COMCOSUR
Comcosur Mujer
|
|
COMCOSUR
Comcosur Mujer |
|
URUGUAY
1) SE APROBÓ NORMATIVA DE PROTECCIÓN ANTE
ABORTOS PROVOCADOS
El Ministerio de Salud Pública aprobó la normativa titulada “Medidas de
Protección Materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”, que
fuera elaborada hace más de dos años por la Sociedad de Ginecotocología del
Uruguay, la Facultad de Medicina y el Sindicato Médico del Uruguay. Fuentes del
MSP afirmaron que esta es una decisión muy importante de la cartera, pero
reconocieron que “sin duda esto también nos va a traer problemas con muchas
organizaciones religiosas y sociales”. Por su parte el SMU a través de un
comunicado expresó su “satisfacción” por la aprobación de la normativa, que
“contribuirá en lo inmediato a salvar muchas vidas de mujeres uruguayas que hoy
fallecen a causa de prácticas abortivas realizadas en condiciones de marginación
social y riesgo sanitario extremo. También representa un importante paso de
avance en materia de derechos sexuales y reproductivos y allana el camino para
futuras elaboraciones legislativas en dicha área”.
Objetivos de la normativa
El proyecto tuvo su origen en las consideraciones que realizaron los
especialistas respecto al problema emergente de la mortalidad por aborto
provocado en condiciones de riesgo. La estrategia que orientó esta normativa es
la de reducción de riesgos y daños dentro del marco legal vigente. Por lo tanto
el fundamento de la propuesta es el de incluir en el marco del sistema sanitario
a aquellas usuarias que tienen mayor riesgo de, al ser excluidas, sufrir
complicaciones graves y la muerte.
Como objetivos generales se planteó la generación de una instancia médica y
sicosocial de diagnóstico, asesoramiento y apoyo a las usuarias del sistema de
salud, para que éstas cuenten con toda la información, para la toma de
decisiones responsables, siempre tendiendo a la disminución de la incidencia de
los abortos provocados. En los casos en que la usuaria tome la decisión de
realizarse un aborto provocado, se prevé el desarrollo de medidas que
posibiliten un seguimiento y que procuren disminuir las complicaciones
inmediatas, que son el preámbulo de complicaciones mayores y de la muerte
materna.
El proyecto de los médicos explicitó que “el aborto provocado no será promovido
como método anticonceptivo. En este sentido, se deberá informar de los riesgos
médicos y también legales existentes dada la condición actual de ilegalidad que
la realización del aborto provocado tiene en nuestro país”. El aborto provocado
es hoy la principal causa de muerte materna en nuestro país. En este sentido el
aborto, como práctica ilegal, no podrá ser abordado por el médico, ni por el
equipo de salud, ni por el sistema sanitario. Pero, este hecho ilegal tiene un
antes (desde la consideración de la posibilidad de recurrir a su práctica a la
concreción del hecho) y un después (desde la realización del aborto provocado
hasta la rehabilitación completa de la mujer en los aspectos bio-sico-sociales).
En tal sentido se estipulan dos tipos de consultas médicas acerca del tema: una
preaborto y otra posaborto.
Antes de...
El objetivo de la consulta preaborto es la preservación y control del embarazo.
Así como la información, prevención y asesoramiento de riesgo y daño del aborto.
Además de analizar las causas que promueven a la usuaria a plantearse esa
decisión. En esta instancia es cuando el médico y el equipo de salud deberán
acentuar las tareas tendientes a disminuir la incidencia del aborto, intentando
a través de la información que la paciente desestime la opción.
Sin embargo, siempre se respetará la decisión informada por la mujer. Por lo que
en caso de que el ginecólogo en el marco del equipo de salud, perciba la
posibilidad de que la usuaria no modifique su posición inicial de interrumpir su
embarazo, le informará y dispondrá los cuidados de protección preaborto que
incluye la administración preventiva de antibióticos desde las 24 horas antes
del supuesto momento en el cual la paciente podría decidir hacerse la
intervención. La antibioticoterapia se prolongará hasta pasado el periodo
crítico de los 10 días pos- aborto.
Después de...
Si la consulta se realiza pos- aborto dará inicio a un seguimiento de la
paciente, que incluirá la detección y profilaxis de complicaciones inmediatas en
particular la infección y la hemorragia. Se debe desarrollar como mínimo hasta
los 3 meses y se incluirá el aspecto sicológico como parte sustancial del mismo.
Todo esto busca prevención y promoción de salud en el contexto de planes de
maternidad y paternidad elegidas, sexualidad libre y responsable en la paciente
usuaria y en la comunidad que la rodea, haciendo revertir un hecho negativo y
pasible de graves complicaciones hacia un hecho positivo para la salud de la
usuaria y la comunidad. Asimismo la normativa establece el registro y estudio
epidemiológico de las causas que motivan la realización del aborto provocado.
2) CONSECUENCIAS POSITIVAS DEL DEBATE SOBRE LA
DESPENALIZACION DEL ABORTO
En un hecho sin precedentes en la región, el gobierno uruguayo dictó una
resolución que obliga a los médicos del sector público y privado a brindar
asesoramiento a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, a pesar de que
el aborto allí es ilegal. La decisión apunta a disminuir el número de muertes
por abortos clandestinos, principal causa de mortalidad materna en Uruguay. “El
aborto es un hecho
ilícito. La idea es actuar en el antes y el después, en el marco de una política
de prevención de daño”, explicó Leonel Briozzo, uno de los autores del manual
con las medidas a seguir elaborado en conjunto por la Sociedad de
Ginecotocología, el Sindicato Médico y la Facultad de Medicina de Uruguay.
“Estamos esperando el contraataque de la Iglesia”, se sinceró el director
general de Salud, Diego Estol..
La guía de atención surgió como una inquietud de los propios médicos de la
principal maternidad del país, la del Hospital Pereira Rossell, de Montevideo,
que advirtieron a partir de 2001 un salto abrupto en el porcentaje de muertes
maternas producidas por infecciones causadas por abortos ilegales. Allí se
atienden las mujeres más pobres. Mientras a nivel nacional, un tercio de las
muertes maternas se debía a abortos inseguros, en el Pereira Rossell pasaron a
ser casi el 50 por ciento. “Por un aumento en la presión policial hacia las
clínicas que hacían abortos clandestinos, se cerraron varias y más mujeres se
empezaron a morir por recurrir a métodos más precarios”, declaró Margarita
Percovich, diputada del Encuentro Progresista Frente Amplio. Con esta
preocupación, la Sociedad de Ginecotocología, el Sindicato Médico y la Facultad
de Medicina de Uruguay redactaron el manual, denominado Asesoramiento para una
maternidad segura. Medidas de Protección Materna frente al aborto provocado en
condiciones de riesgo. En realidad, desde 2002 reclamaban su aprobación por
parte del Ministerio de Salud. Y ante la falta de una respuesta oficial
resolvieron implementarlas bajo su propia responsabilidad en el Pereira Rossell.
Ahora, deberán ser acatadas tanto en el sector público como en el privado de
todo Uruguay.
“La idea es generar un ambiente de confianza entre el médico y la mujer que
decide interrumpir un embarazo para que pueda evacuar sus dudas y sepa las
consecuencias y los riesgos del procedimiento. E indicarle que una vez que se lo
haga, al primer sangrado se presente en el hospital. Eso no implicará que sea
denunciada ni comprometerá al médico”, explicó Estol, director general de Salud
de Uruguay. En Uruguay el aborto es ilegal desde 1938. La legislación lo prohíbe
y penaliza, salvo en cuatro casos: para salvar el honor (aunque no se detalla en
qué situaciones); frente a una violación; para salvar la vida de la madre y
frente a situaciones de indigencia total. En la práctica, se considera un
procedimiento médico clandestino, ya que por falta de voluntad política nunca se
conformó una junta nacional, dentro del ámbito de la salud pública, que debe
evaluar cada caso y autorizarlo.
El intento reciente de despenalizar el aborto mediante el proyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva, que no se aprobó en la cámara de senadores, ha
demostrado, sin embargo, la gran cantidad de gente que apoyaba este proyecto,
que de plesbicitarse, hubiera triunfado. Este factor seguramente determinó esta
resolución del MSP, así como de blanquear “un tema
sanitario que afecta a los sectores más pobres”, dijo Estol. “No hay ningún
uruguayo que no haya tenido una vinculación con el aborto directa o
indirectamente a través de una amiga o hermana. Es una cuestión de ser más
lógicos y más prácticos”, agregó al explicar los fundamentos de la flamante
resolución.
Avance
Leonel Briozzo es uno de los autores de las normas y, además, las viene
aplicando desde 2002 en el Hospital Pereira Rossell. Así explicó la experiencia:
“Partimos de la concepción de que el aborto es un hecho
ilícito. Buscamos actuar en el antes y el después en el marco de una política de
prevención de daño. Hay distintos escenarios. Si la mujer viene convencida de
interrumpir el embarazo o si no está resuelta. En este último caso, le
planteamos otras alternativas como la adopción y la existencia de ayudas
sociales que, la verdad, son muy pocos”, indicó. “Les damos una semana para que
lo piensen y reflexionen. Después, si tienen la decisión firme, les advertimos
sobre las consecuencias y los riesgos de recurrir a métodos precarios como la
introducción de un tallo de perejil o de una aguja de tejer. No indicamos un
método de aborto en particular ni un lugar adónde ir, pero sí les informamos
cómo actúa el misoprostol”.
