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ÁFRICA
1) LLAMAN A RATIFICAR PROTOCOLO DE LOS DERECHOS DE LA
MUJER
Para ratificar el Protocolo de los Derechos de la Mujer en África, se necesita
al menos que 15 países de la región ratifiquen el acuerdo. Pero solo tres - de
los 27 que lo firmaron- lo han hecho hasta ahora: Comores, Libia y Ruanda.
Por ello, Amnistía Internacional solicitó a la Asamblea de la Unión Africana(UA)
que incentive a más Estados de la región ratificar dicho Protocolo con prontitud
y sin reservas.
Ya se cumplió el primer aniversario de la adopción del protocolo, pero las
mujeres africanas continúan sufriendo violaciones a los derechos humanos por el
simple hecho de ser mujeres, víctimas de todo tipo de discriminación. Por lo
tanto, declaró Amnistía Internacional, es fundamental que los Estados miembros
de la organización ratifiquen el compromiso hecho por la Asamblea de la UA.
El protocolo es de gran importancia para la vida cotidiana de las mujeres porque
les permitirá exponer sus problemáticas, directamente ante organismos regionales
de derechos humanos como la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Dicho instrumento garantiza a las mujeres una amplia gama de derechos civiles y
políticos, así como económicos, sociales y culturales, reafirmando el derecho de
acceso a la universalidad, y la indivisibilidad e interdependencia de todos los
derechos humanos internacionalmente reconocidos de las mujeres.
Entre ellos, figuran el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de la
persona, la protección contra las prácticas tradicionales dañinas, la
prohibición de la discriminación y la protección de las mujeres en situaciones
de conflicto armado. Además, el Protocolo garantiza el derecho a la salud y a
los derechos reproductivos de las mujeres; el acceso a la justicia, la igualdad
en la protección ante la ley y la prohibición de la explotación y la degradación
de las mujeres. En resumen, el Protocolo obliga a los Estados Partes a integrar
una perspectiva de género en sus decisiones sobre adopción de políticas,
legislación y planes de desarrollo y a garantizar el bienestar de las mujeres.
El Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
relativo a los derechos de la mujer en África fue adoptado por la Asamblea de la
Unión Africana el 11 de julio de 2003 en Mozambique. Y la Comisión Africana es
la encargada de vigilar la aplicación del Protocolo mediante el examen de los
informes periódicos que deben presentar los Estados de acuerdo con la Carta
Africana. Además, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se
ocupará de las cuestiones de interpretación surgidas de la aplicación o puesta
en práctica del Protocolo.
Fuente: Amnistía Internacional
ARGENTINA
1) MUJERES DE CÓRDOBA CUESTIONAN POLÍTICAS SOBRE
VIOLENCIA FAMILIAR
Marité Iturriza (Infored)
La intervención del Estado no alcanza para prevenir y contener la violencia
creciente contra las mujeres. Así lo sostienen numerosas organizaciones de
mujeres de Córdoba. Cuestionan la inexistencia de una Ley específica a nivel
provincial y la falta de capacitación en los propios juzgados donde acuden las
víctimas.
Además, al programa de Violencia Familiar del gobierno provincial le critican,
entre otras cosas, la falta de articulación con la policía y la justicia. “La
violencia familiar es un delito y no debe ser despojada de esta connotación”,
asegura la Asociación Sagrada Familia.
La violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes maneras y en
distintos ámbitos: en la familia, en la calle, en el trabajo, en las escuelas,
en las iglesias, en las instituciones en general. En el ámbito familiar es la
principal causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años. En
Córdoba, así como en el resto de las ciudades del mundo, las denuncias no
reflejan la real dimensión del problema, ya que se trata de casos que, en
general, no se denuncian.
En la provincia, la Gerencia de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia
Familiar -creada en agosto de 2003- coordina dos programas: el de Violencia
Familiar y el de Asistencia a la Víctima del Delito.
El primero cuenta con un programa de becas implementado en el mes de septiembre
del año pasado, denominado “Nueva Vida”. Éste asigna durante seis meses un
subsidio monetario a las personas que viven situaciones de violencia familiar
para “soslayar los riesgos derivados de la cohabitación con el agresor,
estableciendo una nueva residencia”. En la actualidad hay 166 personas
percibiendo la ayuda.
El lanzamiento del programa Nueva Vida triplicó la tarea asistencial de esa
dependencia. Si bien cuando comenzó se esperaba una mayor demanda ligada a la
posibilidad de solicitar una beca, los responsables del área aseguran que el
aumento en los pedidos de ayuda se relacionó de manera directa con la
instalación del tema en los medios de comunicación a raíz de las publicidades
que formaron parte de la campaña electoral del oficialismo en octubre del año
pasado.
La estadística indica que mientras entre octubre 2002 y agosto de 2003 las
solicitudes en la Gerencia habían oscilado entre los 123 y los 174 casos, éstos
se elevaron a 341 en septiembre y 332 en octubre, durante la campaña
publicitaria electoral, cayendo levemente a 290 en noviembre. Sin difusión
masiva, la demanda en la Gerencia fue de 230 en diciembre; 62 en enero; 230 en
febrero; 311 en marzo; 214 en abril y 229 en mayo pasado.
