Comcosur al día
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1) REFLEXIONES SOBRE LA “GUERRA” DE LA CELULOSA
EL CAPITAL NO TIENE CORAZÓN, LOS PRESIDENTES DEBERÍAN TENERLO
Andrés Capelán
MONTEVIDEO/URUGUAY/06.04.06/COMCOSUR AL DÍA – La negativa de Botnia a acceder a
la sugerencia de los presidentes rioplatenses de suspender sus obras por 90
días, ha dado por tierra con las ilusiones de encontrar una solución rápida al
conflicto uruguayo-argentino que la instalación de la fábrica de pulpa de
celulosa de esta empresa en la frontera entre ambos países ha provocado. Junto
con el (cumplido) levantamiento del bloqueo a los puentes sobre el río Uruguay
por parte de los ambientalistas entrerrianos, dicha suspensión era requisito
previo para que los dos mandatarios se reunieran con el fin de encontrar una
solución al entuerto.
Ante la novedad, muchos se han llamado a sorpresa por la “falta de sensibilidad”
de la papelera finlandesa (a ese sentimiento habían apelado los presidentes
Vázquez y Kirchner cuando hace casi un mes le solicitaron el “gesto” de
suspender sus obras para propiciar las negociaciones), y hasta se preguntan:
“¿quién gobierna aquí?”. Pues bien, está en la tapa del libro que en una
sociedad capitalista, el que manda, el que ordena, es el Capital (por eso esto
se llama “Capitalismo”). Y el capital no se rige por el sentimiento sino por la
ley de la máxima ganancia.
En la conferencia de prensa en la que anunció el fracaso de las negociaciones
con el gobierno argentino, el secretario del presidente Vázquez, Gonzalo
Fernández, se manifestó "decepcionado" por la "falta de sensibilidad" de Botnia.
Dijo que "El gobierno uruguayo, lo que hizo, fue pedir, exhortar, solicitar, no
como imposición sino como gesto de buena voluntad, una suspensión temporaria de
las obras para que esas dudas que tiene Argentina y que no tiene Uruguay puedan
ser despejadas".
Acto seguido sermoneó a la multinacional al decirle que "Amén de un interés
puramente comercial, hay que mirar y pensar también un poquito en otros
aspectos". No, Fernández, el capital no piensa ni “un poquito” en “otros
aspectos” si esos aspectos no lo afectan económicamente. Usted debería saberlo,
hace muchos años que su estudio jurídico trabaja para ese tipo de gente. ¿Una
multinacional con “buena voluntad”? ¡Caramba! ¿Me está tomando el pelo?
En Kuusankoski, una ciudad de 20 mil habitantes ubicada al sudeste de Helsinski,
UPM, una empresa socia de Botnia, anunció días pasados que cerrará una gran
planta de celulosa establecida allí hace más de un siglo, provocando la pérdida
de empleo a más de 1.100 trabajadores. ¿Le vamos a pedir “sensibilidad” con los
uruguayos a esta gente que no la tiene para con sus connacionales? ¡Por favor!
¿Lo digo de otra manera? En su pecho de hierro, el Capital no tiene un corazón,
tiene una caja registradora.
Uruguay firmó un contrato (leonino, por cierto) por el que se comprometió a
proteger las inversiones finlandesas en nuestro país, y debe respetarlo o sufrir
las consecuencias. Botnia está cumpliendo con las cláusulas de ese contrato a
rajatabla y exige reciprocidad. Pero además, el asunto no es que los finlandeses
no “quieran” aportar su granito de arena para la solución del entuerto, la
verdad es que lisa y llanamente no pueden.
Las acciones de esta empresa (una de las papeleras más grandes del mundo)
cotizan en las principales Bolsas del planeta. Si detuvieran las obras tal como
lo piden los presidentes del Río de la Plata a instancias de los ambientalistas
entrerrianos, la cotización de esas acciones se desmoronaría, provocándoles
pérdidas millonarias en dólares, y sus inversionistas nunca se lo perdonarían.
