COMCOSUR
Comcosur Mujer
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GUATEMALA
1) MUJERES INDÍGENAS EN EL OLVIDO
(Guatemala, Adital/Argenpress) Las mujeres indígenas están sujetas a una
triple opresión: por ser mujeres, indígenas y pobres. Esta situación limita
su desarrollo y el de miles de familias en el país, según el primer informe
sobre la situación y derechos de las mujeres mayas en Guatemala.
Las actitudes contra las mujeres mayas persisten, pese al papel protagónico
que juegan en su comunidad, no sólo para la existencia de ésta, sino para la
continuidad de su cultura.
Según el informe presentado por la Defensoría de la Mujer Indígena, la
mayoría vive en condiciones de pobreza. La situación se agrava por la
opresión y las prácticas de discriminación existentes en el país desde hace
varios siglos. Por años, la problemática de la mayoría de mujeres ha sido
"invisible", porque no se cuenta con documentos confiables que aporten datos
sobre la realidad en la que viven.
Para la elaboración de este informe se recurrió a los escasos datos con que
cuentan algunas organizaciones y a entrevistas con mujeres, en 15 de los 22
departamentos del país. El estudio de campo tomó en cuenta los cuatro puntos
cardinales y la zona central, donde se efectuaron entrevistas a mujeres en
varias comunidades indígenas, quienes expusieron sus problemas.
Informe histórico
La información recopilada se convirtió en el primer informe en la historia
del país que cuenta únicamente con datos de la situación de la mujer
indígena. Según el estudio, ellas son las que mayores problemas enfrentan,
en comparación con el resto de la población. No cuentan con acceso a
servicios básicos, como la salud y educación, el sistema de justicia y
participación política.
A pesar de que el país tiene un marco legal de 14 documentos que estipula la
protección de los derechos de las mujeres (como la Constitución de la
República, las leyes de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer,
entre otros, y nueve instrumentos y conferencias internacionales como la
Declaración de Derechos Humanos y la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer), en la práctica sus derechos siguen siendo violados.
Muestra de ello es que en la investigación se evidencian las condiciones
precarias que vive la población indígena en servicios sanitarios,
electricidad, abastecimiento de agua, transporte y vías de acceso. Ello
refleja su exclusión, porque la carencia de estos servicios provoca
problemas de salud y proliferación de enfermedades.
"Esas carencias generan desgaste físico y reducción del tiempo de las
mujeres indígenas para la realización de otro tipo de actividades
productivas, sociales, culturales, políticas y recreativas, que permitan su
desarrollo integral", se lee en el documento.
También establece que las mujeres figuran únicamente como reproductoras y
soportes de atención a la familia, descuidando su propia salud. Además,
señala que el racismo y machismo institucionalizados provocan limitaciones
para acceder a la educación, justicia, tierra y mejor calidad de vida. "La
mayoría desconoce sus derechos y por temor calla las situaciones de
violencia de que es víctima", indica el informe.
Instrumento válido
Después de la presentación del informe, Rosa Florinda García, defensora
delegada de la defensoría en Quiché, señaló que éste es un "instrumento
válido" para mejorar las políticas públicas, que en su mayoría no toman en
cuenta a las mujeres indígenas.
Clotilde Vásquez, del proyecto Utzil, que impulsa la Fundación Rigoberta
Menchú, señaló que es "vital" que las autoridades tomen en cuenta el informe
para incrementar la ayuda a este sector de la población. Ambas esperan que
cada día sean menos los obstáculos para mejorar las condiciones de vida de
la mayoría de las mujeres indígenas que están en el olvido.
MÉXICO
1) FEMINICIDIO EN CIUDAD JUAREZ
(Mhoy) La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México propuso
este lunes que el gobierno federal mexicano se encargue del caso de los
múltiples asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, informa el
portal BBCMundo.
Organismos no gubernamentales aseguran que ha habido más de 300 homicidios
de mujeres en los últimos diez años en esa ciudad fronteriza con Estados
Unidos.
Cifras proporcionadas a la BBC por la Fiscalía Especializada en Crímenes
contra Mujeres, hablan de 73 averiguaciones previas y 93 asesinatos en este
caso, conocido como "las muertas de Juárez".