El misoprostol es el nombre genérico de un medicamento para tratar úlcera que
provoca hemorragias y puede causar la interrupción del embarazo. Inicia el
proceso que debe terminarse en un hospital. El manual uruguayo no establece que
los obstetras y ginecólogos
deben indicar el misoprostol. Es una decisión de los médicos del Pereira Rossell
hacerlo. Según precisó Briozzo, de cada diez pacientes que dudan con respecto a
qué decisión tomar, 5 continúan con el embarazo y otras 5 concretan el aborto.
“La experiencia nos demuestra que cuando uno corre el velo del terror del
embarazo no deseado y habla del tema francamente, disminuye el porcentaje de
abortos”, señaló.
“Estamos muy satisfechos de que estas normas se pongan en funcionamiento para
todo el país”, aclaró. “Es un gran avance. Estamos contentísimas”, dijo la
diputada Margarita Percovich, del Encuentro Progresista
Frente Amplio y una de las impulsoras del proyecto de despenalización del
aborto. “Es un paso muy importante porque establece las bases de cómo el sector
sanitario debe abordar estos casos. Como es ilegal el aborto, los médicos se
desentendían del problema”, observó Liliana Abracinskas, de Mujer y Salud en
Uruguay, quien trabajó junto a los médicos en la elaboración del manual.
Abracinskas detalló que uno de los aspectos que revisaron fue cómo deben
transmitir los médicos la noticia de un test positivo de embarazo.
“Históricamente -dijo- el médico felicitaba a la paciente y así se cortaba la
posibilidad de que ella dijera que no era deseado y de que se hablara sobre los
riesgos del aborto.”
Comcosur Mujer
3) "MUJERES"
Así se titula la obra teatral del uruguayo Luis Masci, que desde ya unos días
está en cartelera con la magnífica dirección de Nelly Goitiño y un excelente
elenco. El domingo 15 la obra fue presentada con un panel de mujeres y hombres
que a posteriori de la misma, abrieron el debate con sus opiniones y los y las
de las asistentes.
El fondo de este drama es mostrar cómo desde los comienzos de los tiempos (se
toma como referente el sitio de Troya) hasta el presente las guerras las hacen
los hombres y las sufren las mujeres. De modo que junto a testimonios recogidos
por poetas griegos como Homero, Esquilo y Eurípides, se ensamblan testimonios y
hechos ocurridos con las mujeres uruguayas presas durante la reciente dictadura
militar.
No deja de ser complicado este paralelismo. En primer lugar, lo que sabemos de
la guerra de Troya es lo que nos cuentan los poetas épicos de la época en forma
oral, lo que puede dar lugar a que se haya creado un mito con respecto a la
misma. En segundo lugar, y esto es lo que más nos importa, toda la población
civil sufre y muere con las guerras, independientemente de su género, edad,
condición social. Es cierto que las mujeres son las víctimas fundamentales dado
que su violación y esclavización por las tropas enemigas es una estrategia de
guerra, apuntando a la desmoralización del otro bando en litigio. Actualmente lo
hacen los invasores imperialistas y aliados en distintos países invadidos y/o
neutralizados, y lo hacen las propias tropas de "paz" de la ONU.
Pero también las mujeres luchan en las guerras. No hablamos de estos tristes
ejemplos de nuestro género, las soldados de Estados Unidos que alegremente
torturaron y humillaron sexualmente a los prisioneros irakíes. No, hablamos de
esas mujeres que militan activamente por la libertad de sus pueblos, sean
suicidas palestinas, sean proveedoras de armamento en Irak, sean zapatistas,
guerrilleras de las FARC, piqueteras, cobertura de hombres militantes en tantos
otros frentes de lucha, sean las Sin Tierra del Brasil, Bolivia y Paraguay o las
indígenas organizadas de nuestro continente.
Hay una tendencia en la obra de Masci a mostrar a la mujer siempre como víctima
de situaciones armadas. Hay que recordar tantos actos de heroísmo, casi siempre
anónimos, donde la mujer es una leona, protegiendo no sólo a su familia sino a
su comunidad, a su pueblo. Ahí está el reto de todos y todas las intelectuales
que quieran retratar el papel de la mujer en las guerras y en general, en la
lucha.
Creemos que esto no está totalmente logrado en la obra de Masci. Es cierto que
simbólicamente estas mujeres son portadoras de la memoria, (basta recordar el
tejido como imágen de una trama sin fin), pero hay una redundancia de
situaciones de victimización de las mismas que tiende a desvalorizarlas.
También es cierto que al fin y al cabo, todas las presas por razones políticas
son víctimas de una represión casi animal, hayan sido ellas militantes o no.
Nunca se puede comparar la lucha de un movimiento revolucionario o patriótico,
según sea el caso, con la represión de un grupo de mercenarios, brazo armado de
los oligarcas de turno y del imperio. Si creemos eso, estamos cayendo en esa
barbaridad que tantas veces hemos oído, "son las reglas del juego". Aquí no hay
un juego, hay mujeres mal armadas o no armadas en absoluto, que han combatido
con ideas y hechos a los opresores de siempre en el Uruguay, que han optado por
esta lucha por una sociedad libre, justa e igualitaria, y están los otros. y las
otras: los torturadores y asesinos. ¿Acaso se puede comparar la violencia de los
y las luchadoras por la libertad con la violencia de los que detentan el poder
para su beneficio? Ese es el lavado de cerebro que nos quieren hacer: que
creamos que ambos bandos son iguales. Pero no creo que la forma de combatir esta
falacia es mostrando a las mujeres como víctimas absolutas, pasivas frente al
represor, si acaso cantando alguna canción de Serrat, con la poesía de Miguel
Hernández, el pastor rebelde.
De modo que opino que aún las mujeres luchadoras, aún las que optaron por la
lucha armada, aún las que mataron en combate o por juicios populares realizados
a enemigos del pueblo, al ser apresadas (cuando no muertas o desaparecidas)
pasaron a ser víctimas de la guerra sucia, el horror nunca suficientemente
descrito. Lo que también creo es que en el caso de las mujeres presas en
Uruguay, éstas, en medio de ese sufrimiento y tragedia, tuvieron los ovarios y
la dignidad de luchar, en la peor correlación de fuerza, para que no las
destruyeran psíquica ni ideológicamente. El Penal de Punta de Rieles así como
numerosos cuarteles fueron copados y derrotados por un colectivo de corajudas y
convencidas, mucho antes que la amnistía las liberara.
Víctimas sí. Luchadoras también. Nunca inocentes. La inocencia es como el pecado
original, no existe.
Yessie Macchi
4) AGENDA - UNA PROPUESTA POLITICA DE LAS
MUJERES
A - CIUDADANIA, PARTICIPACION Y REPRESENTACION POLITICA
El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de
igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo su participación en el
proceso de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el
logro de la igualdad, el desarrollo y la paz ". (IV Conferencia Mundial de la
Mujer/ Beijing 1995)
Construir, sostener y profundizar la democracia constituye una tarea central de
nuestra sociedad. Para ello se hace imprescindible superar las enormes
desigualdades económicas, sociales, políticas, étnicas, culturales y de género
existentes. Estas desigualdades discriminan y excluyen a amplios sectores de la
población, obstaculizando el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
Es preciso que las mujeres sean reconocidas como sujetos políticos y puedan
ejercer plenamente y con autonomía sus derechos como ciudadanas. Por lo tanto,
el ejercicio de la ciudadanía, que favorezca la equidad, la participación y
representación política son aspectos centrales en la concepción y en la
construcción de una sociedad democrática.
La ciudadanía se concibe como una práctica constante de afirmación,
reconocimiento y ejercicio de los derechos en todos los niveles de la sociedad.
Implica el "derecho a tener derechos" (Arendt, H.), a ejercerlos y a definir los
temas y los actores que participan del debate público. Debe ser activa y
requiere de la participación permanente de las personas y colectivos para
incidir y decidir tanto en la esfera privada como en la pública.
A pesar que existe la participación activa de las mujeres en diferentes ámbitos,
no siempre ésta implica ocupar espacios de toma de decisiones. En muchas
ocasiones los mecanismos burocráticos del Estado y la falta de voluntad política
impiden una efectiva participación democrática de la ciudadanía en general y de
las mujeres en particular.
Ocupar el espacio público en todos sus niveles y dimensiones, efectuar
propuestas y colocarlas en el debate, participar en las decisiones y controlar
la función pública, son condiciones imprescindibles para el reconocimiento de
las mujeres como actoras políticas autónomas con capacidad de ejercer y
construir derechos.