Si el gobierno uruguayo encontrara la manera de obligar a Botnia a detener sus
obras, nuestro país también pagaría las consecuencias. No sólo debería compensar
económicamente a los finlandeses, sino que correría el riesgo de que luego
ninguna gran empresa quiera venir a invertir en un país en el que no se respetan
las indignas reglas del juego del capitalismo salvaje.
Desde el momento en que la estrategia de desarrollo del gobierno progresista
está basada casi exclusivamente en este tipo de inversión extranjera, ese
escenario sería nefasto. Porque además –como no podía ser de otra manera- los
organismos internacionales de crédito y las evaluadoras de riesgo, juegan con la
misma camiseta de Botnia (la camiseta del Capital, claro).
La única manera de obligar a Botnia a detener sus obras, a construir su planta
en otro lugar, o a aplicar una tecnología menos contaminante, sería declarar
“írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre” (*) los compromisos
asumidos por los anteriores gobiernos, lo que equivaldría a hacer la revolución
y atenerse a las consecuencias. Pero bueno, aquí nadie está pensando en hacer la
revolución, sino en continuar administrando (conservando) el Estado Capitalista.
Hoy dice la prensa que el gobierno argentino está intentando convencer a los
ambientalistas de Gualeguaychú de que levanten el bloqueo del puente Fray Bentos
Puerto Unzué. No será fácil, el presidente Kirchner amparó esos bloqueos y
utilizó esa circunstancia como elemento de presión para obligar a negociar al
gobierno uruguayo. Pero al igual que el doctor Frankenstein, Kirchner y el
gobernador entrerriano Jorge Busti han creado un “monstruo” que en cualquier
momento puede volverse en su contra.
Es que el bloqueo de los puentes es insustentable, pues también va en contra de
las reglas del juego capitalista, desde el momento en que está perjudicando los
intereses económicos de miles de empresas de la región. Tarde o temprano, el
Estado argentino deberá asumir sus potestades en la provincia de Entre Ríos y
garantizar la libre circulación de personas y mercaderías por su territorio para
no ser anatemizado por el gran capital.
Por su parte, es tiempo de que los ambientalistas de Gualeguaychú comprendan que
–lamentablemente- las plantas de pasta de celulosa de Fray Bentos (y las que
vendrán) ya son un hecho consumado. La última planta a construir se proyectó aún
antes del momento en que se plantó el primer árbol. Sería mejor que dedicaran
sus esfuerzos a lograr un monitoreo confiable que les garantice la mínima
contaminación posible.
También sería tiempo de que asumieran que son el eslabón más débil de la cadena,
que el tiento siempre se corta por la parte más fina, y que la parte más fina
son siempre los pueblos. Y son los pueblos los que están sufriendo las
consecuencias del bloqueo de los puentes. Mientras Botnia continúa sus obras
como si tal cosa, trayendo sus materiales por vía marítima o comprándolos en
otro lado, los trabajadores del transporte de bienes y personas y los del sector
turístico uruguayo, van al seguro de paro o se quedan lisa y llanamente sin
trabajo.
Finalmente, ha de anotarse que el kafkiano callejón en que se han metido los
presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner tiene salida si ambos gobiernos
dejan de lado sus condicionamientos para con la otra parte. Que al fin y al cabo
aquí no está en juego la honorabilidad ni la hombría de nadie sino el bienestar
de los pueblos. Quienes sí están obligados a “tener un gesto de buena voluntad”
son ellos, reuniéndose de una buena vez para terminar con esta ridícula
situación que causa vergüenza ajena...
-
(*) Declaratoria de la Independencia de la Provincia Oriental, 25 de agosto de
1825.
2) HOTEL CARRASCO
AL FINAL, ZABALZA TENÍA RAZÓN...
LA IMM RESCINDIÓ EL CONTRATO CON CARMITEL Y LLAMARÁ A LICITACIÓN
(Búsqueda)
La Intendencia Municipal de Montevideo resolvió ayer miércoles rescindir el
contrato con la empresa Carmitel, concesionaria de las obras de restauración del
Hotel Carrasco, por "incumplimiento", y llamará a una nueva licitación. La
concesión a Carmitel fue centro de acusaciones de irregularidades en la gestión
municipal y causa de varios enfrentamientos entre ediles en la Junta
Departamental.