Las madres de las jóvenes asesinadas y organismos no gubernamentales han
solicitado en reiteradas ocasiones que las autoridades federales se ocupen
del caso.
Hace unos días la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer
que existen impedimentos legales para que esta institución pueda tomar el
caso de los homicidios en Juárez.
Dentro de las recomendaciones de la CNDH presentadas este lunes en Ciudad
Juárez, se solicita la intervención de la Procuraduría General de la
República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal
Preventiva.
La Comisión solicitó también que el gobierno federal defina una estrategia
de prevención del delito, para evitar que continúen los delitos sexuales y
los homicidios en esa ciudad, que comparte su frontera con El Paso, Texas
(EE.UU.).
"Es conveniente la creación de un organismo público dependiente del gobierno
federal, que tenga bajo su responsabilidad la coordinación de todas las
dependencias públicas para que le sean destinados recursos suficientes,
orientados a apoyar las tareas de investigación de los homicidios y
desapariciones", señala la CNDH en un comunicado.
El organismo sugiere también una mayor coordinación entre los gobiernos de
México y Estados Unidos.
"México debe formular a las autoridades de El Paso, Texas, el suministro de
documentos, registros o pruebas, intercambio de información y cualquier otra
forma de asistencia jurídica", detalla el documento.
La CNDH anunció también que el próximo 9 de abril abrirá unas oficinas en
Ciudad Juárez, para dar seguimiento a la evolución de las investigaciones.
Fuente:BBCMundo.com
PERÚ
1) PROMUEVEN ACCESO DE TRABAJADORAS INFANTILES A LA EDUCACIÓN
En el marco del Día Internacional de la Trabajadora Doméstica, que se
celebra el 30 de marzo, y el inicio oficial del año escolar en Perú, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación de
Comunicadores Sociales Calandria lanzaron esta semana la Campaña Nacional
"Por la escolarización de las niñas y adolescentes trabajadoras del hogar".
La campaña tiene como objetivo principal promover el acceso a la educación
de las más de cien mil trabajadoras infantiles domésticas que viven en el
Perú. Se estima que, en ese país, existen más de ciento diez mil
trabajadoras infantiles domésticas, de las cuales el 43 por ciento no asiste
a la escuela.
Según una encuesta realizada por Calandria en Lima, Cusco y Cajamarca
(diciembre 2002), la gente piensa que la mayoría de niñas y niños que
trabajan lo hacen vendiendo golosinas y comida en las calles, que limpian
carros en los semáforos y que cargan bultos en mercados, lo cual refleja la
invisibilidad de la problemática de las niñas y niños trabajadores domésticos.
A la presentación de la campaña asistieron representantes de instituciones
públicas y privadas que trabajan en el tema, el viceministro de Educación,
César Picón y Carmela Vildoso, viceministra de Trabajo y Promoción del Empleo.
La campaña cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, Unicef, Save The Children, GIN, CESIP,
Marcha Global, Centro Bartolomé de las Casas de Cusco y Asociación Mujer y
Familia de Cajamarca.
Como parte de la campaña, se convocó a periodistas peruanos a participar en
el concurso de reportajes periodísticos "En Busca de una Sonrisa". El
objetivo de este concurso, en el que pueden participar periodistas de radio,
televisión y prensa escrita, es sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia del acceso de las trabajadores y trabajadores infantiles
domésticas (os) a los servicios de educación. Los premios para los ganadores
de cada categoría ascienden a la suma de mil dólares (US$ 1.000)
Fuente: Cendoc-Mujer, Perú.
URUGUAY
1) EN EL PAÍS DEL "NO SE PUEDE": VIRTUDES COTIDIANAS
(MILTON ROMANI GERNER, DIARIO LA REPUBLICA) Elena Quinteros fue una
militante política detenida por las Fuerzas Conjuntas en 1976, plena
dictadura nacional. Torturada salvajemente, dio un contacto falso para poder
huir de sus captores. La llevaron al lugar "confesado" por ella, y ahí pude
escaparse e ingresar a la embajada de Venezuela. Sus captores entraron tras
de ella y a golpes y tironeos la sacaron de allí, a pesar de la resistencia
del entonces embajador venezolano en el Uruguay. Desde entonces, Elena
Quinteros está desaparecida. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con la
dictadura uruguaya. El canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, fue
quien decidió "la desaparición" de Elena. Hoy, 27 años después, está preso
por este hecho. A continuación reproducimos un artículo de Milton Romani,
defensor de los derechos humanos en este país:
"Juan Carlos Blanco sigue preso. El fallo por unanimidad del Tribunal de
Apelaciones reafirma la sentencia del juez Eduardo Cavalli y no le concede
la excarcelación. Es coautor de un delito de privación ilegítima de la
libertad, agravado. Delito continuado que no necesita ningún tipo de
Convención, porque ya está en nuestro Código Penal.