Un dato del mes de junio último confirma la relación directa entre difusión del
tema y aumento en las denuncias. Al día siguiente de la emisión de un informe
sobre violencia familiar por un canal de televisión, se triplicaron los pedidos
de ayuda en Violencia Familiar. El Programa cuenta con un equipo técnico
integrado por seis psicólogos, tres abogados, cuatro trabajadores sociales y
cuatro empleados administrativos.
“Tenemos una frecuencia mensual de unos mil casos que pasan por Violencia
Familiar, la mayoría de ellos recibe atención psicológica grupal”, indicó
Marcelo Cusmaúl, psicólogo del programa.
La Gerencia trabajó hasta ahora de manera centralizada, recibiendo casos de toda
la provincia, pero en los últimos meses inició un proceso de descentralización.
En esta etapa se estableció con municipios y comunas distintos modos de
intervención, que pueden agruparse en tres categorías. Una, centrada en un
trabajo de sensibilización y capacitación. Una segunda, de sensibilización y
capacitación en la asistencia. Y un tercer grupo al que se brindó capacitación
en la asistencia y con quien además hace 15 días se firmó un convenio de
creación de Centros de Atención en Violencia Familiar.
Posturas
“El programa Vida Nueva es insuficiente y adolece de criterios básicos para el
abordaje de esta problemática”, aseguran desde la Asociación Sagrada Familia,
una organización no gubernamental (ONG) que se dedica a la prevención,
tratamiento y estudio de la violencia familiar.
Entre otros aspectos, cuestionan el hecho de que este programa se sustente a
partir del alejamiento de la víctima de su hogar, no contemplando otras
opciones, tal como excluir al agresor. “Alejar a la mujer y sus hijos no
garantiza la distancia con el victimario y la exclusión significa un nuevo
despojo”, advierte Ruth Ahrensburg, la psicóloga que preside la institución.
En el mismo sentido se pronunció la coordinadora del equipo de Género del
Servicio a la Acción Popular (SeAP). “El programa es limitado, no resuelve la
cuestión. En seis meses la mujer no resuelve su vida. Estos son casos complejos,
además, la mujer que abandona su casa tiene que enfrentarse, entre otras cosas,
a un lugar desconocido”, señaló Gabriela Rotondi.
Para Cecilia Ré, del área Género del CECOPAL (Centro de Comunicación Popular
y Asesoramiento Legal) el programa no responde globalmente al problema. En
referencia a los servicios brindados por el Programa de Violencia Familiar,
consideró que “es fundamentalmente de asistencia, pero no tiene un abordaje
integral”, además de no contar con suficiente difusión.
“Las mujeres golpeadas no encuentran protección ni en el Estado ni en el ámbito
de la sociedad civil; son mínimos los recursos disponibles para las mujeres”,
asegura Gabriela Rotondi.
La asociación Sagrada Familia sostiene que hace falta la adhesión a nivel
provincial a la Ley Nacional 24417 de Violencia Familiar porque “sin esta
instancia legal, la violencia familiar no constituye delito. Con una legislación
actualizada y vigente se consolida todo programa de prevención y acción, sin que
éstos tengan connotación asistencial o política”, aseguran.
Para Gabriela Rotondi, si bien la implementación de una ley provincial
contribuiría a mejorar el abordaje del problema, lo que hace falta es “una tarea
en el marco del cambio en las representaciones sociales; que este problema se
vea como de salud pública; que lo tomen los distintos sectores. No es suficiente
que lo tomen algunos -advierte- hay que instalar espacios educativos, impulsar
desde el movimiento de mujeres estrategias para atender a las mujeres con casos
concretos de maltratos”. Rotondi subraya que hace falta “un abordaje complejo
para poder intervenir como sociedad desde los distintos actores y desde las
distintas políticas públicas”.
Por su parte, la abogada Silvia Juliá señaló que uno de los problemas es la
falta de una ley provincial que obligue a los jueces a tomar determinadas
medidas ante un caso de violencia. “La ley nacional 24417 plantea que toda
persona puede recurrir al juez con competencia de Familia y solicitar medidas
cautelares. Pero la Provincia no adhirió”, recuerda Juliá.
Y advierte: “hay cosas que la ley sola no va a solucionar”, como la falta de
capacitación. En ese sentido, aseguró que los juzgados de Familia, por ejemplo,
reproducen los estereotipos de género. “Hay casos de abuso en los que las madres
están peleando varios años para impedir el contacto del abusador con la
víctima”, indicó la representante legal de Católicas por el Derecho a Decidir
Córdoba.
La violencia ejercida contra las mujeres es un tema alrededor del cual los
organismos internacionales se han pronunciado no hace muchos años atrás.
La primera declaración a nivel regional (OEA) sobre la violencia de género es de
1994: la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer”, conocida como Convención de Belém do Pará. Por
primera vez este año, entre los organismos internacionales dedicados a la
defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, lanzó una campaña a
nivel mundial para luchar contra este flagelo.
A nivel local, las organizaciones no gubernamentales que trabajan desde una
perspectiva de género también reconocen que el tema de la violencia contra las
mujeres y específicamente la ejercida en el ámbito familiar, es una deuda
pendiente. El año pasado trabajaron sobre la recopilación de normales legales
como base para comenzar a debatir una futura ley provincial, la presentaron en
la legislatura, pero no recibieron respuesta. Este año, el Movimiento de Mujeres
de Córdoba creó la “Comisión contra la violencia sobre la mujer”. Desde hace un
mes, se reúnen semanalmente para analizar y debatir el tema.