El proceso de rescisión había comenzado en diciembre, pero Carmitel negociaba el
traspaso del contrato con otras empresas, por lo que la IMM decidió esperar
algunos días. "Llegó el momento en que ya no podemos esperar más. Le comunicamos
formalmente a la empresa que el tiempo se había acabado", dijo la intendenta
interina, Hyara Rodríguez, al realizar el anuncio.
Ayer, luego de tomada la decisión, se reunió por primera vez una comisión
integrada por el intendente Ricardo Ehrlich e integrada por el prosecretario
general, Jorge Rodríguez, y los directores Alberto Rosselli (Desarrollo
Económico), Diego Silva (Asesoría Jurídica) y Néstor Fernández
(Abastecimientos), que redactará los pliegos de la nueva licitación.
La concesión para la reestructura del Hotel Carrasco, desde antes de su
adjudicación, generó enfrentamientos en filas del Frente Amplio. La IMM clausuró
el Hotel Carrasco en 1997 y en setiembre de ese año el voto negativo del edil
Jorge Zabalza (entonces en el MPP) a la concesión a la empresa Véltica impidió
la operación y generó una crisis política en el Frente Amplio, que derivó en la
renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia de esa fuerza.
Finalmente en 1999 la Junta Departamental aprobó la concesión por 30 años a
Carmitel con votos frentistas, blancos y colorados. La empresa se comprometió a
convertir al Hotel Carrasco en un establecimiento de 158 habitaciones, con un
centro de convenciones, dos restaurantes, un salón de fiestas, un spa y una
nueva sala para el casino.
En octubre de 2002, tras haber iniciado y detenido las obras un par de veces,
Carmitel paralizó los trabajos alegando la devaluación y "la desaparición" del
Banco de Montevideo, institución que había dado el aval a la empresa para
obtener un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Desde entonces, las obras no avanzaron pese a que el contrato fue modificado en
el 2003, con el aval de la Junta Departamental, y en el 2005 por parte del
intendente Adolfo Pérez Piera, en un acto en el que, según el Tribunal de
Cuentas, hubo "apartamientos de las normas que regulan el procedimiento
seguido", por lo que ediles blancos y colorados reclamaron su rescisión.
MONTEVIDEO/URUGUAY/06.04.06/COMCOSUR AL DÍA
3) CASO BERRÍOS
OPINA HUGO CORES: NO ALIMENTAR CONFUSIONES
POR CUESTIONES DEL MOMENTO
LA EXTRADICIÓN DE MILITARES URUGUAYOS
Hugo Cores (La República)
La extradición a Chile de tres oficiales del Ejército involucrados en el
secuestro de Eugenio Berríos ha suscitado una serie de pronunciamientos sobre
los que vale la pena detenerse y opinar. Dejo de lado las declaraciones de los
círculos y centros militares. No porque carezcan de importancia, sino porque las
diferencias dentro de la izquierda son en este momento más preocupantes.
1 El Senador E. Fernández Huidobro (EFH) dice que los oficiales pedidos por la
Justicia chilena son subalternos, que cumplían órdenes. Que procesarlos es una
forma encubierta de eludir el compromiso de procesar a sus mandos, los
verdaderos responsables, es decir los oficiales superiores que dieron las
órdenes de actuar junto a los militares chilenos, cuando fue secuestrado Berríos.
2 El senador EFH dice que cuando la Suprema Corte decide hacer lugar a la
extradición a Chile, esta actitud desconoce que el Juzgado de Pando había
interrogado a los oficiales acusados, decidiendo archivar el expediente por no
existir pruebas que los incriminaran.
3 EFH dice que la extradición sería una revancha, un acto de ensañamiento por
tratarse de militares, un Plan Cóndor al revés y que los oficiales acusados
serían "presos políticos".