No es sólo un acto de justicia. Es el restablecimiento de una verdad
ocultada, negada, distorsionada. A pesar de toda la fuerza del aparato
terrorista y luego del sistema blanquicolorado de impunidad, un esfuerzo
compartido, de múltiples afecciones, de pequeñas virtudes de muchos
protagonistas, tienen este resultado que desmiente categóricamente que en
este país "no se puede".
Elena Quinteros era una muchacha como tantas. Tota era una mamá, ama de casa
silenciosa como usted. No eran mujeres heroicas predestinadas. No tenían ni
mas ni menos virtudes (y defectos) que cualquiera de nosotros. No las
alejemos "glorificándolas". Sepamos que este fallo de la Justicia es un
reflejo de decisiones "cotidianas" que pueden ser decisivas. Que van a
afectar a otros. Tendrán consecuencias colectivas. Que pueden quedar
inscriptas --aun luego de 27 años-- con la fuerza que le da hoy en fallo de
un tribunal.
Julio Ramos era un embajador. Se sintió afectado por esos gritos de una
mujer que pedía asilo. Podría haber hecho un reclamo enérgico, redactar
varias protestas y seguir su carrera burocrática. Pues no. Sintió la
obligación de investigar quién era esa mujer. Habrá recibido de alguna
manera esa porfiada idea de Elena de resisitir y pelear aun cuando estaba
capturada. Fue al barrio de Maroñas, averiguó quién era Elena, acumuló
pruebas. Lo expulsaron como persona "no grata". Este fallo le devuelve su
dignidad.
En plena democracia nos dijeron un 22 de diciembre que no se podía. Que
estábamos al borde de un levantamiento militar si Gavazzo era conducido a un
tribunal. ¿Qué fue lo que caducó? La potencia del Estado. El "no se puede".
Promotores políticos de la impunidad diseminaron el miedo y tambien la
impotencia.
Sanguinetti debía investigar en virtud de un artículo (el 4º) que convirtió
en artilugio. Lo mandó a un fiscal militar. El coronel Sambucetti enterró
las causas. Reforzó el "no se puede".
Una funcionaria del Ministerio de RREE pudo. La doctora María del Luján
Flores de Sapriza podría haber hecho como otros. Acá no pasó nada. Seguir el
decurso burocrático favorecido por el "ambiente político" que incluía a
muchos embajadores y funcionarios de ese ministerio que seguían su carrera
lo más campantes, luego de haber colaborado con la dictadura. Sin embargo se
sintió afectada. Investigó. ¡Cómo! Su investigación administrativa llegó al
Poder Ejecutivo (1989). El secretario del Presidente Sanguinetti ocultó esa
carpeta. El "no se puede" con una ayudita del arcAngel Miguel, doctor
Semino, llamado a expulsar los demonios del paraíso de la impunidad.
Hubo alguien que sintió la indignación de este ocultamiento y nos hizo
llegar el texto del "Memorándum Secreto". Supo romper las reglas y filtrar
ese secreto tan celosamente guardado.
El Senado de la República ,dominado por blancos y colorados, resolvió no
querer en el año 90. Cuando se conformó la Comisión Investigadora para
juzgar a Blanco, que era senador del Partido Colorado. Fueron contundentes
los informes de Germán Araújo y del doctor Carlos Cassina. Las pruebas
acumuladas. "No se puede" contra los barones de la política. Toda la bancada
y 200 ciudadanos más presentamos aquellas conclusiones en sede penal. Allí
durmió el sueño burocrático y nuevamente del "no se puede".
