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25 DE NOVIEMBRE: DIA
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Corre el año 2004. En Argentina, en la localidad de Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz (la tierra del Dr. K), se encuentra la planta petrolera de Termap,
donde operan las empresas Repsol-YPF, Shell, Amopo y Techint, entre otras.
Elsa Orozco, Sandra Marcela Costancio y Selva Sánchez están presas por exigirles
puestos de trabajo genuino a las petroleras. Porque quieren trabajar y no
aceptan planes de $ 150. Ellas son parte de los 200 procesados por exigir
trabajo genuino que hay sólo en esa pequeña ciudad, hoy convertida en la capital
de la persecución social, política e ideológica, donde incluso se han practicado
torturas.
Elsa, Sandra y Selva están detenidas en condiciones infrahumanas. Como no hay
cárcel para mujeres, están en una comisaría común. Desde el 2 de noviembre están
en huelga de hambre en protesta por las pésimas condiciones de detención y
actualmente están hospitalizadas. Para el "progresista" K es un delito que estas
mujeres de la clase obrera se enfrenten al gobierno, al imperialismo y a las
grandes empresas, que exijan sus derechos más elementales, que se organicen para
luchar.
Tanto ayer como hoy, en República Dominicana o en Argentina, el capital ejerce
su violenta dominación sobre la clase obrera y los sectores populares, ya sea a
través de dictaduras o gobiernos "democráticos", prestos para garantizarle sus
ganancias a los empresarios y el imperialismo, a través del monopolio de la
violencia que detenta el Estado burgués.
Por eso, creemos que hoy para luchar por los derechos de las mujeres debemos
comenzar exigiendo la libertad de estas "mariposas". ¡Libertad a las presas y
los presos políticos rehenes del Estado! ¡Abajo la política represiva del
gobierno de Kirchner!
¡Desprocesamiento de los más de 4000 luchadores políticos y sociales!
(PAN Y ROSAS - REBELION)
1) CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER - 2º. LLAMADO
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, a una década de la
ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, desea dar
continuidad al llamado a la acción lanzado el año pasado para la Campaña 25 de
Noviembre.
Efectivamente, tomando en cuenta que este año 2004 se cumplen diez años desde
que esta Convención fuera adoptada por la Asamblea General de la Organización de
Estados Americano, queremos dar continuidad al esfuerzo iniciado en 2003 por
diversos grupos que trabajan en la región en pro de los derechos humanos de las
mujeres, en especial, su derecho a vivir libres de violencia. Agradecemos el
apoyo de las 90 organizaciones participantes en esa jornada de activismo,
representado a 11 países de la región e involucrando a una población de más de
12.000 personas, y las instamos a continuar este esfuerzo, ojalá involucrando a
nuevas organizaciones sensibles a esta temática.
¿Por qué es trascendente?
La importancia de esta Convención ha sido significativa para los derechos
humanos de las mujeres pues tiene características que la distinguen de otros
convenios o tratados internacionales. Puede decirse que es uno de los textos
jurídicos que más ha ayudado a esclarecer que la violencia contra las mujeres es
una violación a sus derechos humanos, y que todos los sectores sociales y
también los Estados son responsables de que no siga ocurriendo.
Por tanto, rompe con el manido concepto de que los actos de violencia y abuso
contra las mujeres constituyen hechos del ámbito privado, y que por ende se los
considera de natural ocurrencia.