Participación y representación política "Los Estados Partes tomarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida
política y pública del país, y en particular, garantizarán a las mujeres, en
igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: ser elegibles para todos
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, ocupar cargos
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales."
(Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer / CEDAW, 1979) En Uruguay los niveles de participación política de la
mujer en cargos de decisión en organismos de gobierno y partidos políticos son
llamativamente bajos si se los compara con el alto grado de participación en la
vida económica, en el trabajo y con su generalizado acceso a la educación.
En veinte años, desde la recuperación de la democracia, no ha existido voluntad
política para la modificación de esta inequidad, siendo el bajo número de
mujeres en cargos de representación y decisión un indicador de la naturaleza
excluyente del sistema político, lo que constituye un "déficit democrático".
La participación femenina en el Poder Ejecutivo es casi inexistente. Nunca en
nuestro país, una mujer ha ocupado ningún cargo electivo (Presidente de la
República, Vicepresidente o Intendente Departamental). Las mujeres que han
ocupado cargos ejecutivos designados, han sido excepción (a razón de una
Ministra por período administrativo). En el actual gobierno (2000-2005) ninguna
mujer ocupa una cartera ministerial, ni tampoco las subsecretarías de dichos
ministerios, lo que representa un retroceso respecto a períodos anteriores.
Se suma a esto, que también los cargos designados en la órbita del Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, Direcciones de Organismos Autónomos, Entes Autónomos
y Servicios Descentralizados, son ocupados mayoritariamente por varones. La
subrepresentación de las mujeres constituye una "anomalía" específica del
sistema político uruguayo que reclama su más urgente modificación.
En las elecciones de 1999 un total de 15 mujeres ingresaron al parlamento,
representando sólo un 11,5% del total de parlamentarios. Según la Clasificación
Mundial de Mujeres en Parlamentos Nacionales de la Unión Interparlamentaria (UIP),
este porcentaje ubica al país en el lugar 66 en un ranking de 181 países.
En las Juntas Locales de Montevideo, en las elecciones del 2001, se registró un
40% de mujeres y en los Concejos Vecinales, un 43%, estas cifras disminuyen a
15% en los cargos legislativos departamentales. Esto da cuenta que los cargos a
los cuales tienen acceso las mujeres, son los de menos poder y reconocimiento
social, lo que se agudiza para las mujeres jóvenes.
A nivel de las direcciones partidarias la participación femenina sigue siendo
minoritaria, y en la mayoría de los casos ha retrocedido con respecto al período
anterior. En el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, no se registra
la presencia de ninguna titular mujer del total de 15 miembros; en el Directorio
del Partido Nacional de un total de 15 miembros, solo 1 es mujer; en la
Dirección Nacional del Nuevo Espacio de 15 miembros, 2 son mujeres; en el Frente
Amplio/ Encuentro Progresista, su mesa Política está compuesta por 28 miembros,
de los cuales 4 son mujeres.
Estos datos son la evidencia de que la democracia está en deuda con las mujeres.
La institucionalidad política uruguaya está retrasada en cuanto a reconocer y
superar las trabas para el logro de una representación igualitaria en los cargos
de decisión política.
Es necesario establecer criterios de acción positiva para convertir la igualdad
formal en igualdad real.
El procedimiento para la confección de listas, así como la competitividad y
fraccionamiento de éstas dentro de los lemas partidarios, producen un bloqueo
para la postulación de mujeres en lugares "elegibles". Para la efectiva
aplicación de propuestas que permitan el acceso de las mujeres a los cargos de
representación se deberá tomar en cuenta las complejas especificidades del
sistema político institucional uruguayo.
PROPUESTAS
Designar igual cantidad de hombres y mujeres en los cargos del Poder Ejecutivo.
Legislar e implementar medidas que garanticen una representación equitativa en
los cargos electivos a nivel nacional, departamental y local.
Impulsar la implementación de una Ley de Partidos Políticos que contemple la
paridad de representación en sus órganos ejecutivos.
Adecuar las normas de funcionamiento partidarias a las necesidades consensuadas
de hombres y mujeres.
Participación política a nivel local
Las mujeres participan activamente en los espacios locales, desempeñando tareas
de muy variada naturaleza. Habitualmente, esta participación es una práctica
silenciosa que tiene escaso reconocimiento social y político. En períodos de
crisis, la presencia femenina en el territorio se hace más visible porque son
las mujeres las que sostienen la organización de albergues, merenderos y
comedores populares. Sin embargo, esta mayor visibilidad social, rara vez
redunda en cargos de representación, ni en su proyección política.
Procesos semejantes se observan en las instituciones públicas que convocan a las
mujeres a participar a nivel local en la detección de problemas y en la
implementación de acciones programáticas por las que no reciben retribución
económica ni mayor reconocimiento social.
El aumento de la participación de las mujeres a nivel local, tanto en lo rural
como en lo urbano, no necesariamente implica un desarrollo de sus derechos
ciudadanos ya que no se acompaña de la incorporación de la perspectiva de género
en las políticas públicas ni en una transformación en la distribución del poder
entre hombres y mujeres. La calificación de la participación femenina a nivel
local no sólo tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de la
participación.
La construcción de una sociedad democrática requiere de relaciones simétricas
entre Estado y Sociedad Civil. Estas deben habilitar el ejercicio de una
ciudadanía activa que posibilite acciones individuales y colectivas de control
ciudadano, a través del cual se fiscalicen las políticas, programas y medidas
que afectan a los sujetos en sus derechos.
Esta ampliación de derechos supone espacios institucionales abiertos a la
participación y al diálogo.
En este sentido, los procesos de desconcentración administrativa y
descentralización política pueden ser herramientas útiles para profundizar la
democracia, siempre y cuando reconozcan la capacidad y el protagonismo de los
actores locales en la promoción y gestión de sus demandas y el derecho de éstos
a ejercer el control sobre las políticas públicas. No toda descentralización
garantiza siempre la participación.
En el caso particular del Departamento de Montevideo la instauración y el
desarrollo del proceso de descentralización, así como la formulación del "Plan
de Igualdad de Oportunidades y Derechos" de la IMM, han significado avances
importantes en el proceso de legitimar, a nivel departamental, la búsqueda de
equidad entre hombres y mujeres. A través de él se pretende transversalizar la
perspectiva de género al conjunto de la acción municipal y se propone -
utilizando y ampliando los canales del proceso de descentralización- promover la
participación de las mujeres.
La no existencia de procesos de descentralización y/o planes similares en otros
departamentos del país, genera un impedimento en las posibilidades de avanzar en
términos de equidad en las condiciones de vida de las mujeres.
RECOMENDACIÓN
En todo proceso de descentralización deben estar garantizadas las instancias de
articulación entre poder local y organismos administrativos para que todas las
personas y, en especial las mujeres, puedan participar en igualdad de
condiciones en el diseño, evaluación y control de las políticas.
PROPUESTAS
1. Optimizar y universalizar los procesos de descentralización municipal a nivel
nacional, que garanticen la participación equitativa de hombres y mujeres.
2. Fomentar e implementar Planes de Igualdad de Oportunidades a escala nacional
y departamental tomando en cuenta las particularidades de cada departamento.
3. Evaluar periódicamente la implementación del Plan de Igualdad de
Oportunidades y Derechos de la IMM y perfeccionar los instrumentos de la
descentralización ya puestos en práctica, de tal manera que garanticen el
protagonismo y la autonomía de las mujeres.
B - POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL
"El derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable que es parte
integrante de los derechos humanos fundamentales y la persona es el sujeto
central del mismo. Este derecho debe ejercerse de manera que se satisfagan
equitativamente las necesidades ambientales, de desarrollo y demográficas de las
generaciones presentes y futuras. " (Conferencia de Población y Desarrollo /
Cairo, 1994)
Uruguay ha sido considerado tradicionalmente un país excepcional en la región y
el continente en lo que respecta a los indicadores de pobreza. Sin embargo, en
los últimos años los acelerados procesos de exclusión y marginación social han
conformado una nueva realidad nacional que coloca en la agenda política y social
del país la necesidad de aplicar políticas de integración para la superación de
las desigualdades.
"La incidencia de la pobreza extrema en 2003 ha crecido respecto de 1999, este
efecto se ha observado en el total del país urbano y también en cada área. Los
hogares indigentes se caracterizan por estar compuestos por muchas personas,
gran parte de éstas menores y por pocos perceptores de ingresos. Mientras un
hogar promedio está compuesto por tres personas, de las cuales una es un niño o
adolescente, los hogares indigentes están compuestos por más de cinco personas,
de las cuales tres son menores de 18 años y de éstas dos son menores de 14".
La pobreza excede las carencias materiales y/o de recursos económicos. Su
análisis debe incluir la exclusión y vulnerabilidad social que se registran en
las distintas esferas de la vida de las personas: en lo social, económico,
político y cultural, en lo subjetivo y en lo simbólico; determinando una pérdida
del bienestar general y la restricción de los derechos ciudadanos.