4 EFH y también otros dirigentes del MPP han opinado que el episodio configura
un quebrantamiento de la soberanía uruguaya. Sostiene que habría más bien que
traer a los chilenos para juzgarlos acá ya que ellos delinquieron en Uruguay.
5 Queda sin saberse qué opinan estos compañeros sobre la circunstancia que, 14
años después del secuestro y 11 después de la aparición del cadáver de Berríos,
el juzgado de Pando no haya resuelto ningún procesamiento. Es decir, la ausencia
de un proceso judicial a fondo acerca de la responsabilidad del Ejército en el
episodio Berríos sería, para el compañero EFH la "razón" por la cual la
extradición no se justifica.
6 El lenguaje empleado intenta presentar la defensa de los militares como una
acción "desde abajo" y una intervención "justiciera". El estilo es el de la
denuncia ante "la existencia de chivos expiatorios sacrificados para salvar a
los de arriba". Los oficiales serían "capitancitos", "perejiles", "víctimas" de
la cobardía de algunos, del sentimiento de venganza de otros o de una
conspiración urdida en Chile.
7 Primera paradoja: esas denuncias son formuladas por un senador del gobierno,
presidente de la Comisión de Defensa del Senado e integrante de la mayoría
parlamentaria. ¿Qué medidas propone para asumir desde la comisión que preside o
desde la mayoría que integra o desde el ministerio que respalda?
O, después de presentar una defensa enconada de los tres oficiales acusados, ¿el
senador de la mayoría le propone al país la resignación, revivida ahora con un
gobierno de izquierda, ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que
les dieron las órdenes?
O sea que todo el alegato del Senador EFH debe entenderse sobre la base que
Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que
coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaban
blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?
8 El crimen de Berríos y las circunstancias que lo rodearon fue un asunto
discutido muchas veces en el Frente Amplio. En Congresos, Plenarios, Mesas
Redondas, libros y artículos periodísticos. Siempre se analizó, acertadamente,
como una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los
años 70 y conocida como Plan Cóndor. Una expresión de la complicidad de los
gobiernos blancos y colorados con el mantenimiento de esa y de todas las
impunidades.
El esclarecimiento de la operación Berríos formaba parte, según ese contexto de
análisis, de la lucha contra la impunidad y se inscribía en el proceso de
profundización de la democracia que estaba en el orden del día de un gobierno
popular. Profundizar la democracia es eliminar de las instituciones del Estado
los elementos residuales de la normativa, los valores y las doctrinas del
periodo dictatorial.
Durante años, congreso a congreso --el último fue el de diciembre de 2003-- se
discutieron y se aprobaron mociones que señalaban la necesidad de depurar las
Fuerzas Armadas. Depurarlas, entre otras cosas, de los mandos comprometidos con
los hechos y con el pensamiento de la dictadura.
9 La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella siguen siendo un
problema importante para la democracia uruguaya. La actitud del Poder Ejecutivo,
a través del Presidente de la República, ha sido clara en el respeto a lo
decidido por la Suprema Corte de Justicia.
Al mismo tiempo, los defensores de la impunidad han intentado, sin éxito,
presionar a la Presidencia para que actúe impidiendo que Uruguay cumpla con el
Tratado de Extradición suscrito con Chile.
Tras la defensa a ultranza de los militares ahora requeridos, en nombre de los
intereses de la familia militar anida un soporte permanente a la impunidad en
toda la línea. La imposibilidad legal de juzgar a los militares de la dictadura
¿es o no un problema? La impunidad ¿es o no una traba para la democracia?
A la existencia de una ley de caducidad que bloquea la actuación de los
magistrados en los casos más importantes y que más han conmovido a nuestro
pueblo, como el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los secuestros de
Orletti, la desaparición de María Claudia García y el robo de su hija, hay que
sumar todo lo que los gobiernos blancos y colorados agregaron a la ley.
Una verdadera cultura de la impunidad que amplifica el contenido de la ley,
tanto en el tiempo como en el espacio y que se saltea las pocas, casi ínfimas,
garantías que contenía el texto de la ley aprobada en 1986, como el artículo 4º
al que ni Sanguinetti ni Lacalle ni Batlle dieron cumplimiento efectivo.