Fuente: Infored, Argentina, via RIMA
BRASIL
1) IGLESIA PROTESTA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL
El secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Odilo
Scherer, protestó contra el dictamen del juez del Supremo Tribunal Federal
(STF), Marco Aurelio Mendes, que autoriza el aborto en casos de fetos sin
cerebro. “El sufrimiento de la madre no es justificación suficiente para
quitarle la vida a su hijo”, declaró Scherer, aún reconociendo los riesgos para
la salud de la madre que puede acarrear ese tipo de embarazo, y que “la mujer
que genera un hijo con acefalía puede pasar por un drama grave y muchos
sufrimientos”. El obispo realizó estas declaraciones en entrevista al semanario
de la archidiócesis de São Paulo, reproducida en el diario Folha.
Por su parte, el cardenal arzobispo emérito de Rio de Janeiro, Eugenio Sales,
recomendó a los católicos, en artículo publicado en el diario O Globo, que
revisen su voto (ante las elecciones municipales de octubre) y recomienda que si
los representantes electos, en el curso de su mandato, “son favorables al crimen
del aborto, a la interrupción del embarazo de fetos anencéfalos”, dividan
“responsabilidad con estos”.
El juez basó su decisión de autorizar el aborto porque “en los casos de
anencefalía, la ciencia médica actúa con margen de certeza igual a 100%” sobre
la muerte clínica del bebé.
La causa fue planteada por la Confederación Nacional de Trabajadores de la
Salud, que alegó que obligar a una mujer a llevar hasta el fin un embarazo de un
ser al que sabe clínicamente muerto, constituye “un sufrimiento físico y
psicológico equiparable a la tortura”. La causa debe ser discutida aún por el
plenario del STF, que se reunirá en agosto.
El aborto está permitido en Brasil desde 1940, cuando se trata del único medio
de salvar la vida de la madre o en casos de embarazos resultantes de una
violación. (AFP)
CHILE
1) EL ABUSO LEGAL DE LA IGLESIA CATÓLICA
Alejandro Sánchez
La Iglesia Católica, cuestionada seriamente en los últimos años por numerosas
denuncias de abusos sexuales a menores por parte de sus clérigos, ha escrito dos
nuevos capítulos de su historia ayer, miércoles 7 de julio, en Estados Unidos y
en Chile. Ambos casos siguen poniendo en tela de juicio la calidad moral de la
institución, que recurre a maniobras cada vez más execrables para salvaguardar
sus arcas.
En Estados Unidos, como una forma de cesar el pago de indemnizaciones a las
familias de menores abusados, la Arquidiócesis de Portland ha recurrido a la
declaración de quiebra, una maniobra legal inédita en la historia de la Iglesia
Católica. Obligada a pagar unos 70 millones de dólares por 130 casos ya
juzgados, el recurso ha logrado detener temporalmente el juicio contra el
sacerdote ya fallecido Maurice Grammond, acusado de abusar al menos contra unos
50 menores en la década de los ‘80, juicio que podría significar el desembolso
de otros 200 millones de dólares. Según algunos cálculos, desde las primeras
denuncias de abusos sexuales a menores, la Iglesia Católica estadounidense
habría pagado ya más de 800 millones de dólares, en su mayor parte por concepto
de acuerdos extrajudiciales.
Por otra parte, en Chile, el Arzobispado de Santiago acaba de recurrir a la
Corte Suprema para evitar el pago de 100 millones de pesos a dos de las víctimas
del ex sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle, “el cura Tato”, condenado por los
delitos de abuso sexual y estupro. Los argumentos del Arzobispado se basan en
que “la dependencia de un sacerdote en la Iglesia Católica con su obispo se da
en el plano pastoral y espiritual y no en lo civil”, cuestionamiento que se
contradice con lo acontecido en Estados Unidos, donde ha quedado establecida la
responsabilidad civil de la Iglesia como institución sobre cada uno de sus
integrantes. En ese sentido, y siguiendo la lógica de la verticalidad
institucional, el fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones no
solamente confirmó la pena de 12 años de cárcel para “el cura Tato”, sino
también estableció que el Arzobispado “no ejerció su deber de vigilancia sobre
el sacerdote Aguirre y por ende tiene responsabilidad civil”, y duplicó de 50 a
100 millones de pesos la indemnización a las víctimas.
La nueva estrategia planteada en Estados Unidos, obviamente encaminada a
resguardar su poder económico, podría abrir nuevas grietas en una iglesia que
pierde anualmente una cantidad creciente de fieles y que, en el caso del
Arzobispado chileno, se vuelve impopular incluso entre sus fieles gracias a una
actitud retrógrada en materias sociales y a la cada vez más evidente
incoherencia entre su discurso pastoral y su actuar civil.
2) RESTAURANTE GAY PUEDE SER CERRADO POR
PREJUICIO
Adital
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) quiere impedir que
el primer restaurante gay del municipio de La Serena, el CC Rivera, sea
clausurado por una postura homofóbica y discriminatoria. Desde mayo de este año,
los propietarios del establecimiento han denunciado hostigamiento y persecución
por parte de la Dirección de Obras local.