El empobrecimiento y la agudización de la exclusión social, afecta cada vez más
a amplios sectores de la población, sobre todo a mujeres, jóvenes y niños/as.
"La pobreza afecta proporcionalmente a más niños que adultos. Este efecto se
agudiza cuanto menor es el grupo de edades considerado. En 2003, casi el 31 % de
las personas del país son pobres y promedian: el 57% de menos de 6 años, el 50%
entre 6 y 12, el 43% entre 13 y 17, el 28% de adultos y el 10% de personas en la
tercera edad."
El deterioro que se constata hoy tiene, sin embargo, varias décadas de
gestación. Algunas de las razones que llevaron al incremento de la pobreza en
nuestro país son: el fracaso de los modelos de desarrollo implementados, la
defensa de una determinada forma de crecimiento económico; el desmantelamiento
del sistema productivo y la centralidad del sistema financiero; las exigencias
producidas por el endeudamiento externo; la retracción y debilitamiento del
Estado en funciones que garantizan la justicia social y la equidad. En los
últimos años, la crisis se profundizó y la población manifiesta una sensación de
irreversibilidad y de desánimo que dificulta la visualización de cambios a corto
plazo. El país sigue expulsando ciudadanos al exterior, en su mayoría jóvenes,
con un alto nivel socioeducativo y buena calificación laboral.
"El perfil del indigente en el Uruguay es un hogar con seis o siete integrantes,
fundamentalmente con mujeres jefas de hogar que no han alcanzado más que el
nivel primario, que tienen 2 o 3 niños a su cargo y, generalmente, con problemas
laborales, porque están en situación de precariedad laboral o no están
trabajando. (...)
Según datos del 2002, en el Uruguay, una de cada dos mujeres jefas de hogar en
las edades activas, con niños de 0 a 5 años, son pobres. Indudablemente, la
pobreza está más concentrada en los hogares con mujeres jefas con hijos. A los
fenómenos de infantilización de la pobreza y del surgimiento de la indigencia
debemos agregar el de la feminización de la pobreza, que tiene dos elementos
asociados: las madres jefas de hogar con hijos y las madres adolescentes."
Es innegable que hombres y mujeres, adultos y niños/as viven la pobreza y los
procesos de exclusión social de manera diferencial. La falta de autonomía
económica de las mujeres da cuenta de la existencia de personas pobres al
interior de hogares no pobres. La imposibilidad de acceder a ingresos propios y
las relaciones de poder inequitativas han ido en detrimento de la igualdad y la
autonomía de las mujeres contribuyendo a la brecha de género al interior de la
pobreza. La incorporación de la perspectiva de género enriquece cualquier
análisis sobre estos procesos de empobrecimiento. Ubicar a las mujeres como las
principales responsables de la reproducción biológica y social, constituye una
de las formas de exclusión política, económica y social frecuente. Esto
restringe las oportunidades laborales, la participación política, el desarrollo
y la construcción de diversos proyectos de vida.
Situaciones que se agudizan cuando se suman otras formas de discriminación por
edad, etnia, raza, orientación sexual y localización geográfica. En el caso de
niños/as, adolescentes y jóvenes, se constata un incremento en la falta de
identificación civil que, además de restringirles el acceso a servicios y
políticas, constituye un atentado al derecho a la identidad.
Por otro lado, la inclusión de indicadores de género para la medición de la
pobreza permitirá la mejor definición de políticas sociales que respondan a la
complejidad del fenómeno, superando las actuales acciones asistencialistas y
focalizadas.
RECOMENDACIONES
Se debe definir e implementar un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo que
de cuenta de la heterogeneidad estructural del país.
Para superar la situaciones de empobrecimiento y exclusión de cada vez más
amplios sectores de la población, especialmente de mujeres y niños/as, deben
garantizarse e implementarse medidas y programas que aseguren una redistribución
equitativa de la riqueza.
La formulación de las políticas sociales debe trascender acciones
asistencialistas y focalizadas y garantizar programas integrales que respondan a
las necesidades específicas de los sectores excluidos para que alcancen igualdad
de condiciones para su reinserción social.
PROPUESTAS
1. Formular políticas sociales con enfoque de género que promuevan soluciones
integrales a los procesos de exclusión y pobreza. Estas políticas deben tener en
cuenta las diferentes manifestaciones de la pobreza y atender tanto las
carencias materiales como los aspectos subjetivos de las mujeres fomentando su
autonomía en los ámbitos sociales y domésticos y en los sociales y económicos.
2. Desarrollar políticas activas de generación de ingresos hacia las mujeres
desde lo local, especialmente dirigidas a hogares con niños/as en situación de
pobreza, articuladas territorialmente con el conjunto de las políticas sociales
de salud, educación, cuidado infantil y prevención de violencia doméstica y
sexual.
3. Garantizar que las políticas públicas de emergencia social tengan proyección
en las posibilidades futuras de inserción laboral y social de las mujeres.
4. Definir indicadores con perspectiva de género que permitan evaluar las
intervenciones y redefinir políticas más adecuadas a corto, mediano y largo
plazo.
C - TRABAJO
"Promover la independencia y los derechos económicos de las mujeres, incluyendo
el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los
recursos económicos" (IV Conferencia sobre la Mujer de Naciones Unidas, Beijing
1995)
En Uruguay las mujeres continúan ingresando sostenidamente en el mercado
laboral, aún en los peores períodos de crisis económica. No obstante, las tasas
de desempleo, el acceso y las formas de inserción, reflejan notorias diferencias
entre hombres y mujeres, demostrando que las características estructurales del
mercado se mantienen.
La división sexual del trabajo sobre la cual se organiza nuestra sociedad,
constituye el origen de una serie de desigualdades que afecta la vida de las
mujeres, condiciona su inserción en el mercado de trabajo y compromete su
desarrollo y condiciones de vida.
El recorte de las políticas sociales ha significado un aumento de las
responsabilidades de las mujeres en el cuidado y atención de los hijos y las
familias, produciéndose una sobrecarga de las tareas domésticas con el
consiguiente desgaste físico y emocional que representa la doble y triple
jornada de trabajo.
Es necesario que se reconozca el aporte económico del trabajo no remunerado de
las mujeres tanto en las tareas dentro de los hogares como en el suministro de
bienestar social en la comunidad.
Este trabajo doméstico no remunerado es invisible, incluso para las propias
mujeres y limita su participación en los ámbitos económico y social y en el
ejercicio de su ciudadanía.
La precariedad laboral, el sub-empleo y la informalidad afectan particularmente
a las mujeres que, en muchos casos, acceden a empleos mal remunerados,
inestables y sin protección social.
Son las mujeres más pobres las más desempleadas y dentro de este grupo
predominan las jóvenes, aumentándose de este modo la brecha entre las mismas
mujeres.
La flexibilización laboral, la pérdida de normas claras de trabajo, ha
significado peores condiciones laborales, colocando en riesgo muchas veces la
salud y la seguridad de los y las trabajadoras. El miedo a la desocupación
genera graves situaciones de autoexigencia para los empleados y de abuso por
parte de los empleadores. La participación de las mujeres en el ámbito sindical
se ve limitada por una serie de factores: la doble jornada, la falta de
perspectiva de género de algunos sectores laborales, la ausencia de organización
sindical en determinadas ramas del trabajo donde las mujeres son mayoría
(servicio doméstico, supermercados, trabajo informal, etc.).
La situación de discriminación y de segmentación ocupacional entre los géneros
no ha variado demasiado, pues si bien ha habido un crecimiento cuantitativo del
empleo en las mujeres este hecho no se corresponde con un aumento de la calidad
del mismo. Frente a igualdad de tareas y responsabilidades, las mujeres perciben
menos salario que los hombres.
Los estereotipos continúan incidiendo sustantivamente a la hora de excluir a las
mujeres de cargos de decisión y de ciertas ocupaciones que se consideran
tradicionalmente masculinas, e influyen negativamente en los y las jóvenes al
momento de elegir su educación o formación profesional.
Los niveles educativos alcanzados, no han significado una ventaja para las
mujeres a la hora de insertarse laboralmente y aún necesitan contar con
respaldos curriculares mayores que los hombres para alcanzar similares niveles
de ingreso.
El porcentaje de mujeres que accede a la enseñanza técnica continúa siendo la
mitad que el de lo hombres. Sus opciones profesionales aún se concentran en
carreras tradicionalmente femeninas pese a haber aumentado su participación en
las consideradas tradicionalmente masculinas.
El sistema actual de seguridad social agudiza las desigualdades sociales, no
responde a las características del envejecimiento de la población ni al del
mercado informal del trabajo.
Las mujeres se han visto directamente perjudicadas al aumentarse la edad de
retiro, los años de servicio y los efectivamente aportados. Las mujeres viven
más y perciben salarios menores que los hombres durante la carrera ocupacional,
esta situación incide negativamente tanto para la jubilación complementaria como
para el cálculo del salario básico jubilatorio.
Así ante iguales aportes, iguales años de vida y mismo trabajo que los hombres;
las mujeres reciben un salario menor.