"Esto es un problema político y no tiene solución jurídica", nos dijo un
prestigioso jurista cuando lo consultamos por la acción de amparo. "El
sistema político está derivando sus conflictos a la Justicia", pontificó
otro. "Es una locura", dijeron unos cuantos. Muchos otros, anónimos juristas
y magistrados a quienes su función y modestia impiden mostrar sus nombres
nos aportaron desde su sapiencia y desde su sed de justicia. Ha sido una
cadena formidable, de largo aliento, de paciencia y resistencia que culmina
hoy en este verdadero emblema de justicia y verdad. El PIT-CNT apoyó. Y alla
fuimos con Tota, a recurrir a la Justicia, cuando muchos decían que era casi
una provocación. La Justicia falló y no se cayó nada.
La doctora Estela Jubette en el 99 ejerció su poder entendido como virtud
cotidiana. Con Tota nos habíamos presentado para solicitar Recurso de
Amparo. Las presiones del Poder Ejecutivo fueron virulentas. Contra la
propia jueza, que podía haber hecho como otros y mirar al costado. No fue el
caso.
Las fuerzas populares, la izquierda, no sólo tienen un compromiso ético con
esta causa. No son sólo "heridas del pasado" Es una lección de vida. De
política entendida como virtudes cotidianas que se acumulan y crean procesos
donde podemos y somos más libres. No es sólo un tema de coraje, que el miedo
es humano y comprensible. Es que si partimos del "no se puede", nunca se
podrá. El realismo es un recurso necesario, pero mal consejero si es
absoluto. Si no contempla el campo de afecciones de esas virtudes que son
virtuales, no están aquí. Se producen. Vivimos hoy situaciones difíciles.
Otros "secretos" de Estado nos convocan al realismo del "no se puede". No
sólo a la pasividad, sino a rezar el sacrosanto de lo "único posible".
Inmodificable "porque el mundo es así". Si decimos "el rey está desnudo"
somos "antipatriotas". Debemos, según esos cultores, ocultar verdades en
nombre de la "estabilidad" de un Estado que siempre se nos presenta ajeno.
Pues se acabó. Queremos saber. Vamos a reclamar nuestro derecho a estar
informados. Por todos nuestros derechos, partiendo de que podemos. Con este
tipo de virtudes cotidianas como las de Tota, de Elena, y de todas estas
mujeres que supieron escribir las páginas más hermosas del "se puede".
"Ustedes no pueden gobernar (se)" "no pueden tener información", se dice a
lo grande, para decir a los chicos "no pueden hacerse cargo de sus vidas".',
"no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro" y llevarlos al "ustedes no
pueden vivir en este país que los crió". No pueden comer, no pueden
alimentarse, no pueden luchar por sus derechos porque es en vano.
Si algo tenemos para ofrecer a las nuevas generaciones con este acto y
proceso de justicia, es esta enseñanza: ustedes también pueden, muchachos. Y
el día que estos jóvenes, y los hombres y mujeres de nuestra tierra se
afecten mutuamente en que poder pueden, cambiaremos nuestras vidas. No
precisamos héroes, sólo gente con ese tipo de virtudes cotidianas que tienen
la virtud del afecto. Para manejar el Estado, para ejercer control ciudadano
y para autoorganizarnos por nuestras cosas.
Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura, amo y señor de las vidas que
él pensó tenía en sus manos, está allí preso, encerrado en San José y Yi; y
él sí --ahora-- no puede salir."