Sin embargo, una de las conclusiones de la campaña de 2003 fue que, en general,
los grupos de mujeres manifiestan un nivel de desconocimiento del potencial
intrínseco de protección de los derechos humanos de las mujeres que caracteriza
a la Convención de Belem do Pará. Por ende, no se ha realizado en el curso de la
década una vigilancia ciudadana efectiva y permanente de su implementación en
los países, ni se ha planteado con suficiente fuerza a los Estados ratificantes
la urgente necesidad de que la apliquen en toda su extensión y promulguen leyes
contra la violencia en los contextos nacionales. O bien, si esas leyes existen,
no se ha exigido que se constituyan en instrumentos realmente efectivos para la
denuncia de la violencia contra la mujer y para la sanción de los agresores. La
realidad de la región -y de todo el mundo- es que la violencia hacia las mujeres
y las niñas es un fenómeno grave, frecuente y con profundos efectos en la vida y
salud de las afectadas. Las cifras nos dicen que tanto en la vida privada como
en el ámbito público se producen distintas formas de violencia (abuso, castigos
físicos, acoso sexual, violación, torturas, maltrato psicológico y económico,
tráfico sexual, etc.), que se explican principalmente por razones de género, es
decir, por una construcción social del género femenino que se caracteriza por la
subordinación, la dominación, la subvaloración. Por lo tanto, no hay perfiles
únicos de mujeres agredidas, cualquiera puede serlo: jóvenes y ancianas, mujeres
casadas o solteras, mujeres de sectores populares o pertenecientes a clases
acomodadas. Su riesgo, por lo tanto, se explica por el solo hecho de ser mujer
en una sociedad aún dominada por un modelo patriarcal y excluyente, donde las
relaciones de poder son completamente desiguales y jerárquicas. Especialmente
grave es el panorama en aquellos países afectados por situación de conflicto
armado, ya que se ha comprobado que en estos contextos las mujeres y niñas/os
constituyen el mayor porcentaje de las víctimas y frecuentemente se ven
obligadas a desplazarse de sus territorios de origen, lo que aumenta el riesgo
de abusos y violencias. Asimismo, los conflictos sociales que se han recrudecido
en la región con un aumento de la pobreza, desempleo, migración, tráfico de
personas, etc., son otros fenómenos que inciden en la profundización de la
violencia de toda índole, incluyendo la violencia con sesgo de género.
Ante este desolador panorama, la Red de Salud ha estimado necesario continuar
apoyando las actividades de las organizaciones de mujeres tendientes a lograr
que los contenidos de esta Convención histórica pasen a formar parte no solo del
acervo intelectual de las personas, sino que se constituyan en elementos claves
en la defensa de la integridad de las mujeres y niñas, y en la reafirmación de
sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad.
Asimismo, y como se trata de un instrumento jurídico de carácter vinculante que
obliga a los Estados que la han ratificado a tomar acciones en el espíritu de la
Convención, esto refuerza la necesidad de trabajarla desde las organizaciones de
mujeres para hacer uso de ella. Pues no hay que olvidar que las omisiones que
violen el articulado de la Convención puede ser motivo para que las personas o
instituciones acudan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,
para presentar denuncias o quejas.
Objetivos de la campaña
La Red de Salud a través de este llamado se propone:
Contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres en sus distintas expresiones.
Articular a las organizaciones de mujeres de la región a fin de que se
pronuncien en torno a la aplicación de la Convención en su país; informarse
sobre la existencia de legislaciones y mecanismos de sanción de actos de
violencia hacia la mujer; etc. Asimismo, capacitarlas para interpelar a los
gobiernos locales y nacionales en torno a la aplicación de la Convención.
Solicitar a los gobiernos y a los sectores involucrados para trabajar
conjuntamente en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la
mujer, y en la atención integral a las mujeres agredidas. Educar sobre la
prevención de la violencia entregando herramientas a las mujeres para que
identifiquen y rechacen cualquier conducta que atente contra sus derechos e
integridad corporal.
Demandar atención integral para las mujeres agredidas, incluyendo la reparación
por los daños recibidos. También exigir procesos de capacitación a los
profesionales de la salud para atender de manera apropiada a mujeres que sufren
violencia, al igual que el personal policial. Se pueden desarrollar actividades
de difusión, de impacto público, trabajo de grupos, presión política, etc., las
que deberán contribuir a:
1. Develar la calidad de las respuestas que las leyes locales ofrecen al
problema de la violencia contra las mujeres.
2. Identificar en forma participativa con las mujeres de sus comunidades,
los mecanismos de operación de la justicia ante las distintas formas de
violencia contra las mujeres.
3. Promover abogacía activa con legisladoras/es, profesionales de salud,
educación y personal policial, para sensibilizarlos en torno al tema.
4. Implementar grupos de conversación para mujeres que deseen testimoniar
sobre sus experiencias de violencia y orientarlas acerca de la protección a sus
derechos y donde deben acudir.