El trabajo infantil, en todas sus manifestaciones incluidas las situaciones de
prostitución y tráfico de niños/as, es un atentado a sus derechos. Deben
extremarse las medidas contra aquellas personas que promueven y se benefician de
la explotación de niños/as. Los poderes del Estado, políticos y sociales deben
controlar que los derechos de niños/as sean respetados y garantizados.
A nivel oficial el programa Proimujer (Programa de Promoción de la Igualdad de
Oportunidades para la Mujer en el empleo y la formación profesional) orientado a
mejorar la empleabilidad y las condiciones de inserción en el mercado laboral ha
significado un avance, que aún no es suficiente. Debe darse un mejor seguimiento
que de cuenta de la inserción efectiva de las mujeres en el mercado laboral.
La elaboración del Plan de Igualdad en el Empleo -acordado en el ámbito de la
Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades- puede ser evaluado como un
avance, pero cabe señalar que aún espera la aprobación por el responsable del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La creación del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT (julio 2000) así
como la aprobación en el Congreso del PIT-CNT (octubre 2003) de la cuota
femenina en la representación sindical han significado cambios positivos en la
incorporación y tratamiento de la perspectiva de género en el empleo.
RECOMENDACIONES
Las políticas de empleo que se promuevan deben contemplar la equidad entre los
géneros y facilitar la inserción laboral de las mujeres de diferentes estratos
socioeconómicos, niveles educativos y franjas etarias, apuntando al
fortalecimiento de su autonomía.
El cumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral, así como los distintos
convenios firmados con la OIT, incluidos aquellos referidos al acoso sexual (ley
16.045) y protección de la maternidad, deben garantizarse aplicando sanciones a
todos aquellos que no cumplan con las normativas acordadas.
El conocimiento de la normativa laboral en general y la específica de género,
así como los mecanismos de reclamo ante las autoridades competentes debe tener
la más amplia difusión y promoción.
Los programas sociales de apoyo (educación, vivienda, salud, guarderías) deben
ser integrales, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones familiares,
económicas y sociales que viven las mujeres.
Deben asegurarse y desarrollarse ámbitos de asesoramiento técnico y jurídico con
perspectiva de género que promuevan la creación de nuevas áreas de inserción
laboral para las mujeres.
A nivel nacional y local se debe mejorar la capacidad de generación de ingresos
de las mujeres del área rural facilitando la igualdad de acceso y el control de
los recursos productivos, la tierra, el crédito, el capital y los derechos de
propiedad.
El sistema de Seguridad Social debe adecuarse a la realidad laboral de hombres y
mujeres y a los nuevos arreglos familiares, incluido el concubinato,
contemplando específicamente aquellas situaciones que representen riesgo social
para las personas (embarazo en adolescentes, mujeres jóvenes con hijos a cargo)
y que no estén cubiertas o lo estén insuficientemente.
Debe garantizarse que los y las trabajadores/as de todos los sectores tengan
salarios dignos y condiciones laborales que les permitan desempeñar
adecuadamente sus funciones y preservar su calidad de vida, sin que medie
discriminación alguna.
PROPUESTAS
1. Aprobar una legislación específica que contemple actividades, como servicios
personales, servicio doméstico, trabajo informal y domiciliario.
2. Garantizar el acceso y las facilidades en la obtención de créditos para
promover emprendimientos productivos, asociativos y cooperativos, liderados por
mujeres.
3. Generar programas de capacitación para mujeres desempleadas, en situación de
pobreza, a nivel local, con contenidos que promuevan el desarrollo de su
autoestima y las habilidades básicas para su inserción laboral y social.
4. Capacitar para la empleabilidad, atendiendo la equidad de género, con la
promoción de programas que apunten al ingreso de mujeres en áreas de trabajo
consideradas tradicionalmente masculinas.
5. Evaluar sistemáticamente los programas nacionales en desarrollo, en tanto
insumo para la formulación de políticas de empleo.
6. Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico
facilitado por licencias laborales para hombres por paternidad, adopción y/o
enfermedad de un familiar.
7. Investigar en profundidad y tomar las medidas necesarias para impedir las
consecuencias físicas y psicológicas que en determinadas áreas de trabajo,
especialmente en las mujeres, producen desgaste laboral ("burn out", lesiones
por esfuerzo repetitivo, exposición a sustancias tóxicas a nivel industrial y
agrícola).
D - EDUCACION
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos y
oportunidades". (CEDAW 1979)
En Uruguay, desde hace varias décadas, el sistema educativo público ha alcanzado
una extensa cobertura y un sostenido crecimiento de la instrucción promedio de
la población en general y de las mujeres en particular. Si bien la Enseñanza
Primaria ha ampliado su cobertura a la educación inicial a partir de los cuatro
años, sigue siendo incompleta. Es destacable la participación femenina en la
matrícula de todos los niveles de la enseñanza, con excepción de la enseñanza
técnica.
A pesar de la mejora en la cobertura del nivel pre-escolar, la masificación de
la enseñanza primaria y la tendencia en aumento de la enseñanza media básica así
como la baja tasa de analfabetismo, no se refleja una mejora en la calidad del
contenido de la educación. Si aceptamos como dato de la realidad que el acceso y
la cobertura educativa es una meta relativamente alcanzada en el país, el gran
desafío es la calidad de la educación. Esta falta de calidad se expresa tanto en
los contenidos como en las condiciones en la que la educación se imparte.
Con la agudización de la crisis económica ocurrida en los últimos años, se
verifica un desplazamiento de la matrícula del sistema privado hacia el público,
aunque no ha habido una respuesta adecuada a esta demanda. Las condiciones
locativas son insuficientes, al gran deterioro de los locales y el hacinamiento,
se suman los bajos salarios y el multiempleo de los/as docentes. Es imperioso un
cambio que permita -a partir de la mejora de las condiciones- impactar en la
mejora de la calidad de la educación.
Se ha generado así, una brecha entre el sistema público y el privado que
determina inequidades y restricciones en el acceso y adquisición de
conocimientos y habilidades para la igualdad de oportunidades.
La educación es un derecho y su calidad se vincula con la posibilidad de
formación de hombres y mujeres, promoviendo la equidad de género, a través de
sus contenidos y prácticas cotidianas, asegurando la igualdad de acceso y la
permanencia de las niñas y las mujeres en los diferentes niveles educativos
estableciendo cambios en los procesos formativos que permitan la igualdad de
trato y mejoras en la socialización, en todo el territorio nacional.
Revertir el proceso de deterioro en la calidad de la educación formal y no
formal y garantizar el acceso a una educación permanente se convierte en una
necesidad imperiosa para promover procesos de mayor inserción social y de
participación para el ejercicio de ciudadanía activa y propositiva.
En las sucesivas reformas, en los distintos niveles educativos se
desaprovecharon oportunidades históricas de dar un giro no sexista en la
educación formal a través de un cambio sustancial en los planes de estudio,
currícula y textos.
Se constata: Ausencia de la perspectiva de género en la currícula de todos los
niveles de la Educación formal (Pre-escolar, Primaria, Secundaria, Formación
Docente y Universitaria).
La existencia de elementos estereotipados y discriminatorios en textos y
material educativo: modelos de ser mujer y ser varón, relaciones de poder, roles
al interior de los distintos arreglos familiares.
Ausencia de programas de educación que promuevan el ejercicio de una sexualidad
satisfactoria y responsable, muestran un retroceso por eliminación de
experiencias e iniciativas anteriormente desarrolladas.
La no promoción del respeto a la diversidad y la convivencia democrática.
La insuficiente oferta educativa para las y los jóvenes del medio rural, siendo
una de las causas de emigración.
Importa señalar, el avance que significa la conformación de la Red Temática de
Género en el ámbito de la Universidad de la República; así como el desarrollo
del Programa "Niñas y Niños creciendo en igualdad" en el marco de la Comisión de
la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde además de la
capacitación de docentes y educadores "Hacia una pedagogía de género", han
habido iniciativas interesantes, como el Concurso de Propuestas Didácticas.
RECOMENDACIONES
Debe garantizarse la laicidad en todos los niveles de la educación pública y
promover la educación en Derechos Humanos que fomente el respeto y la
convivencia en diversidad eliminando toda práctica discriminatoria por sexo,
género, raza, etnia, clase, nacionalidad, religión, edad, orientación sexual,
discapacidad, embarazo y/o localización geográfica.
Para que el derecho a la educación sea accesible a todas las personas en todo el
país, se deberán recrear y fortalecer las escuelas públicas rurales y los
programas de capacitación continua de adultos/as.
PROPUESTAS
1. Incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todos los niveles
educativos que contemple: educación no-sexista, educación para la sexualidad,
promoción de modelos no estereotipados de ser varón y ser mujer, métodos
no-violentos de resolución de conflictos con planes de estudio, libros de texto
y materiales didácticos adecuados.
2. Asignar recursos suficientes y eficientemente administrados, para mejorar la
cobertura y la calidad de la educación y profesionalizar y dignificar la tarea
de sus profesionales.