Representantes del movimiento se reunieron el pasado viernes, día 09, con las
autoridades de La Serena con el objetivo de asegurar que el restaurante
permanecerá abierto y lejos de cualquier acción motivada por prejuicios.
La jefa de gabinete del Municipio, Natacha Rivera, y el jefe de Patentes, Luis
Lara, indicaron al presidente del Movilh, Rolando Jiménez, que las inspecciones
a CC Rivera no tenían relación con el tipo de público que los visita, sino sólo
con variadas irregularidades del establecimiento.
“Para nosotros es de vital trascendencia que ningún local sea hostigado o
clausurado porque su público es homosexual, en especial en un lugar como La
Serena donde la población lésbica y gay no tiene espacios alternativos para
socializarse sin la presión de la discriminación”, indicó Jiménez.
Tras la reunión, fue hecho un acuerdo por el cual el Municipio asesorará al
restaurante para que normalice su situación. “Si tras ello, las inspecciones
continúan estaremos claramente en presencia de discriminación y, por los mismo,
intervendremos en ayuda de los propietarios”, afirmó.
3) MUJERES LATINOAMERICANAS
MONITOREARAN EL FEMINICIDIO EN LA REGION
Adital
La campaña “Por la Vida de las Mujeres, Ni una Muerte +”, que lucha hace tres
años para combatir la escalada de asesinatos de mujeres en América Latina y
Caribe, especialmente en Ciudad Juárez (México) y Guatemala, acaba de forjar una
nueva arma contra el feminicidio en la región: un banco de datos sobre los
crímenes de género.
De acuerdo a las organizaciones que impulsan el emprendimiento, “el Banco de
Datos sobre feminicidio online, al que se accederá en breve por www.isis.cl,
estará a la disposición de las organizaciones y redes de mujeres de la región
para su trabajo y también para atender a la fuerte demanda de información
generada sobre este fenómeno, por parte de los medios de comunicación y personas
del ámbito académico y gubernamental”.
Para las activistas reunidas en la organización feminista chilena Isis, el banco
de datos reforzará los intentos ya iniciados de hacer “visible el fenómeno del
feminicidio en los distintos países de la región. En este sentido, el uso y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información ha sido un factor
clave para dar a conocer los objetivos y acciones de la lucha en contra del
feminicidio a públicos diversos, más allá de los circuitos oficiales de los
movimientos de mujeres”.
Para tanto, las mujeres piden que las personas contribuyan con toda información
pertinente: investigaciones, artículos, estadísticas, campañas y actividades
diversas, publicaciones, entre otras, que servirán para alimentar periódicamente
el banco de datos.
ESTADOS UNIDOS
1) AGENCIA STANLEY PAGA 54 MILLONES EN CASO DE
DISCRIMINACIÓN
(Mujereshoy) La agencia de bolsa Morgan Stanley, de Estados Unidos, pagó 54
millones de dólares el lunes para arreglar un pleito por discriminación sexual.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo había alegado que en
Morgan Stanley reinaba un patrón de discriminación que les negaba a decenas de
mujeres la posibilidad de ascender y pagaba salarios más altos a hombres menos
eficientes.
El juez federal había convocado a audiencia el lunes para escuchar los alegatos
iniciales. El viernes se conformó un jurado con ocho mujeres y cuatro hombres.
El presidente de Morgan Stanley y el de la comisión, que inició el juicio en el
2001, participaron personalmente de las negociaciones durante el fin de semana.
El acuerdo incluye una indemnización de 12 millones de dólares para Allison
Schieffelin, ex vendedora de bonos de Morgan Stanley que era la acusadora
principal.
Morgan Stanley debe tomar medidas de “amplio alcance”, incluida la de someterse
a la supervisión externa, para promocionar la función de las mujeres en su
plantel. Un juez federal retirado supervisará un fondo de 40 millones de dólares
para mujeres que acusan a la firma de discriminación. Otros 2 millones de
dólares serán para realizar programas de diversidad.
“La corte no fallará sobre los méritos de los alegatos de una u otra parte”,
dijo Berman.
Schieffelin abrazó a sus padres al conocerse el acuerdo en la corte federal de
Manhattan. Dijo que haría declaraciones más tarde.
Otros pleitos similares contra agencias de bolsa se han resuelto de manera
extrajudicial. Las conversaciones en el caso de Morgan Stanley se habían
interrumpido el año pasado.
Fuente: Associated Press
GUATEMALA
1) OFERTA: PARANOIA Y PÁNICO GRATIS
Ileana Alamilla
Feminicidios, asesinatos, homicidios, robos, asaltos, atracos, secuestros y
muchos ilícitos similares más, son algunos de los dramas en este bellísimo país,
con el enorme costo de intranquilidad y miedo constante para los habitantes.
Guatemala fue, durante 36 años de conflicto armado, un país de zozobra,
violación sistemática a los derechos humanos, perpetrada por el Estado a través
de los cuerpos represivos que aplicaron una brutal política contrainsurgente que
arrasó aldeas enteras con sus habitantes incluidos.
Las consecuencias y efectos de este genocidio perduran sin que la sociedad haya
alcanzado la reconciliación, ni que el Estado haya saldado debidamente la
responsabilidad y culpa de tantos y tan brutales crímenes.
A 8 años de firmados los Acuerdos de Paz, este país centroamericano enfrenta una
violencia generalizada que afecta a toda la sociedad, que va en aumento y que
convive con los altísimos niveles de pobreza e injusticia social prevalecientes.