La Cuchara, Modemmujer. Fuente: RIMA
2) VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: NO LA
EJERZAS, NO LA PERMITAS, NO LA AMPARES
Carmen Torres/Mujereshoy
La violencia contra las mujeres es uno de los problemas más graves que afectan a
nuestra sociedad, porque atenta contra la salud física y mental de las mujeres y
vulnera sus derechos humanos básicos, entre los que se encuentran tener una vida
libre de violencia y el respeto de su integridad física, psíquica y moral.
Los asesinatos masivos de mujeres Ciudad Juárez, de Guatemala, de Alto Hospicio,
en Chile, o los casos individuales que se cometen cada día en nuestro continente
hablan por sí solos de la magnitud del flagelo de la violencia. Violencia que
también se expresa en el secuestro, la tortura, en los golpes y en el maltrato
sufrido por las mujeres, como en el caso de Linda Loaiza, en Venezuela, o de
Rina Bolaño, quien fue secuestrada, violada y acusada de guerrillera en
Colombia, en el contexto del conflicto armado que vive ese país.
Cada vez que un hombre golpea, maltrata, tortura física y/o psicológicamente o
mata a una mujer comete un grave delito y ejerce su poder de ser varón y de
sentirse superior o dueño de la mujer. Eso explica, en parte, el hecho que la
violencia contra las mujeres todavía en nuestra América Latina y el Caribe (y en
muchos otros países, hay que decirlo) es tolerado por la sociedad, a pesar de
que la mayoría de los países de la región tiene leyes o normas jurídicas para
sancionarlo.
Esas leyes o normas se enmarcan en los compromisos que los Estados de la región
adquirieron al firmar y ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana de
Belém do Pará.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979 y entró en vigor el 31 de mayo de 1987. Esta Convención pedía
la promulgación de leyes nacionales para prohibir la discriminación contra las
mujeres, medidas especiales para acelerar la igualdad de facto entre hombres y
mujeres y disposiciones para modificar los patrones socioculturales
discriminatorios.
En tanto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, más conocida como Belém do Pará, fue adoptada por
aclamación en la Asamblea General de las Organización de Estados Americanos
(OEA) el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. Esta Convención llama
explícitamente a los Estados de la región a “incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer”.
Otro deber de los Estados es, de acuerdo a la Convención de Belém do Pará,
“establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia que incluyan, entre otros, medidas de protección, un
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”. La mayoría de los
Estados latinoamericanos y caribeños cuenta actualmente con legislación que
sanciona la violencia contra las mujeres. Pero, también en la mayoría de esos
países, el Poder Judicial no cumple, o lo hace lenta y tardíamente, las
normativas de la legislación nacional e internacional.
La violencia de cada día
Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio
algunos ejemplos de la violencia contra las mujeres en nuestro continente
durante una reunión de trabajo con legisladoras, funcionarias y representantes
de la sociedad civil en México. Roses dijo que tan sólo en Santiago, capital de
Chile, 50,3 por ciento de las mujeres ha padecido violencia en su relación de
pareja, mientras que en Perú y Colombia, según encuestas demográficas y de
salud, 41,2 y 41,1 por ciento de las mujeres, respectivamente, ha sufrido
violencia intrafamiliar. En México, de acuerdo a cifras oficiales, 5 de cada 10
mujeres reconoce que sufre violencia a manos de su pareja, uno de los más altos
índices de agresiones contra la población femenina de la región.
Actividades programadas
Las actividades de las organizaciones y redes de mujeres con ocasión del 25 de
noviembre son muchas y variadas. He aquí un breve resumen de algunas de ellas
que los grupos de mujeres nos han hecho llegar hasta ahora. Esperamos más
información para publicarlas en un próximo artículo.
Colombia: Con la Campaña “La violencia contra las mujeres no es natural,
nada la justifica, es evitable, está en nuestras manos acabarla”, la Red
Nacional de Mujeres-Regional Valle del Cauca está haciendo circular una
carta de apoyo a Rina Bolaño, quien fue secuestrada y violada en agosto de 2003.