3. Incorporar la educación sexual en la currícula de todos los niveles de la
educación formal, incluida la formación docente.
4. Recuperar, valorar e incorporar en los planes educativos el aporte de las
diversas identidades (étnico-raciales, sexuales, generacionales, urbana, rural,
etc.) en la construcción de la cultura nacional.
5. Promover un proceso de educación permanente que posibilite a las mujeres de
todas las edades, incluidas las del medio rural la formación necesaria,
incluyendo las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), para el
pleno ejercicio de la ciudadanía, en un contexto social cambiante.
6. Desarrollar programas de contención, educación y capacitación laboral para
mujeres adolescentes, que no estudian ni trabajan, de tal manera de promover
proyectos de vida más allá de la opción de la maternidad. Garantizar la
permanencia de las adolescentes embarazadas en los centros educativos de forma
que puedan continuar sus estudios.
7. Implementar estrategias en los ámbitos formales del sistema educativo de
manera que los y las jóvenes reciban una orientación vocacional no sexista que
amplíe sus opciones educativas y laborales.
8. Incorporar educación continua con perspectiva de género a profesionales con
responsabilidad docente promoviendo la comprensión de su responsabilidad para
una enseñanza no discriminatoria.
9. Promover investigaciones y perfeccionar los instrumentos de medición que
permitan diversificar los indicadores de registro por sexo, clase, etnia y edad.
E - DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
"Los objetivos y políticas de población son parte integrante del desarrollo
social, económico y cultural, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de
vida de todas las personas. " (Conferencia de Población y Desarrollo/Cairo 1994)
"Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir
libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer
de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo"
(Conferencia de Población y Desarrollo/Cairo 1994)
Población
Uruguay tiene una población, altamente urbanizada (92.4 %) que se concentra en
un 42 % en la capital del país, Montevideo. En la población urbana el porcentaje
de mujeres es mayor que el de hombres (52.2% a 47.8%, respectivamente),
situación que se invierte a nivel de la población rural (43.8 % de mujeres en
relación a 56.2 % de hombres).
En cuanto a la constitución étnico-racial, la mayoría de la población es
descendiente de inmigrantes españoles, italianos y otros europeos.
Investigaciones históricas y genéticas recientes tienden a demostrar que una
parte importante de la población también tiene ascendencia indoamericana y la
población afro-uruguaya se calcula en el 10 % del total de habitantes del país.
La expectativa de vida es de aproximadamente 75 años con una diferencia entre
los sexos.
Las mujeres alcanzan una longevidad de 8 años promediales más que los hombres,
lo que no significa que tengan una mejor calidad de vida. La mortalidad en los
hombres es más alta -en todas las edades- pero la morbilidad en las mujeres es
mayor y no está suficiente ni adecuadamente registrada. El ser más longevas no
significa que las mujeres tengan mejor calidad de vida.
La tasa global de fecundidad es de 2.4 hijo/a por mujer, siendo uno de los
países con tasa de natalidad más baja en la región. Sin embargo las cifras
varían de acuerdo a la edad de la mujer, el área geográfica donde vive y el
sector socioeconómico al que pertenece.
Salud Sexual y Reproductiva
El incremento de embarazos y partos en mujeres adolescentes se da
fundamentalmente en aquellas pertenecientes a los sectores más pobres. Estudios
realizados muestran que más del 80% de las adolescentes madres no han logrado
completar el ciclo de Enseñanza Secundaria y el 78,98% no está integrada a la
actividad económica. Esta situación deja de manifiesto que las políticas
dirigidas a la población adolescente y juvenil en salud sexual y reproductiva -
las cuales son de muy reciente data en el país - surgieron como respuesta al
agravamiento de la situación y no como una política de reconocimiento de
derechos y de promoción en el ejercicio de los mismos.
Si bien no existen estudios sobre barreras para la accesibilidad y uso de
métodos anticonceptivos, algunos elementos significativos merecen ser
mencionados: la inexistencia de Educación Sexual a nivel de la Enseñanza
Pública, la escasa difusión de los servicios de anticoncepción a nivel del
sector público, la reciente incorporación de estas prestaciones en los servicios
de salud pública, la no incorporación de algunos métodos anticonceptivos (en
particular el DIU) a nivel del sub-sector privado de la salud. Todos estos
elementos dificultan la accesibilidad de las mujeres a las opciones
anticonceptivas. No hay en los servicios una acción dirigida ni a los/as
jóvenes, ni a la atención de los hombres con el objetivo de difundir la
responsabilidad masculina en el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos.
En Uruguay, desde la detección del primer caso de SIDA (Síndrome de
Inmunodefinciencia Adquirida) en 1983, al 30 de abril de 2003 se han notificado
al Programa Nacional de SIDA (PNS-MSP) un total de 7.018 personas seropositivas:
4.855 personas portadoras (VIH+) y 2.163 enfermos de SIDA. Los estudios
centinelas que se realizan anualmente desde 1991, mostraron a partir de 1996 un
enlentecimiento del crecimiento de la epidemia, un aumento de la infección en
las mujeres y una disminución en la edad de las personas positivas.
Respecto al sexo, el 69.2% son hombres y el 30.8% mujeres, la franja etaria más
afectada está entre los 15-44 años, con una máxima incidencia entre los 15-34
años de edad.
El cáncer de mama es la principal causa de muerte de mujeres por cáncer en el
país, ocupando Uruguay el primer lugar en Latinoamérica y el quinto en el mundo.
A pesar de las acciones que desarrolla la Comisión Honoraria de Lucha contra el
Cáncer mediante la donación de mamógrafos a centros de salud y la realización
gratuita de examen de mamografía a mujeres de 40 años y más a través de las
Unidades Móviles, el cáncer de mama tiene una alta prevalencia entre las mujeres
uruguayas. Un estudio reciente señala que las mujeres usuarias del MSP declaran
en un 40 % no haber sido examinadas por el/la profesional en la consulta
ginecológica, así como tampoco haber recibido información sobre el auto examen
de mama.
En el período 1990-2002 se registraron 173 muertes maternas sobre un total de
716.671 nacimientos. Durante todo ese período la mortalidad por aborto fue de
27%, convirtiéndose en la principal causa independiente de muerte materna. En el
Hospital Pereira Rossell el aborto pasó a ser la principal causa de muerte entre
las gestantes, llegando al 49 %. Para atender esta problemática desde el sector
sanitario se promovieron las normas de atención pre y post aborto para atender
las condiciones de riesgo de la práctica clandestina del aborto.
Estas normas no han sido aún aprobadas por el Ministerio de Salud Pública.
Como reacción al problema de salud pública representado por el aborto practicado
en condiciones de riesgo, desde el Poder Legislativo, se elaboró el proyecto de
ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Dicho proyecto ubicaba en el Estado la
responsabilidad de garantizar condiciones para el ejercicio de los Derechos
Sexuales y Reproductivos promoviendo educación sexual, acceso universal a
métodos anticonceptivos, motivación para una paternidad y maternidad responsable
y regulación de la práctica del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Este
proyecto obtuvo la media sanción en Cámara de Diputados el 10 de diciembre de
2002 pero fue votado negativamente en el Senado el 4 de mayo de 2004,
desconociendo al 63% de la opinión pública que manifestó su adhesión al
proyecto.
Si bien la institucionalización del parto ha permitido el descenso de la
mortalidad materna e infantil en el país, tiene como contracara los procesos de
medicalización en donde la mujer pierde protagonismo en el acto de parir y está
-muchas veces- expuesta a las necesidades y reglas del funcionamiento médico e
institucional.
El modelo materno infantil sustentado en el "binomio madre - hijo", así como en
la visión hegemónica sobre el papel de las mujeres en el cuidado de la salud
familiar, en la ausencia del varón-padre y su responsabilidad reproductiva, trae
aparejadas dificultades para establecer políticas y programas que aborden
integralmente la salud sexual y reproductiva.
La Sociedad Civil, y en especial las Organizaciones de Mujeres, han sido un
actor fundamentales en la denuncia y la demanda de políticas integrales que
atiendan los distintos aspectos vinculados a mejorar la atención del embarazo,
parto y del aborto inseguro.
Sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, los actores tradicionales
de mediación política y social enfrentan resistencias para ser reconocidos,
valorados e integrados a sus análisis, discursos y propuestas. Desde diversas
instancias del Estado las acciones realizadas en el terreno de los DDSS y DDRR
carecen de marcos teóricos y conceptuales de respaldo.
A partir del año 2002, hubo una mayor coordinación entre los servicios del
primer nivel del MSP y los de la IMM junto a la sociedad civil organizada hacia
una definición de acciones en salud reproductiva. A modo de ejemplo mencionamos
la creación de la Mesa Consultiva para la implementación del Capítulo V (DDSS y
DDRR) del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos para la ciudad de
Montevideo y la creación de la Comisión Nacional sobre Salud Reproductiva en el
MSP que articula con la Comisión Intergubernamental del MERCOSUR, aunque todavía
no han sido definidas normas de atención en salud sexual y salud reproductiva
que permitan homogeneizar e integrar las intervenciones de los equipos de salud
en este terreno.