Los medios de comunicación reportan diariamente en sus espacios notas sobre
asaltos, crímenes, asesinatos y otros hechos violentos con los más variados
estilos, unos absolutamente irrespetuosos con las víctimas y sus familiares,
otros menos sensacionalistas, pero pareciera que todos han tenido que asumir su
dosis de amarillismo ya que la realidad se impone y los sucesos son la noticia
cotidiana.
El proceso de negociación en Guatemala tuvo una particularidad, priorizó la
discusión de los temas sustantivos, es decir, las causas que originaron la
guerra, entre las que destacaron la injusticia y la exclusión, sobre los temas
operativos conocidos como aquellos relativos a las condiciones de
desmovilización de las fuerzas guerrilleras.
Fue así que se abordó, desde lo relativo al respeto de los derechos humanos
hasta acuerdo socioeconómico y situación agraria, pasando por la necesaria
democratización y el papel del ejército, el reconocimiento de la identidad y
derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Sin embargo, las causas que originaron el levantamiento de los grupos
insurgentes persisten, la miseria, la exclusión, la discriminación, la
concentración de la propiedad, es decir, la falta de una verdadera democracia
que no es sólo la democracia electoral o del derecho de expresión, sino la
democracia económica que es, en última instancia, la que determina el libre
ejercicio de los otros derechos y que continúa ausente de la perspectiva de
nación. Las secuelas de este sistema se perciben en el crecimiento de la
inconformidad social, de cinturones de miseria, falta de acceso a la educación,
a la salud y a condiciones dignas de vida para las mayorías.
A esta realidad hay que sumarle los niveles de desempleo, el contrabando, el
crecimiento del negocio del narcotráfico, la instalación del crimen organizado,
la corrupción a todo nivel y la evasión fiscal, es decir, la pérdida o
suplantación de los valores que determina conductas y ambiciones que conducen al
irrespeto de las normas fundamentales de la convivencia humana.
La irracional combinación de estos elementos es parte de la causa de la
descomunal violencia que se presenta a cada paso, en cada esquina y cada
segundo. Cada persona es una víctima potencial, hasta aquellos que pueden
gastarse una fortuna en el pago de su seguridad privada, no están exentos de
convertirse en afectados por la desgracia delincuencial.
La violencia en el entorno resulta ser la compañera inseparable de cada
guatemalteco y guatemalteca, que llevan sobre sus espaldas toneladas de miedo,
kilos de angustia y quintales de desconfianza de cada persona que está cerca. Es
realmente una devastadora soledad colectiva, con una preocupación individual que
no se expresa en lo colectivo, que no encuentra cauce ni eco, que no tiene
comparsa, más que la esperanza de no ser el número premiado de la delincuencia.
De nuevo en Guatemala, las víctimas se contabilizan con varios dígitos, la
deshumanización e indiferencia ante el sufrimiento parecen estar reapareciendo,
“de no ser yo, o los míos no me importa a quienes afectaron”. Es por eso tan
importante la sensibilización ante este despreciable fenómeno, la generación de
la solidaridad, la reacción social y la respuesta de las autoridades y de las
organizaciones que trabajan por el respeto a los derechos humanos y por la
seguridad.
¿Qué perspectiva hay entonces en la Guatemala actual, en donde no se han
cumplido los acuerdos de paz, no se combate la injusticia, no se atacan las
causas que generan la violencia y ni siquiera hay políticas integrales para
combatirla ni estrategias de seguridad?
La sociedad tiene la palabra. O nos acostumbramos y seguimos indiferentes ante
la ineficiencia de los organismos del Estado, ante la impunidad que protege
igual a las lacras sociales, a los acaparadores de riqueza y a los causantes del
sufrimiento, o nos rebelamos ante tanta y tan variada injusticia y empezamos a
exigir lo que a todos y todas nos corresponde como seres humanos. Cada quien es
responsable de su opción.
MÉXICO
1) ACUSAN A PROVIDA DE FRAUDE Y EVASIÓN FISCAL
Rafael Maya - Cimac
La organización ultraconservadora Provida cometió fraude fiscal por más de 22
millones de pesos de los 30 millones que recibió del gobierno federal en 2003
para sus labores antiaborto -fruto del desvío de recursos públicos orquestado en
la Cámara baja por el ex diputado de Acción Nacional (PAN) Luis Pazos-,
denuncian grupos de mujeres, fuentes legislativas y de la Secretaría de Hacienda
(SHCP).
La auditoría ciudadana elaborada por las organizaciones Salud Integral para la
Mujer (SIPAM), Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fundar,
Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad de Género, para
analizar el gasto que Provida hizo de los 30 millones de pesos, revela que la
agrupación encabezada por Jorge Serrano Limón se apropió con fines de lucro
-contrarios al objetivo de “ayudar” a las mujeres-, de 22 millones 300 mil 457
pesos, más del 70 por ciento del monto total. Fuentes del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) de la SHCP consultadas por cimacnoticias,
afirman que tanto el contador como el representante legal de Próvida, que
realizaron las maniobras fiscales, podrían incluso ir a la cárcel por los
delitos de fraude y evasión fiscal. En tanto, asesores de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de
Diputados adelantan que legisladores de oposición ya preparan un punto de
acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite la
intervención inmediata de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la
revisión de las irregularidades cometidas por Próvida.