En la carta, la Red señala la valentía de Rina “porque a ti, Rina Bolaño (...)
te secuestraron, y como a tantas otras, secuestradas o no, del campo y de la
ciudad, te violaron. Pero ni las amenazas del jefe guerrillero que te maltrató y
te violó, ni las intimidaciones de los agentes del DAS que impulsaron a otros
presuntos guerrilleros a acusarte de sedición, pudieron amedrentarte. Y por eso,
en vez de quedar en el silencio y el olvido, el doble crimen que padeciste se
convirtió en emblema de la injusticia de una sociedad cómplice y ciega, de unas
autoridades que protegen a los violadores antes que a las violadas”. Para el 30
de noviembre, a las 16:00 horas, la Red está llamando a realizar un Ritual
contra los Feminicidios en Colombia en la Plazoleta de San Francisco (Más
informaciones en Fundación Mavi: fundacionmavi@telesat.com.co ; Taller Abierto:
taller-abierto@telesat.com.co; Centro Cultural Popular Meléndez
ccpmujeres@telesat.com.co)
Panamá: La Red de Apoyo contra la Violencia Intrafamiliar-Juan Díaz
realizará entre el 22 y el 26 de noviembre diversas actividades de
sensibilización, de capacitación y de visibilización sobre la violencia contra
las mujeres. Algunas de ellas son un taller de sensibilización a miembros de
empresas privadas, una capacitación para funcionarias que atienden casos de
violencia, presentación de videos sobre el tema. (Más informaciones: Urania A.
Ungo M.: uungo@ hotmail.com)
Argentina: La organización no gubernamental COORDMUJER, equipo interdisciplinario que atiende en la Comisaría de la Mujer de Martínez, en San Isidro, Buenos Aires, presentará la película Sombras profundas, dirigida por Lía Dansker, la que fue realizada por el equipo y un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. La película será presentada en la IV Jornada de Violencia Familiar y Niñas y Niños en Riesgo, que se llevará a cabo el 24 de noviembre entre las 9 y las 18 horas en el Auditórium del Colegio de Abogados de San Isidro, Acassuso 442, de San Isidro. (Más informaciones en la Comisaría de la Mujer de San Isidro: calle Juncal 46 -Martinez- Teléfono: 4512-2345/ 2443 y en coordmujer@yahoo.com.ar ).
Chile: Con el eslogan “Por la Vida de las Mujeres: ¡No + Violencia! ¡No +
Femicidio!, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual se propone
visibilizar, con mayor énfasis, ante la opinión pública y los organismos
estatales, el feminicidio. Con tal motivo está llamando a los grupos de mujeres
de todo el país a realizar una acción de reparación simbólica a las mujeres
asesinadas, instalando en espacios públicos un centenar de zapatos que
personifiquen a las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o ex
parejas. Por otra parte, el sábado 19 de noviembre, integrantes de la Red
recorrerán, a partir de las 11:30 horas, todos los lugares de funcionamiento del
Foro Social Chileno para dar a conocer la realidad de la violencia contra las
mujeres. Otra actividad importante es la presentación pública del estudio sobre
Femicidio en Chile (Más informaciones:
redcontraviolencia2004@yahoo.es).
Venezuela: Del 22 al 25 de noviembre Amnistía Internacional convoca a un
ciclo de conferencias sobre las diversas formas de violencia contra la mujer.
Intervendrán Adicea Castillo (sobre violencia económica) y Gioconda Espina
(sobre violencia simbólica), ambas del CEM de la UCV. El miércoles 24 de
noviembre, el CEM de la UCV, el Banco de Desarrollo de la Mujer, Inamujer, los
Círculos Femeninos Populares y el Grupo Temático de Género de la UNFPA,
organizan un foro sobre el tema de violencia y salud en el CELARG, Av. Marcel
Roche de Altamira, Caracas. El 25 de noviembre se realizará un acto en LUZ,
organizado por el grupo de Estudios de Género del Instituto de Filosofía del
Derecho de la LUZ, Revimu y Reuvem. El 23 de noviembre la Casa de la Mujer
“Juana Ramírez la Avanzadora” de Maracay organiza el cine-foro “Violencia de
género y políticas públicas”, a las 14 horas. (Informaciones:
Gioconda Espina: espinagio@cantv.net).