En los hechos, se puede constatar que los sistemas de intervención (por ejemplo
en salud y educación) agudizan las diferencias de clase, género, raza, etnia,
edad, estatus marital, orientación sexual, región o nacionalidad. Los programas,
servicios y prácticas suelen no considerar ni respetar diferencias culturales y
de valores. La violación de derechos en este terreno es mucho mayor de la que se
registran en estadísticas y mediciones de desarrollo.
El importante vacío y el sub-registro en estadísticas nacionales sobre diversos
tópicos de los derechos sexuales y reproductivos, impide conocer la dimensión
real de su ejercicio y evaluar adecuadamente el impacto de las acciones. Se
vuelve sustancial priorizar el desarrollo de la investigación y fomentar la
capacitación de recursos como manera de impulsar la necesidad no satisfecha de
muchos profesionales sensibilizados con estos temas.
La relación entre políticas en salud sexual y reproductiva y políticas de
reducción de la pobreza se explicita con mayor claridad a partir de la creación
del Programa de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo (PIAF) ubicado en la
Secretaría de la Presidencia de la República. Este programa surge en el año 2001
con préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se propone como
objetivo principal: "Mejorar las condiciones de vida e inserción social de los
niños, niñas, adolescentes y sus familias en situación de riesgo social."
RECOMENDACION
Cualquier política de desarrollo del país, sólo será posible, si está
íntimamente relacionada con políticas que garanticen el ejercicio de derechos y
la calidad de vida de toda su población.
PROPUESTAS
1. Aprobar una ley que garantice el ejercicio de los Derechos Sexuales y de los
Derechos Reproductivos, incluyendo la posibilidad de la práctica de abortos en
condiciones de seguridad.
2. Asignar los recursos necesarios y suficientes, a nivel nacional y
departamental, para que se desarrollen programas y servicios integrales de salud
(incluida la salud sexual y reproductiva) que se sostengan en el tiempo y no
dependan exclusivamente de fondos externos o presupuestos puntuales.
3. Incluir asesoramiento, información y educación en los servicios y brindar
atención en: anticoncepción, control de embarazo, parto digno y humanizado,
postparto, prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad, prevención y
atención de aborto inseguro y tratamiento de sus consecuencias, prevención y
tratamiento de infecciones de trasmisión sexual y de distintas infecciones
genitales y reproductivas, prevención y atención del cáncer genito-mamario,
garantizando servicios con cobertura y acceso en todo el país y para toda la
población.
4. Desarrollar campañas dirigidas a toda la población, de sensibilización,
información y educación en todo lo relacionado a derechos sexuales y
reproductivos, que impulsen cambios culturales y promuevan la equidad de género.
5. Atender las necesidades de adolescentes y jóvenes en materia de educación,
información y promoción a través de servicios de salud amigables que permitan el
desarrollo de su sexualidad de manera positiva, placentera y segura.
6. Incorporar servicios para las personas de mayor edad teniendo en cuenta
también su salud sexual y la prevención y tratamiento de los efectos vinculados
a la menopausia.
7. Incorporar a la formación y a la educación permanente de los profesionales de
la salud todo lo relacionado a la salud sexual y reproductiva desde una
perspectiva de género y en base a la promoción de una atención humanizada y
respetuosa del desarrollo integral de las personas.
8. Promover y desarrollar investigaciones que permitan obtener información e
insumos sobre comportamiento, distribución y características de la población y
derechos sexuales y reproductivos.
9. Crear nuevos indicadores (incluyendo indicadores cualitativos) que permitan
evaluar calidad de atención desde una perspectiva de género y el impacto que las
políticas y programas implementados tienen sobre las condiciones de vida de la
población.
F - VIOLENCIA DE GENERO
"La CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS (VIENA 1993) establece la
importancia de acentuar el trabajo encaminado hacia la "eliminación de la
violencia contra la mujer, tanto en su vida pública como privada; la eliminación
de toda forma de acoso sexual, explotación o tráfico de mujeres; la eliminación
de prácticas perjudiciales en la administración de justicia, así como también la
erradicación de todo conflicto que pueda surgir entre los derechos de la mujer y
el dañino efecto de prácticas tradicionales o consuetudinarias, prejuicios
culturales o extremismo religioso ".
La violencia de género se expresa en prácticas de discriminación, exclusión,
abuso y acoso sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. Se apoya en
patrones culturales y estereotipos, así como en prácticas estructuralmente
arraigadas en las relaciones sociales y, en especial, en las relaciones de poder
abusivas entre hombres y mujeres, que reflejadas en los diferentes ámbitos del
accionar social, institucional y político, constituyen otra forma de inseguridad
ciudadana. Esta forma de violencia se ejerce contra toda persona cuya expresión
de género no sea fácilmente encuadrable en algunas de las dos categorías
aceptadas como excluyentes (masculino/varón - femenino/mujer).
Una de las expresiones de la violencia de género es la violencia doméstica que
es una realidad muy extendida en nuestro país. A pesar de la magnitud del
problema, no existen datos precisos sobre el impacto de los daños. La única
información con que se cuenta permite confirmar estas afirmaciones, desde los
registros realizados en los servicios de atención directa a mujeres víctimas de
violencia.
En el Uruguay de hoy muere asesinada, cada 9 días, una mujer adulta o niña,
víctima de violencia doméstica o sexual.
La cobertura de las instituciones públicas y privadas que desarrollan acciones
de abordaje, en situaciones de violencia doméstica, es absolutamente
insuficiente y está concentrada en Montevideo. Muchas de estas intervenciones
son acciones puntuales que responden al momento de crisis, pero no tienen
condiciones para asegurar la atención efectiva, la reparación de los daños y la
modificación de las condiciones que mantienen a la mujer inmersa en una relación
abusiva de poder.
En este contexto, ha sido positiva la incorporación a la legislación nacional,
de los acuerdos establecidos en las convenciones, pactos y tratados del sistema
de Naciones Unidas, ratificados por el Uruguay en materia de violencia de
género. De especial importancia fue la ratificación de la Convención de Belém do
Pará. (9 de julio, 1994) En la órbita del Ministerio del Interior se instaló la
Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, de la que depende el Centro
de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar. En Montevideo y en algunos
departamentos del interior se han creado Comisarías de la Mujer y la Familia u
oficinas de atención y seguimiento a las víctimas de violencia doméstica.
Asimismo el Programa de Seguridad Ciudadana (1999-2001) que, en convenio con las
ONG vinculadas a la Violencia Doméstica, ha fortalecido la atención directa y la
capacitación a funcionarios/as de los sectores policial, judicial, educación,
salud y trabajo comunitario.
A nivel municipal, en algunos departamentos del Interior del país existen
oficinas de la Mujer y la Familia. En Montevideo, la Comisión de la Mujer de la
IMM instrumenta el servicio telefónico de apoyo a mujeres en situación de
violencia, que se extiende a todo el país desde 2003 y desarrolla programas de
promoción de derechos de las mujeres a través de las Comuna Mujer que incluyen
servicios de atención gratuita en violencia doméstica y de Atención Integral a
la Mujer (PAIM). Así como establece un capítulo específico en el Plan de
Igualdad de Oportunidades y Derechos.
A nivel legal, en 1995, se incorpora al Código Penal la figura de Violencia
Doméstica (art.
321 bis de la Ley 16.707 de Seguridad Ciudadana) y en 2002, se aprueba la Ley Nº
17.514, que establece un marco jurídico específico para la prevención e
intervención en violencia doméstica. En el artículo Nº 24 esta ley dispone la
creación del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica,
que funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, responsable
de la elaboración del Primer Plan Nacional de Lucha contra la violencia
doméstica, con un enfoque integral, orientado a la prevención, atención y
rehabilitación de las personas involucradas, a los efectos de lograr la
utilización más adecuada de los recursos existentes, en beneficio de toda la
sociedad. La norma atribuye a este organismo otras competencias como control,
revisión, adaptación y seguimiento de su implementación y ejecución. El 25 de
Noviembre del año 2003, este Consejo Nacional Consultivo entregó formalmente el
Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica al Señor Ministro de
Educación y Cultura, para ser elevado al Poder Ejecutivo, el que ha sido
aprobado el 17 de junio de 2004.
A nivel social, no existe una estrategia global de sensibilización y de
transformación de las pautas que están en la base de la violencia de género.
Tampoco existe una campaña nacional de prevención desde los medios masivos de
comunicación, desde los cuales se aborda la Violencia Doméstica como una
información más, presentando los sucesos como "dramas pasionales", simplificando
la complejidad del problema, e invisibilizando el fenómeno social de la
violencia de género.
Las acciones de las organizaciones no gubernamentales de mujeres, en alianza con
otros actores sociales y políticos han sido clave para el diseño, la
instrumentación e implementación de programas, y para el seguimiento de su
aplicación.