10 Analizamos los hechos desde el punto de vista histórico del FA, de lucha
contra la impunidad. En tren de "denuncias justicieras", asumir la defensa de
los oficiales acusados en Chile, es saltearse el hecho que, en función de la ley
de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la
ausencia de justicia por los crímenes de la dictadura es lo que caracteriza al
Uruguay que el gobierno progresista ha heredado en materia de Derechos Humanos.
Así lo han entendido y lo entendemos varias organizaciones sociales y políticas
que impulsamos la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido que la
impunidad es una traba seria para la democracia y que unas Fuerzas Armadas que
no han pasado por un proceso de depuración no son las que el país necesita.
11 Resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el
gobierno. En todo caso, en el terreno de la Defensa y la cuestión de las FFAA,
el gobierno del FA tiene mucho para hacer. Son necesarios foros y coloquios.
Pero sobre todo ideas claras. No le han faltado al Frente Amplio ni a sus
comisiones especializadas en el tema. Y, siendo esa la línea definida, no se ven
las razones para cambiarla.
Como se puede concluir, las diferencias de opinión acerca de las extradiciones
forman parte de un paquete más amplio de divergencias que iremos discutiendo en
el FA. Mientras tanto, todos, en el gobierno, el Parlamento o en el debate
público, deberíamos atenernos a lo que hasta ahora tiene resuelto
democráticamente nuestra fuerza política. Lo otro es alimentar confusiones.
MONTEVIDEO/URUGUAY/06.04.06/COMCOSUR AL DÍA
4) CASO BERRÍOS
SUPREMA CORTE ORDENÓ INVESTIGAR AL JUEZ QUE SE ENCARGÓ DEL
CASO
(Busqueda)
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso que el ministro del Tribunal de
Apelaciones, William Corujo, investigue la actuación del ex juez de Pando,
Alvaro González, durante los años en que estuvo al frente de la indagatoria
sobre el secuestro y asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos, dijeron a
Búsqueda fuentes judiciales.
El punto de partida de la decisión del máximo organismo judicial, que preside
Hipólito Rodríguez Caorsi, fue la sentencia de clausura del caso del juez de
Pando, Pedro Salazar, quien en ese dictamen fustigó la actuación de su
predecesor González y señaló la inactividad de la investigación durante casi
cuatro años.
"Es dable preguntarse si una instrucción temporánea más profunda ante la
gravedad de los hechos investigados no hubiera tenido otro resultado en las
posturas fiscales", dijo Salazar, que asumió su cargo el 22 de diciembre del
2002. "Esa casi nula indagatoria desde el mes de noviembre de 1998 hasta el mes
de octubre del 2002" tuvo "incidencia en las prescripciones y llegar a la verdad
material respecto del homicidio" de Berríos, agregó.
El juez dejó constancia de que cuando se retomó la investigación, en octubre del
2002, fue a instancias de la fiscal Nancy Hagopián, luego de que la Justicia
chilena dispuso los primeros procesamientos por el mismo caso. En el desarrollo
de su extensa sentencia, Salazar especuló que una investigación más profunda
pudo incluso llevar a que la Justicia uruguaya tipificara algunos delitos antes
de que prescribieran, como por ejemplo los de violencia privada y privación de
libertad e incluso aclarar el homicidio de Berríos.
Salazar también criticó a Hagopián, porque a su entender "contribuyó en forma
escasa a la pobre indagatoria (...) conducente a aclarar la ejecución de Berríos".
La sentencia de Salazar fue firmada el 13 de febrero. Poco después, el senador
frenteamplista Víctor Vaillant (Espacio 609) solicitó que el Ministerio de
Educación y Cultura y la SCJ investigaran la actuación de los jueces y fiscales
que intervinieron desde 1993 en el expediente judicial de Pando.