El Salvador: El Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola
de Herrera”, CEMUJER, tiene programadas numerosas actividades con otras
organizaciones para conmemorar el 25 de noviembre e iniciar los 16 Días de
Activismo contra la Violencia hacia la Mujer (25 de noviembre-10 de diciembre).
Habrá seminarios, cine-foros, comunicados públicos y la presentación del informe
sobre feminicidios en El Salvador, actividad que se realizará el 24 de
noviembre. (Más informaciones: CEMUJER:
cemujer@integra.com.sv).
México: El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres en Jalisco (CLADEM-Jalisco) celebrará los 10 años de la
Convención de Belém do Pará el miércoles 24 de noviembre de 2004. El acto se
hará en el Salón de Legisladoras Jalisciences del Congreso del Estado de
Jalisco, ubicado Av. Hidalgo 222, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, México, de
las 17 a las 19 horas. (Más informaciones en: clademjal@yahoo.com.mx) Por otra
parte, el 25 de noviembre se instalará en el zócalo de Ciudad de México, frente
al Palacio Nacional, una cruz de clavos de tres metros, como las que ya existen
en Chihuahua y Ciudad Juárez, para recordar la cuenta pendiente de la justica y
del presidente de ese país, Vicente Fox, con las mujeres víctimas de feminicidio
en Ciudad Juárez.
El 26 de noviembre se realizará una marcha que partirá del Ángel de la
Independencia hacia Los Pinos para pedir un alto al feminicidio en Chihuahua, en
otros estados del país y también en otras naciones, como en Guatemala.
Las participantes en la marcha, a la que asistirán como en años anteriores
madres y familiares de las víctimas, llevarán la cruz de clavos hacia Los Pinos.
Fuentes: ONG de mujeres, Mujereshoy, Cimacnoticias.
3) VOLVER A POLITIZAR CONCEPTO MÁS AMPLIO DE
VIOLENCIA: ACTIVISTAS
cimac
La conmemoración del 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la
Mujer, fue establecido en 1981 durante el primer encuentro feminista
Latinoamericano y del Caribe como un homenaje a tres hermanas militantes de la
República Dominicana, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron
asesinadas a palos por oponerse a la dictadura de Trujillo. Las activistas
fueron emboscadas el 25 de noviembre de 1960 y su asesinato fue simulado como un
accidente en la ruta por lo que en 1994 la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) designó esa fecha como el Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer.
En América Latina ya se ha hecho dolorosamente común leer o escuchar en los
medios de comunicación masivos los nombres de Ciudad Juárez, Honduras o
Guatemala relacionados con la violencia contra las mujeres, feminicidios ó
violencia doméstica, publicó la agencia RIMA.
Pero este poder verlo, leerlo o escucharlo en los medios tiene que ver con todo
el trabajo que vienen haciendo desde hace décadas el movimiento de mujeres en
una movilización global, con sus particularidades regionales, que fueron
visibilizando esta problemática, logrando que se sacara esta problemática del
ámbito de los privado hacia lo público.
La socialización de la violencia contra las mujeres también creó la necesidad de
la existencia de un corpus legal que atendiera esta problemática. Es así que las
Conferencias Mundiales organizadas por las Naciones Unidas, tales como la de
Derechos Humanos de Viena, en 1993; la 4ta. Conferencia Mundial de la Mujeres de
Beijing, en 1995; y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de
Cairo, en 1994 ayudaron a que muchos países en nuestra región promulgaran leyes
contra la violencia doméstica y/o la violencia familiar durante la década de los
noventa. Podemos marcar como un hito muy importante dentro del marco jurídico
internacional en 1979, la creación de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), aprobada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de ese año.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará ) fue adoptada por la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994.
El nombramiento de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, en
1994, es también un hecho muy importante. A partir del trabajo de la relatora se
van logrando muchos avances en términos de la visibilización de las distintas
formas de violencia contra las mujeres; también se avanza en la interpretación
jurídica del marco normativo internacional de derechos humanos en cuanto a esta
temática.
La aprobación del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, es otro
logro importante, porque se logra así el reconocimiento de varios crímenes
contra las mujeres como crímenes de guerra.