NEGOCIO EN NOMBRE DE LAS MUJERES
Tras el análisis de más de seis mil hojas del expediente financiero del gasto de
los 30 millones de pesos entregados a Provida por la Secretaría de Salud (SS),
las seis organizaciones por los derechos de las mujeres comprueban que el grupo
antiabortista cometió diversas irregularidades que atentan contra disposiciones
fiscales y el convenio de colaboración que firmó con la Administración del
Patrimonio de la Beneficencia Pública, dependiente de la SS.
El descubrimiento más escandaloso de la auditoría ciudadana revela que Provida
aprovechó sus vínculos con tres empresas con el fin de lucrar con los recursos
públicos que se le entregaron para la creación de 10 Centros de Ayuda para la
Mujer (CAM), clínicas en las que mediante tortura sicológica se obliga a miles
de mujeres, víctimas de embarazos no deseados, en muchos casos por violación, a
no ejercer su derecho al aborto legal. En 2003 Provida contrató servicios de
publicidad de la empresa Mercatel por un monto de 9 millones 745 mil 10 pesos
(75.62 por ciento del presupuesto total). Las ONG revelan que tanto la dirección
de Mercatel como su teléfono y fax son los mismos del Comité Nacional Provida.
Tales datos aparecen en facturas que expidió la supuesta compañía de publicidad
al grupo antiabortista.
Las otras dos empresas relacionadas con Provida son el salón de fiestas El
Castillo de Branstock, al que se le contrató servicios por un millón 35 mil
pesos y la importadora Imporvar, mediante la cual se adquirió mobiliario y
equipo médico por un monto de 11 millones 520 mil 447 pesos. El salón de fiestas
tiene el mismo número telefónico de Mercatel, con lo que -aseguran los grupos
civiles-, se despiertan “suspicacias en cuanto a la relación de estas empresas
con Provida”. Cimacnoticias descubrió que una empleada de nombre Lourdes Ojeda
labora al mismo tiempo como recepcionista de Imporvar y como encargada de dar
informes sobre los servicios de El Castillo de Branstock.
Además, en las oficinas de Provida en esta capital se encuentra sin la menor
discreción una manta de la importadora Imporvar. Mediante esta empresa, la
organización de Serrano Limón adquirió del extranjero un librero de madera -que
se puede comprar en cualquier mueblería de esta ciudad-, a un costo de dos mil
530 pesos como consta en la factura. Para colmo, ni Imporvar, Mercatel y El
Castillo de Branstock figuran en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal.
FRAUDE Y EVASIÓN FISCAL
Las fuentes del SAT refutan a Jorge Serrano Limón en el sentido de que Provida
cometió un “error” al presentar a la SS facturas vencidas de esas empresas como
comprobantes fiscales. En el caso de Mercatel, se documentan ocho facturas
vencidas cuyo importe total es de 1 millón 622 mil 910 pesos. Eso no es ningún
error, se hizo con toda la intención de estafar, advierten las fuentes
consultadas. Añaden que Provida viola el artículo 31 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), referente a los requisitos de los comprobantes fiscales.
Sostienen que se podrían imponer sanciones penales al o los responsables de ese
“fraude y evasión fiscal”, toda vez que los montos con los que se comprueba el
lucro de Provida son elevados.
Entre otras irregularidades en las facturas presentadas, destaca que la fecha de
impresión de tales documentos es posterior a la de facturación de los servicios
prestados.
Asimismo, el desorden en el número de folio de algunas facturas representa “una
fuerte irregularidad en términos fiscales”. Tal es el caso de la factura de la
importadora Imporvar con fecha 15 de diciembre de 2003 que se emitió con el
folio 012, mientras que en marzo del mismo año se expidieron facturas foliadas
con el número 082 en adelante.
Entre muchas otras anomalías, la auditoría ciudadana cuestiona que Provida haya
incumplido a su compromiso de gastar en su totalidad los 30 millones de pesos en
2003, y que por ese motivo haya contratado en diciembre de ese año “publicidad a
futuro”, esto es, para el 2004 por un monto de 600 mil pesos, “asegurando
publicidad pero facturando en el año obligado”. Tanto las fuentes del SAT como
los asesores fiscales del PRD en la Cámara de Diputados, coinciden en la
necesidad de revisar exhaustivamente los documentos, ya que los recursos
públicos deben ceñirse a los tiempos de ejercicio estipulados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, porque de lo contrario se incurriría en
subejercicio presupuestal.
¿DONATIVO FANTASMA?
Las seis ONG revelan además que Provida cometió otra irregularidad al donar de
los 30 millones de pesos recibidos, 600 mil pesos a la Asociación Nacional de
Rehabilitación Integral A.C. (Anderi). Cimacnoticias verificó que los teléfonos
de dicha organización en estados como Morelos y Coahuila, no existen o están
fuera de servicio.
En el recibo entregado a Provida, Anderi asienta una dirección en el barrio de
Iztapalapa en esta ciudad, pero sin proporcionar algún numero telefónico. En las
oficinas centrales de la organización ultraconservadora, dijeron desconocer el
número de teléfono de Anderi.
Aunado a lo anterior, las ONG sostienen que Provida “no se encontraba facultada
para hacer donaciones, desviando los recursos a otras organizaciones”.