(Comcosur Mujer) A principios de abril la legisladora chilena Isabel Allende
se reunió con diputadas uruguayas. Uno de los temas que concitó particular
interés fue el relativo a la participación política femenina. Sorprendida al
conocer que en la primera legislatura de la recuperación democrática
uruguaya no hubo ninguna mujer titular, Isabel Allende coincidió con sus
anfitrionas en que a la cuotificación, que contribuiría a crear condiciones
más equitativas y por ello a fortalecer la democracia, "nadie la quiere en
ningún partido político". En Chile, sin embargo, se han dado pasos concretos
en tal sentido. Sin ser cuota, se adoptaron medidas de acción positiva, y
para que se traduzcan en las listas a cargos electivos ahora se proponen
modificar la ley electoral. Allende también dio cuenta del cambio cultural
positivo que se expresa en que los ministerios de Relaciones Exteriores y de
Defensa tienen titularidad femenina. A juicio de la legisladora chilena,
esto genera la imagen de que "las mujeres son confiables", lo que se refleja
en las encuestas, que las están avalando como potenciales candidatas. En
Chile se aprobó asimismo una modificación al reglamento para la integración
de las delegaciones a la Unión Interparlamentaria Mundial: todas tienen que
incluir al menos una mujer.Las legisladoras uruguayas pusieron en
antecedentes a su colega chilena del contenido del proyecto de ley a
consideración parlamentaria, que reserva a las mujeres una cuota mínima del
30 por ciento en las listas para cargos electivos nacionales y locales,
obligatoria asimismo al interior de los partidos políticos. La Red
Parlamentaria del Cono Sur, que integran las Cámaras de Representantes de
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, se constituyó a mediados de 2001 con la
finalidad de motivar un proceso de mejora en la gestión de la actividad
parlamentaria. Las legisladores nacionales, reconociendo que la realidad
actual revela un mal momento para los parlamentos, los partidos y en general
los actores políticos, pautado por distanciamiento con la ciudadanía, crisis
de confiabilidad y hasta cuestionamientos de legitimidad en algunos casos,
propusieron a Isabel Allende articular a la brevedad, desde las bancadas
femeninas, un proyecto regional que reivindique la política como tarea noble
con vocación de servicio, al tiempo que proyecte otro estilo de hacer
política: el de las mujeres, que se distingue por su mayor conexión con las
necesidades concretas de la gente, y se expresa en traer lo cotidiano a los
recintos parlamentarios. La iniciativa entusiasmó a la chilena, que desde
ya comprometió su apoyo.
(Comcosur Mujer) En la última Rendición de Cuentas, se dispone que miles de
trabajadoras sean privadas del subsidio por maternidad y la asignación
familiar. El artículo 169 de la Ley establece que "sólo serán beneficiarios
y atributarios de las prestaciones de actividad a cargo del Banco de
Previsión Social aquellos trabajadores que estando comprendidos en las
normas de inclusión, sean contribuyentes de los aportes a la seguridad
social recaudados por el referido organismo". En consecuencia, a partir del
1 de enero de este año, las y los trabajadores de la actividad privada
afiliados a los institutos de seguridad social paraestatales no perciben los
beneficios de cuota mutual, subsidio por enfermedad, asignación familiar,
seguro de paro y subsidio por maternidad que les corresponderían. Quienes
no se encuentren afiliados a un seguro convencional de enfermedad homologado
por el Poder Ejecutivo, dejaron de percibir la afiliación mutual y el
subsidio por enfermedad, situación en la que se encuentran más de mil
trabajadores y trabajadoras de las empresas de seguros, consorcios de
administración, cooperativas de ahorro y crédito y escribanías. En caso de
embarazo, las mujeres no contarán con la cobertura mutual para la atención
de su embarazo y parto. La diputada Margarita Percovich denunció esta
situación en cámara, estimando que "dado que la mayoría de las cajas de
auxilio no brindan la cobertura por maternidad, más de 2000 mujeres menores
de 45 años están obligadas a la licencia por maternidad pero no contarán con
el subsidio sustitutivo del sueldo en ese período. Más que protección de la
maternidad lo que se ha producido es un castigo a la maternidad. Una
aberración que condena a un número significativo de mujeres a tener que
dejar de trabajar durante tres meses, sin que la ley establezca quién
certificará su condición de gestante para que le sea otorgada la licencia a
la que está obligada, ni de qué modo va a vivir durante ese período". En
efecto, por ley de 1958, se establece que "la madre trabajadora deberá cesar
todo trabajo seis semanas antes del parto y no podrá reiniciarlo sino hasta
seis semanas después del mismo" La situación estaba clara: las trabajadoras
de la industria privada estaban "obligadas al goce de la licencia por
maternidad y el BPS a pagar el subsidio correspondiente", insiste Percovich,
pero la ley Rendición de Cuentas barrió con los antecedentes. La diputada
convocó a la Cámara de Representantes y a las autoridades del Poder
Ejecutivo a estudiar soluciones para el problema, de modo de universalizar
la protección a la maternidad, "a la que estamos obligados por acuerdos
internacionales que hemos suscrito y por una elemental razón de justicia
social, haciendo coherente la acción estatal con la proclamada valoración de
la maternidad".
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