De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Según esta última convención
debemos entender por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
También “se entenderá que (la) violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad
y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación,
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o
tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
Con el paso del tiempo distintas estudiosas han ido acuñando variadas
definiciones para la violencia más extrema contra las mujeres, es decir cuando
esas mujeres terminan muertas.
El término es Femicidio, y según dos investigadoras costarricenses, Ana Carcedo
y Montserrat Sagot Millones, basándose en las definiciones conceptuales de las
autoras Diana Russell y Jill Radford (Femicide: the Politics of Woman Killing,
Twayne Publishers: New York.1992), propone n esta definición, que puede servir
como un comienzo de debate:
Se entenderá por femicidio el asesinato de mujeres por razones asociadas con su
género. El femicidio es la forma más extrema de la violencia basada en la
inequidad de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres
contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye
los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.
El femicidio puede tomar dos formas: femicidio íntimo o femicidio no íntimo.
Lo que aquí parece estar tan claramente definido, y que como en el caso de Belem
do Pará, que está ratificada por casi todos los países de la región e
incorporada en sus marcos legales pertinentes, debería haber ayudado a la
prevención y disminución de los casos de violencia contra las mujeres, no lo ha
hecho en toda su dimensión.
Este hecho pone al movimiento de mujeres en alerta constantemente, y pide cierta
revisión de estos y otros conceptos de análisis y diagnóstico. Para muchas
activistas el hecho de que muchas de las leyes sancionadas estén focalizadas
sólo en la violencia doméstica o intrafamiliar fue haciendo que la violencia
contra las mujeres considerada de manera más amplia haya ido quedado relegada.
Una de las grandes necesidades actuales es recolocar esta problemática en el
centro de la escena y de esta manera volver a politizarla. Se considera también,
dentro del movimiento global de mujeres, que la violencia sexual tampoco está
siendo contemplada de manera adecuada por diferentes legislaciones.
Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) de
la Organización de Estados Americanos (OEA) que presenta una revisión de la
implementación de la Convención de Belem do Pará en los últimos 10 años confirma
algunos de estos obstáculos que no permiten que se cumplan en su totalidad los
objetivos de dicha convención.
Uno de los primeros puntos que releva es a nivel de la legislación particular y
remarca que: en la región, la violación dentro del matrimonio no es clasificada
como un crimen ni de manera sistemática ni uniforme; tampoco se considera crimen
a los ataques con violencia sexual perpetrados dentro del hogar.
En muchos casos, los ataques sexuales siguen siendo considerados como afrentas a
la moral y no como crímenes de agresión que violenta la integridad de las
personas. En muchos de nuestros países, el acoso sexual y los diferentes tipos
de acoso no son reconocidos como crímenes serios.
Igualmente, en algunos países la violencia no es aún considerada una ofensa
criminal y por lo tanto no está siendo castigada tan severamente como otras
violaciones a los derechos humanos.
Muchos países han establecido juzgados de familia para que atiendan los casos de
violencia doméstica, pero aún no se tienen evaluaciones sobre la efectividad de
los mismos. Si bien algunos países han modificado sus leyes para imponer
castigos estrictos a la violación y a los ataques sexuales, son muy pocos los
fallos basados en esas modificaciones. Como podemos observar, la violencia
contra las mujeres, los marcos legales relacionados, la actuación de los Estados
y la realidad de las organizaciones y grupos de mujeres están planteando más
desafíos para poder actuar con más precisión en la prevención.
4) URUGUAY: EL COSTO DE LA VIOLENCIA DOMESTICA
El área de Coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de la República estima que el PBI del Uruguay
rondará en 2004 los 13.500 millones de dólares.
Si los costos de la violencia doméstica insumieran entre el 1.6 y el 2% del PBI,
conforme a las estimaciones del BID, significarían entre 216 y 270 millones de
dólares. Una encuesta realizada por Teresa Herrera y Asociados para el BID en
1997, mostraba que la violencia doméstica afectaba al 46% de los hogares en
Montevideo y Canelones. Una encuesta de UNICEF agregaba que el 39% de las niñas
y niños había sufrido algún tipo de violencia, un 15% de ellos de carácter
físico grave.