Los avances consignados constituyen iniciativas aisladas, sin la necesaria
continuidad ni interrelación entre los sectores implicados, por lo que no
configuran una Política Pública integral contra la Violencia Doméstica, ni un
sistema orientado a prevenir, asistir y atenuar el impacto de la violencia de
género.
RECOMENDACIONES
Para abordar de forma interdisciplinaria e intersectorial las situaciones de
violencia de género, que en su avasallante mayoría consiste en violencia contra
la mujer, se debe fortalecer mecanismos que promuevan protocolos de atención,
orientados a la eliminación de todas las formas de violencia entre las personas.
Concomitantemente a una efectiva ejecución de las propuestas establecidas en la
ley se deben realizar campañas sostenidas en todo el país, que promuevan el
respeto, así como un cambio cultural que fomente la no violencia entre las
personas.
PROPUESTAS
1. Implementar y ejecutar el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia
Doméstica, que garantice el abordaje del fenómeno social desde la
interdisciplinariedad e intersectorialidad. (Art. 24 de la Ley Nº 17.514).
2. Asignar recursos económicos adecuados a las necesidades que determinen la
aplicación de leyes, planes y programas previstos y el seguimiento de su
ejecución, a nivel de todo el país.
3. Crear sedes judiciales especializadas, con disponibilidad de recursos humanos
y materiales, defensorías de oficio con especialización en la atención de
víctimas y victimarios y equipos técnicos de asesoramiento directo a los/as
Magistrados/as para cada Sede Judicial, con competencia en los temas de
Violencia Doméstica y sexual, en todo el territorio nacional. (Cap. V - numeral
4.3.9. Plan Nacional).
4. Generar refugios transitorios para albergar mujeres y niños en situación de
violencia que aborden integralmente la problemática y garanticen un tiempo de
estadía hasta que existan condiciones que permitan la reinserción social y
laboral de esas mujeres y sus hijos/as.
5. Capacitar de forma continua a educadores, funcionarios de la salud, del
Ministerio del Interior y del Poder Judicial, para la prevención, detección e
intervención en situaciones de Violencia de Género. Esta capacitación deberá
incluirse dentro de un marco general de respeto de los derechos humanos y de
equidad de género, revisando las prácticas institucionales discriminatorias por
razones de género, etnia, raza, clase, edad, orientación sexual, religión y/o
localización geográfica.
6. Promover un sistema de información y registro de la violencia de género y la
medición de su impacto, institucionalizándolo a nivel nacional.
7. Formular un programa de generación de alternativas económicas dirigido a
mujeres víctimas de violencia doméstica que facilite la separación del agresor.
8. Crear un observatorio de medios de comunicación que monitoree la violencia de
género, incluida la de carácter simbólico.
G - MECANISMOS ESTATALES PARA LA EQUIDAD DE GENERO
"Los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres son los organismos
centrales de coordinación de políticas de los Gobiernos. Su tarea principal es
prestar apoyo en la incorporación del concepto de igualdad entre mujeres y
hombres en todas las esferas de la política y a todos los niveles de gobierno..
". (Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing 1995)
Desde la reconstrucción democrática del país, en 1985, no se ha logrado
consolidar un sistema con capacidad, fuerza y recursos como para avanzar en el
diseño de las políticas públicas con equidad de género, a nivel de todo el país.
La falta de voluntad política se ha traducido en la generación de mecanismos
aislados, poco eficientes y poco eficaces para desarrollar y articular políticas
tendientes a avanzar en las condiciones de vida de las mujeres, así como para
transversalizar la dimensión de género en todas las acciones de gobierno.
Los mecanismos creados hasta el momento, no están ubicados en lugares de
jerarquía dentro de las estructuras del Estado. Carecen de los recursos
financieros necesarios, los cargos de responsabilidad son prácticamente
honorarios y sus recursos humanos no están debidamente calificados. Un claro
ejemplo de esto es el estatus, funcionamiento, accionar y los resultados
obtenidos por el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM).
La elaboración del Plan de Igualdad en el Empleo -acordado en el ámbito de la
Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades- y la aprobación del Plan de
Igualdad de Oportunidades y Derechos de la ciudad de Montevideo, así como del
Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, son algunas señales
alentadoras. Sin embargo, Uruguay carece de un Plan Nacional de Equidad y de un
órgano rector que oriente y articule las acciones emprendidas desde el propio
Estado. Por lo que la mayoría de los compromisos signados por el país en el
sistema de Naciones Unidas no han tenido una traducción en acciones concretas y
sostenidas.
No obstante, las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil han sabido
encontrar otros espacios y han tenido un papel fundamental en la generación de
espacios de diálogo entre los diferentes Poderes del Estado. La creación de la
Bancada Femenina, la Comisión Especial de Género y Equidad en la Cámara de
Diputados, la Comisión de Equidad de Género a nivel de la Intendencia Municipal
de Montevideo y acciones específicas de las bancadas femeninas de las distintas
Juntas Departamentales, han jugado un rol articulador en los esfuerzos que hacen
las mujeres uruguayas para lograr una ciudadanía más plena que potencie sus
derechos y permita avanzar hacia la consolidación de la equidad.
RECOMENDACION
Para que se efectivice una transversalización de la equidad de género en las
políticas públicas y acciones desarrolladas por el Estado, en sus diferentes
niveles, se debe garantizar la participación de la sociedad civil organizada en
los mecanismos que se generen para la formulación, seguimiento y control de las
políticas de género.
PROPUESTAS
1. Crear un Sistema Nacional de Políticas para la Equidad de Género, ejecutable
desde un órgano ubicado al más alto nivel jerárquico, encargado de definir
objetivos, formular, implementar y evaluar las políticas generales y sectoriales
mediante coordinación con los restantes organismos públicos.
2. Asignar recursos en el presupuesto nacional que permitan que este Sistema de
Políticas para la Equidad de Género, pueda ejecutar sus acciones de manera
sostenida.
3. Dotar a ese Sistema de atribuciones claramente definidas que le permitan
tener la competencia para incidir en los diversos ámbitos correspondientes a los
tres Poderes del Estado y/o a los órganos autónomos, descentralizados, de
contralor y los de los gobiernos departamentales.
4. Elaborar un Plan de Acción Nacional para la Equidad de Género y Planes de
Igualdad de Oportunidades en los diferentes departamentos, con acciones
intersectoriales adecuadas a las distintas realidades locales.
E - INSTRUMENTOS JURIDICOS INTERNACIONALES DE REFERENCIA (1)
Ciudad
y/o fecha
Entrada en vigor
Ratificada por Uruguay
Pacto de derechos civiles y políticos
1966
23 de marzo 1976
Ley Nº 13.751
11 de julio 1969
Pacto de derechos económicos, sociales y culturales
1966
3 de enero 1976
Ley Nº 13.751
11 de julio 1969
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW)
1979
31 de setiembre 1981
Ley N° 15.164
28 julio 1981
Convención de los derechos del niño
Nueva York
1989
2 de setiembre 1990
Ley Nº 16.137
28 setiembre 1990
Conferencia sobre medioambiente y desarrollo
Río 1992
No vinculante (1)
II Conferencia mundial sobre derechos humanos
Viena 1993
No vinculante
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer
Belem do Para
1994
Febrero 1999
Ley Nº 16.735
5 enero 1996
IV Conferencia internacional sobre población y desarrollo (CIPD)
Cairo 1994
No vinculante
IV Conferencia mundial sobre la mujer
Beijing 1995
No vinculante
LEYES NACIONALES DE REFERENCIA:
a.. Ley N° 16.707 Art. 18. Ley de Seguridad Ciudadana, incorpora el delito de
Violencia Doméstica al Código Penal al Código Penal mediante el Art, 321 bis.
Año 1995
b.. Ley 17.514 Ley para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar la Violencia
Doméstica establece un marco jurídico específico para la prevención e
intervención en violencia doméstica. En el artículo Nº 24 dispone la creación
del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que
funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, responsable de la
elaboración del Primer Plan Nacional de Lucha contra la violencia doméstica. Año
2002
c.. Ratificación de la Convención interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura. Ley 16.294 del 11 de agosto de 1992.
d.. Ratificación de Convenios N° 100 de OIT respecto a la igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor, Nº 111 relativo a la discriminación en materia de empleo
y ocupación y Nº 156 referente a los trabajadores con responsabilidades
familiares. Ley 16.063 del 6 de Octubre de 1989.
e.. Ley N° 16.045 Igualdad de trato y oportunidades.
1. Fuente CLADEM - URUGUAY
2. Las Declaraciones y Conferencias de Naciones Unidas no son jurídicamente
vinculantes, es de esperar que el Estado parte las asuma, sobre todo, en
aplicación del principio de derecho internacional público de la buena fe y fiel
cumplimiento de estos instrumentos. Son documentos de compromiso con la
comunidad internacional de parte de los Estados miembros a diferencia de las
convenciones, pactos o tratados que son jurídicamente exigibles, es decir que se
puede exigir tanto su respeto como su cumplimiento.
Comisión Nacional de Seguimiento:
Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía
comcosur • recosur • autofocus • amarc-uruguay • • eternautas