El grupo antiabortista violentó -argumentan-, la cláusula tercera del convenio
de colaboración que firmó con la Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública de la SS, que obliga a Provida a “utilizar el apoyo
económico mencionado (...) única y exclusivamente para destinarlo a los fines
detallados en la cláusula primera de este instrumento”, es decir para la
creación de 10 CAM.
Los asesores del PRD consultados advierten que con ese “donativo” Provida
estaría incurriendo en una “triangulación” de recursos, con el fin de defraudar
como sería el caso del controvertido Fideicomiso Transforma México de la Lotería
Nacional.
URUGUAY
1) PERSECUCIÓN A SINDICALISTA
Con motivo del despido de una funcionaria y sindicalista que desempeñaba tareas
en Impasa, mutualista médica, los y las trabajadoras de la mutualista Impala,
que habían efectuado un paro y ocupado el local del centro médico, finalizaron
el 19 de julio con dicha ocupación.
Luego de incesantes negociaciones efectuadas entre la empresa y la Federación
Uruguaya de la Salud, donde oficiaron como mediadores entre las partes los
ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública, la medida se
levantó sin lograr la reinserción de la empleada. Representantes del gremio de
funcionarios de Impasa en reiteradas oportunidades habían señalado durante el
transcurso de la ocupación que la misma se mantendría hasta que la funcionaria
fuera restituida en su cargo, ya que el despido había sido “arbitrario” y se
habían “saltado pautas establecidas por el estatuto del trabajador de Impasa”.
Al parecer durante la asamblea que los funcionarios mutuales efectuaron el
sábado pasado al mediodía, se votó la resolución de poner fin a la ocupación que
terminó obteniendo la mayoría de los votos.
Voceros de la institución de asistencia médica colectiva aseveraron que la
medida decretada por el sindicato había sido considerada “excesiva” por muchos
de los funcionarios, que durante la asamblea tuvieron la oportunidad de
demostrar su desacuerdo y revocarla.
ENCUENTROS Y CONFERENCIAS
1) CONCLUYO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
SIDA EN BANGKOK
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La XV Conferencia Internacional de Sida que se realizó en Bangkok, Tailandia,
culminó en medio de un ambiente encontrado sobre las estrategias para combatir
la pandemia que padecen mujeres hasta en 57 por ciento de los casos, en algunas
naciones africanas.
A lo largo de la semana se evidenciaron las diferencias entre algunos
gobiernos encabezados por Estados Unidos que defienden programas conservadores
de prevención, como la “Abstinencia, Fidelidad y Condones (ABC, por sus siglas
en inglés), frente a la realidad de los gobiernos asiáticos con fuertes
estadísticas de Sida por el uso de drogas intravenosas.
Lo anterior sumado a las políticas contrarias al uso de medicamentos genéricos
provocó airadas manifestaciones contra Randall Tobias, representante de la
administración Bush, quien llamó a unir fuerzas contra “el VIH/Sida, el
verdadero enemigo.”
También se han evidenciado las diferencias entre ONG y farmacéuticas como
ejemplificó el artículo del servicio informativo de AlertNet, en el que describe
cómo un grupo de trabajadoras sexuales de países del mundo protestó con un
“table dance” contra la farmacéutica Gilead. “Gilead prefiere que seamos
seropositivas”, anunciaban las mantas y ellas coreaban “Alto a los protocolos de
investigación”, con relación a los ensayos en trabajadoras de Camerún, Ghana,
Nigeria y Camboya de la droga Tenofovil, impulsada por Gilead, patrocinador de
esta conferencia con sede en Bangkok, Tailandia.
En este tenor, las organizaciones promotoras de derechos sexuales y
reproductivos se han abocado a promover el uso del condón, así como la
información y acceso a los servicios de la juventud como se estableció en 1994
en los compromisos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD).
Así, la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas
en inglés), se abocó al tema Acceso igual a Vida, incluyendo un debate sobre las
implicaciones de la discriminación y violencia de género en la pandemia, de las
estrategias. “Condones, Jeringas y Negociación (CNN por sus siglas en inglés)
contra la ABC.
Fudamentan que los contactos heterosexuales son la más extendida forma de
transmisión en el mundo, pero el uso de heroína y otras drogas intravenosas
constituyen la principal causa en Europea del Este y Asia Central.
Por ello abrieron un debate sobre una amplía oferta de alternativas para la
prevención, la banalidad del discurso moral o religioso en el combate contra el
Sida y el reconocimiento de las personas como seres sexuados.
RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Comunicado de Prensa
ESPAÑA: El gobierno debe cumplir con sus obligaciones en la protección de los
derechos de las mujeres El gobierno español debe mejorar su historial en lo que
respecta a la protección de los derechos de las mujeres. Cuando el Comité de la
ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se dispone a
examinar el quinto informe periódico de España, Amnistía Internacional pide al
nuevo gobierno del país que se ocupe de la cuestión de la violencia contra las
mujeres en el ámbito familiar.
Más de dos millones de mujeres han sufrido últimamente en España violencia
física, psicológica o de ambas clases a manos de su pareja, y el 97 por ciento
de las mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito familiar no lo
denuncian. Este año han muerto ya 32 mujeres a causa de esta violencia.
“El Comité de la ONU ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia
en el ámbito familiar que parece haberse producido en años anteriores”, ha
manifestado Amnistía Internacional.