La economista Mariella Torillo, ya en 1999 señalaba que “la principal dificultad
con que tropiezan los estudios acerca de los costos asociados a la violencia en
general y a la violencia doméstica en particular, es la deficiencia de
información estadística al respecto”, y marcaba la necesidad “de un sistema
unificado de estadísticas continuas de este tipo de delito, que establezca
criterios que permitan relacionar la información ya recopilada por distintos
canales, normalice la información recopilada por distintas instituciones e
implemente nuevas fuentes de información desde el sistema educativo y de salud”.
En 2001 la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito comenzó a elaborar
anualmente la lista de personas fallecidas en incidentes de violencia doméstica.
Sin perjuicio del avance que implica, sólo contabiliza homicidios, dejando fuera
otras formas de maltrato como golpes, heridas, amenazas, daños en bienes, y la
violencia sexual en todas sus expresiones.
Todavía es muy limitada en la región la información existente sobre los
devastadores costos económicos, directos e indirectos, de la violencia
doméstica.
Son costos directos los referidos al daño o pérdida de vidas y a los servicios
que se deben proporcionar, sean de salud, legales, de protección o de otro tipo.
También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la
disminución de la productividad que impacta en la economía global. Y muchos
otros de esta última categoría (algunos denominados “costos intangibles”) que,
en su mayoría, no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición.
Entre ellos están el costo de las vidas destrozadas, del dolor crónico, del
sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos de suicidio, de la
pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la autoestima.
También están los llamados costos de transmisión, originados en los efectos
multiplicadores hacia el futuro de la violencia doméstica. Es sabido que ésta se
convierte en un modelo de resolución de conflictos que se replica: cuando los
niños son víctima o testigos tienden a repetir esas conductas en su vida adulta.
Fuente: La República de las Mujeres
5) URUGUAY: MUJERES ASESINADAS EN 2004
Según datos adelantados por la Dirección Nacional de Prevención Social del
Delito del Ministerio de Interior, en los primeros siete meses del año 35
personas murieron a causa de incidentes de violencia doméstica: 11 hombres y 24
mujeres, entre ellas seis menores de edad.
Nueve homicidios ocurrieron en Montevideo y 26 en el resto del país. La propia
dependencia oficial advierte que el número de estos últimos es mayor, pero
algunos no se incluyen por falta de resolución judicial.
Como 6 de las 35 personas fallecieron en el mes de julio, los crímenes del
primer semestre (29) permiten hacer una proyección de 58 casos al final del año.
El acumulado de muertes desde que esta estadística -primera de carácter
gubernamental- comenzó a llevarse, es de 195 personas muertas por violencia de
género en menos de cuatro años (66 en 2001, 53 en 2002, 41 en 2003 y 35 hasta el
31 de julio de 2004).
De las 41 muertes de 2003 (36 de adultas/os y 5 de menores de 18 años), 19
fueron mujeres, 21 hombres y en un caso no se especificó sexo. Cada 19 días,
hubo una víctima del sexo femenino el año pasado.
Los victimarios sumaron 39: 33 hombres y 6 mujeres. Solo en dos de los casos los
agresores eran menores de edad. En todos los casos había relaciones de pareja o
parentesco.
De la compulsa de información periodística surge que al menos once mujeres más
fueron asesinadas por parejas o familiares hasta el cierre de este boletín; tres
de sus agresores se suicidaron y otro hombre fue acuchillado por su ex pareja
mujer.
6) URUGUAY: ACTIVIDADES PARA EL 25 DE NOVIEMBRE
Este año serán los Centros Comunales Zonales y las Comunas Mujer, en los CCZ
donde existan, los que llevarán adelante distintas actividades en sus zonas:
volanteadas, espectáculos teatrales y musicales, caminadas con letreros,
pasacalles, proclamas.
En la plaza del Entrevero habrá una actividad callejera organizada por Amnistía
Internacional en el marco de la Campaña Mundial contra la violencia. Habrá una
concentración posterior en el Palacio Legislativo. El horario de comienzo de
esta actividad será de 14 a 20 horas.
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