indica que el segundo gobierno del Frente Amplio vaya a anular la ley de caducidad, por el contrario, la experiencia con el actual gobierno, induce a creer que, con seguridad, sufriremos más esquinazos infamantes. Tanto está yendo el cántaro al agua que, tal vez, los más politizados recuperen cierta independencia de criterio pasando a ejercer su derecho inalienable de pedir cuentas a los dirigentes.

Pese al sabotaje y el ominoso silencio, un millón ciento cinco mil uruguay@s votaron anular la ley de caducidad. Quedará para siempre la incógnita de cuántos electores habría votado por mantener su vigencia, eso no se sabrá nunca, pues los motivos para no meter la papeleta rosa pueden ser desinformación o desinterés, pero no necesariamenteu un apoyo a la impunidad. De todas maneras ha sido un buen resultado teniendo en cuenta lo exiguo de las fuerzas que salieron a la calle para golpear electoralmente la impunidad.

No sé si la cifra de LA REPUBLICA será exacta –Fassano suele mentir y desfigurar- pero, haya habido o no 200.000 personas en la marcha del 20 de octubre, lo cierto es que fue la movilización más grande de toda la campaña electoral, una multitud de todas las edades, desde los liceales a los sobrevivientes de la cárcel y el exilio, la juventud trabajadora y universitaria, los sindicatos, las cooperativas de vivienda, no faltó nadie. Algunos tuvimos la ingenuidad de creer que al otro día, en el acto final del Frente Amplio, Mujica se sentiría obligado a deslizar alguna opinión para dar respuesta a esa multitud vestida de rosa...sigo siendo un nabo de aquellos.

De las decenas de miles que llenaron la Avenida Dieciocho, alrededor de 14.500 votamos solamente las papeletas del SI. Fuimos pocos para que les preocupe a los soberbios, pero fuimos los suficientes para darnos aliento y seguir luchando, porque esa actitud clara expresa ideas muy claras, la opción consciente de hacer saber que se existe, que andamos por ahí, sueltos, desilusionados del sistema y de la partidocracia electoral, fragmentados en pequeñas organizaciones y núcleos, atomizados pero al acecho, prontos a luchar por la transformación revolucionaria de la sociedad.

Unos 300 compañer@s tuvieron la oportunidad de participar en la pintada de la madrugada del 17 de octubre, mucha gente movilizada para estos tiempos y nuestras precarias condiciones. La causa por juicio y castigo al terrorismo de estado es justa, sigue siendo entendida la justicia de esa lucha por esa juventud que desmiente la teoría de que al morir los dos demonios, morirá el terrorrismo de estado y todo será paz y felicidad en un Uruguay Progresista, sin memoria ni verdad. No derrotaron las ideas, la derrota en el plebiscito fue apenas en el campo electoral.

En cambio, los que emprendieron la retirada y se escondieron están siendo derrotados por su ambigüedad política y su conducta desleal, crearon una situación propicia al desengaño y a la división interna. Ahora me vienen a convidar para votar en el ballotage por un gobierno que interprete como Tabaré Vázquez el artículo 4 de la ley de caducidad, un gobierno que cada tanto, luego de ingentes esfuerzos de las organizaciones de DDHH, encarcele un torturador en su cárcel privilegada, mientras 350 terroristas seguirán paseando sus reales por las calles de la impunidad. Me vienen a convidar a tanta mierda. No quiero más interpretaciones presidenciales inconstitucionales, quiero nulidad y nulidad de la ley de caducidad. No hay garantías, no los voto más.

Para convencerme de que sí quieren, podrían anular la ley en este mes de campaña por el ballotage, nada se los impide, es apenas un cachito de voluntad política. O al menos que los candidatos se comprometieran públicamente a anularla apenas pase el acto electoral....no pueden hacerlo, sus compromisos con los impunes se lo impiden. No me dan garantías contra la derecha y no me dan garantías de juicio y castigo, por eso el 29 meteré una papeleta rosada en el sobre. Así de frente lo digo.

Voto rosado por la juventud rebelde y decidida a luchar contra la impunidad del terrorismo de Estado. Para autoconvocarnos a continuar movilizados. Para meter las papeletas que faltaron vergonzosamente en demasiados sobres frenteamplistas.

Por los compañer@s asesinados y desaparecidos, por l@s miles de torturad@s, el 29 de octubre meteré una papeleta rosada en la urna del ballotage.

Jorge Zabalza TEMAS DE RECOSUR 1144 – 05/11/2009 ___________________________________________________

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