“En los dos últimos años las autoridades españolas no han hecho lo suficiente
con respecto a los motivos de preocupación de la ONU. El nuevo gobierno, que
comenzó su mandato en marzo de 2004, debe intensificar sus esfuerzos en este
sentido.”
En el informe Spain: Brief of information from Amnesty International with
respect to the fifth report presented by Spain before the UN Committee on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Amnistía Internacional
examina cómo y en qué medida han cumplido las autoridades españolas su
obligaciones internacionales en los últimos dos años. La organización se sirve
de él para presentar al Comité de la ONU diversas recomendaciones que las
autoridades españolas deben aplicar para combatir de manera más eficaz la
violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
Amnistía Internacional sigue recibiendo información sobre falta de medidas
efectivas de protección de los derechos humanos de las mujeres. Este hecho es
especialmente manifiesto en el caso de la violencia contra las mujeres en el
ámbito familiar, como demuestran los ejemplos siguientes:
Alicia Aristegui, residente en Villava, Navarra, fue apuñalada por su marido el
9 de abril de 2002, por no haberse comunicado nunca a la Policía Local para su
ejecución la orden de alejamiento dictada contra él. Tras 14 años de abusos,
Alicia había buscado refugio en un centro de acogida público. Tanto ella como
sus familiares habían informado de que su marido había amenazado repetidas veces
con matarla.
Mar Herrero fue asesinada el 13 de octubre de 1999 en Madrid por su ex
compañero, que había sido puesto en libertad condicional en contra de la opinión
del psicólogo de la prisión donde cumplía condena por haber intentado matar a
otra mujer de la que había sido pareja anteriormente. Mar Herrero había
informado a la policía de que estaba siendo acosada y amenazada, y la fiscalía
había solicitado la anulación de la libertad condicional, que fue denegada siete
días antes del asesinato.
En ambos casos, las autoridades negaron toda responsabilidad por falta de
protección a las víctimas. En el de Mar Herrero, en mayo de 2003 el Tribunal
Supremo anuló una orden de indemnización a la familia de la víctima.
“El gobierno español debe tomar medidas para prevenir tales hechos -ha señalado
Amnistía Internacional-. Tiene que garantizar que los funcionarios del Estado
asumen su responsabilidad en vez de eludirla alegando deficiencias burocráticas.
Si no protegen a las víctimas de violencia contra las mujeres se les deben
exigir responsabilidades.”
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que el gobierno español
no proteja los derechos humanos de las mujeres y no pueda satisfacer las
demandas del Comité de la ONU por las razones siguientes:
Falta de investigaciones sobre las necesidades de las víctimas de violencia
contra las mujeres y de los grupos más vulnerables de mujeres, como las
inmigrantes, las mujeres objeto de trata, las mujeres de zonas rurales y las
mujeres con discapacidad.
Falta de coordinación entre las autonomías y el gobierno central.
Falta de centros de acogida públicos.
Falta de medios para la aplicación de medidas con que combatir la violencia
contra las mujeres en el ámbito familiar, distribución desigual entre las
regiones de los medios disponibles y falta de transparencia en su uso.
Falta de medidas para erradicar estereotipos tradicionales que perpetúan directa
e indirectamente la violencia contra las mujeres.
Falta de participación de las mujeres y las organizaciones no gubernamentales en
el proceso de elaboración de políticas sobre la violencia contra las mujeres.
Falta de formación de los profesionales de la salud en el trabajo con víctimas
de violencia contra las mujeres.
Falta de medidas efectivas de protección de las mujeres que presentan denuncias
y falta de reparación a las víctimas.
Impunidad de los funcionarios del Estado y falta de asistencia legislativa a las
víctimas.
Al llegar al poder, el nuevo gobierno del Partido
Socialista (PSOE) propuso un proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres
que abarca políticas de prevención, apoyo a las víctimas, investigación y
sanción de la violencia.
“Acogemos con satisfacción el deseo declarado del nuevo gobierno español de
tomar medidas para combatir la violencia contra las mujeres -ha dicho Amnistía
Internacional-. No obstante ha de procurar eliminar toda laguna jurídica que
pueda menoscabar la eficacia de la legislación propuesta.”
Información general
España ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1984. El Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinará el quinto informe
periódico de España el 7 de julio de 2004.
Según un estudio de 2002 del Instituto de la Mujer de España, ese año más de dos
millones de mujeres sufrieron violencia física, psicológica o de ambas clases a
manos de su pareja. Fuentes judiciales indican que entre 2002 y 2003 fueron
asesinadas por familiares suyos 131 mujeres, lo que supone un aumento del 59 por
ciento en un año y pone, por tanto, claramente de manifiesto la falta de
eficacia de las políticas públicas para combatir la violencia contra las
mujeres.
Amnistía Internacional ha emprendido una campaña mundial para combatir la
violencia contra las mujeres con el lema "No más violencia contra las mujeres".
Encontrarán información y noticias sobre ella en: http://web.amnesty.org/actforwomen/index-esl
Amnistía Internacional Sección Uruguay
Colonia 871, Apto.5, CP. 11100,
Montevideo, Uruguay
Tel: (+5982) 900 79 39
Fax: (+5982) 900 98 51
amnistia@chasque.net
www.amnistiauruguay.org.uy
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