"Me sobran elementos de convicción para cuestionar duramente la forma en que se
llevaron adelante las investigaciones judiciales del caso", expresó Vaillant en
una carta que le remitió al ministro de Educación, Jorge Brovetto. La SCJ le
pidió información a los jueces que intervinieron: Rolando Vomero, Aída Vera
Barrete y a González, y luego de analizar todos los elementos decidió que el
ministro Corujo realice una investigación administrativa sobre la actuación de
González, que actualmente se desempeña en Montevideo como juez de concurso.
MONTEVIDEO/URUGUAY/06.04.06/COMCOSUR AL DÍA
5) POR DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
DUEÑOS DE CONCIERTO FM PROCESADOS CON PRISIÓN
Hermanos Rupenian fueron procesados con prisión por defraudación tributaria,
Marcharon tras las rejas luego de que se comprobara evasión por U$S 12 millones.
(La República)
La Justicia procesó ayer con prisión a los hermanos Berch y Aram Rupenian por un
delito de defraudación tributaria, delito que puede ser castigado con una pena
de 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría.
La totalidad de la publicidad facturada por la emisora Concierto Punta FM
corresponde a la generada en Montevideo y no en Punta del Este. Los dueños de la
radio 94.7 Concierto FM fueron acusados de haber defraudado a la Dirección
General Impositiva por una suma estimada en unos 12 millones de dólares, y en la
tarde de ayer fueron fichados en Cárcel Central, donde permanecerán recluidos.
Según se informó, se mantiene el embargo genérico sobre los bienes comerciales
de los empresarios. Ese embargo comprende a las sociedades anónimas que son
propiedad de los hermanos Rupenian, entre ellas, 94.7 Concierto FM. En su
resolución (Nº 229 de fecha 5 de abril de 2006) la jueza letrada en lo Penal de
6º Turno de la capital, doctora Fanny Canessa, expresa que los procesó con
prisión "atento a la magnitud de la maniobra".
Al fundamentar su decisión, la doctora Canessa expresó que, con fecha 9.10.98,
se concedió a Berch Rupenian una emisora de radio de frecuencia modulada en el
departamento de Maldonado, que trasmite en la frecuencia 94.3, denominada
Concierto Punta FM. Dicha emisora goza de una amplia exoneración tributaria por
tratarse de una emisora del interior. Se constató que, aprovechando esa
circunstancia, Berch Rupenian factura la publicidad generada también en
Montevideo, en beneficio de Parasel S.A. Como consecuencia, la DGI (institución
denunciante) advirtió que las ventas de Parasel desde el año 1999 bajaron más
del 55%, en tanto que el nivel de pago del IRIC en el trienio 99-01 bajó en un
90%.
Además se comprobó que la totalidad de la publicidad facturada por la emisora
94.3 corresponde a publicidad generada en Montevideo y no en Punta del Este. En
el domicilio fiscal de la empresa Parasel funcionaban las emisoras Concierto FM
94.7, Concierto Punta FM 94.3 y radio Independencia. A través de la empresa de
Berch Rupenian se facturan todos los servicios de publicidad exentos de todo
impuesto, por tratarse de una emisora del interior y sus facturas tienen impresa
la constancia "al día con el IVA", pese a que deberían lucir "contribuyente
exonerado".
La magnitud de la deuda de la contribuyente Parasel por concepto de IVA e IRIC,
más las multas y recargos moratorios fueron estimados por la DGI al 31/07/04 en
la cifra de $ 170.431.000, resultando de la documentación aportada y
declaraciones obrantes, suficientes elementos de convicción de que existe una
unidad económica entre ambas radioemisoras, así como un engaño y un provecho
indebido, mediante un falso desdoblamiento de la empresa Parasel-Berch Rupenian,
en perjuicio del Fisco, por lo cual la conducta de Berch y Aram Rupenian
ingresa, prima facie, en el delito tifipificado por el art. 110 del Código
Tributario (defraudación tributaria: el que, directamente o por interpuesta
persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero,
un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de
sus tributos, será castigado con seis meses de prisión a seis años de
penitenciaría. Este delito se perseguirá a denuncia de la Administración
Tributaria, mediando resolución fundada).
MONTEVIDEO/URUGUAY/06.04.06/COMCOSUR AL DÍA
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