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COMCOSUR
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Adital - Claudia Korol*
Lunes, dieciséis de agosto, se completó un mes de la detención de
los quince compañeros y compañeras que fueron “marcados” y luego encerrados por
policías de civil, al finalizar la movilización contra las reformas del Código
de Convivencia realizada frente a la Legislatura porteña. La mayoría de los
detenidos se encuentran en la cárcel de Devoto, y tres mujeres en la cárcel de
Ezeiza. Ellas son una vendedora ambulante, y dos mujeres en estado de
prostitución, militantes de AMMAR Capital (Asociación de Mujeres por los
Derechos Humanos).
La jueza Ramond imputó a estas quince personas del cargo de “coacción agravada”,
por el hecho de que la Legislatura no pudo sesionar en ese día. Sin embargo,
todos los participantes en esa movilización, podríamos testimoniar, si fuera
necesario o le interesara a alguien la verdad, que no existe ninguna
responsabilidad especial de estos hombres y mujeres, en el desenlace de los
hechos de ese día. En realidad, los nuevos presos y presas políticas, son
verdaderos rehenes de un poder que pretende criminalizar a los pobres, y
sacarlos de las calles de la ciudad de Buenos Aires, para garantizar la
“seguridad” demandada por las fuerzas políticas que buscan mediante nuevas
legislaciones, asegurar la gobernabilidad de la dominación.
El ABC de la libertad
“Carmen toma mate”, escribió Ema en una de sus primeras clases. Entre otros
proyectos AMMAR Capital impulsa un plan de alfabetización, coordinado con el
equipo de educación popular de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. En
la búsqueda de palabras generadoras, a poco de caminar, las compañeras tuvieron
la necesidad de decir y de escribir la palabra libertad.
“Libertad a Carmen y Marcela”, se escribió en las nuevas pancartas con que las
militantes de AMMAR Capital marcharon nuevamente a la Legislatura.
“Carmen y Marcela son presas políticas” denunció Sonia Sánchez en la conferencia
de prensa que realizó AMMAR Capital en la sede de la Iglesia Evangélica de
Flores, donde realizan los talleres de costura, educación, salud reproductiva.
“Les pedimos que nos ayuden a luchar por su libertad. Estas modificaciones al
Código son un gran retroceso para todas nosotras”, agregó Graciela. Junto a las
mujeres en estado de prostitución, se encontraban en esa conferencia de prensa,
militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, del Movimiento
Territorial Liberación (organizaciones piqueteras), pastores de la Iglesia
Evangélica, monjas pertenecientes a la congregación de las Oblatas,
representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, del Colectivo
Indymedia, del grupo de periodistas “La Vaca”, feministas, travestis, del Área
Queer, del equipo de Educación Popular de la Universidad de las Madres, y otros
sectores que habiendo compartido las movilizaciones contra la reforma del
Código, también están participando hoy de las acciones por la libertad de los
quince compañeros y compañeras.
Las integrantes de la Comisión Directiva de AMMAR Capital, al tiempo que
denunciaron las irregularidades cometidas en la detención (realizada por
policías de civil, la negativa de la jueza durante los primeros días a recibir a
los abogados, la prolongada incomunicación, etc.), también explicaron los
diferentes proyectos que impulsa su organización. “Estamos interesadas en
conseguir un trabajo digno, salud, educación. No queremos cárcel ni zonas rojas.
Queremos ser incluidas en la sociedad, y estamos dispuestas a conversar las
condiciones en que lo hacemos. La discriminación contra nosotras genera más
violencia”, insistió Sonia. Aída comentó los proyectos que están desarrollando y
los que comenzaron a gestionar. “Pero estos proyectos, que tienen como objetivo
aprender oficios, o formarnos, se ven dificultados por la prisión de las
compañeras”, explicó.
En la clase siguiente, resultaba difícil comenzar a escribir nuevas palabras. El
dolor es una constante en la vida de estas mujeres, y escribir su historia, no
puede hacerse fácilmente. Sin embargo, las manos comenzaron a combinar sílabas y
a crear palabras. Escribieron los nombres de cada una, hablaron de su origen.
Reflexionaron sobre el nombre de su organización. Al listado de nombres de las
presentes, se agregó los de Carmen y Marcela, tan presentes están, rondando
todas las acciones de este grupo de mujeres. Luego se combinaron palabras para
crear nuevas frases.
“Carmen toma mate”, escribió Ema. Sabe bien lo que escribe. Una vez más se
vuelve a recordar la injusticia de un sistema que nos quita el trabajo primero,
para encarcelarnos después. A una de las compañeras, Isabel, le cuesta escribir,
porque le falta un ojo. “Es por la represión que hubo en la dictadura”, nos
cuenta como quien recuerda una pesadilla vivida la noche anterior. Carmen
también sufrió duras represiones en la dictadura. Saben lo que son las cárceles.
Saben lo que es la tortura.
Las mujeres de AMMAR Capital, no aceptan que su único destino posible sea la
prostitución. Por eso no están buscando, como lo hacen otros grupos, la
sindicalización de las trabajadoras sexuales. Están organizándose para buscar
alternativas de trabajo, que no las obliguen a prostituirse. Pero al mismo
tiempo, saben que en la sociedad de la exclusión, estas alternativas requerirán
de mucha lucha. Por eso, promueven al mismo tiempo, la dignificación de las
compañeras, el cuidado de su salud, la formación de una perspectiva de género
que les permita resistir las humillaciones y las dominaciones, inclusive la
violencia, que se ejerce contra ellas, tanto desde los “clientes”, como desde la
policía. Denuncian la hipocresía de un sistema que condena la prostitución
callejera, amenazando a las mujeres en estado de prostitución, pero no afectando
a los proxenetas, a los “fiolos”, a la policía que vive de las coimas, a los que
abusan de menores bajo el nombre perverso de “prostitución infantil”. “La
prostitución infantil no existe”, dicen las militantes de AMMAR. Lo que existe
es el “abuso sexual de menores”, pero este delito no es perseguido.
Pasó un mes de la detención de los 15 presos políticos, rehenes de una ciudad
que quiere verse “limpia”, escondiendo a la pobreza y sus múltiples caras en
lugares de reclusión. En la cárcel de Ezeiza, Carmen toma mate. En las calles,
está la posibilidad de seguir luchando por su libertad.
Claudia Korol es corresponsal de Adital en Argentina y secretaria de revista
América Libre
2) PARA QUE LA FARSA SIGA SIENDO FARSA
A días de la confirmación del procesamiento de ROMINA TEJERINA, se van
atando cabos.
El ensañamiento de la Justicia con una joven que fue abusada sexualmente y que
por ello intentó frustradamente y reiteradamente abortar, y luego, al momento
del parto, mato al feto, encuentra varias explicaciones.
Una de ellas es que hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa de Romina
al apelar el procesamiento dictado por el Juez Juez, en razón de haber negado el
derecho de ROMINA a producir pruebas, implicaba que efectivamente se produzca
una prueba -la autopsia del feto- que determinaría el tiempo de gestación del
mismo.
¨Y ello que implica? Implica en primer lugar, si la prueba corrobora los dichos
de ROMINA -que el feto fue gestado el 1ro de agosto, cuando fue abusada
sexualmente- que el sobreseimiento del violador, con los fundamentos dados en la
sentencia de tal expediente, carece de todo sustento. Es que el violador fue
sobreseído y liberado a partir de que un informe de una medica del Hospital de
San Pedro señalaba que el feto tenia de 34 a 36 semanas de gestación, por lo que
en tal caso la gestación fue semanas antes del 1ro de agosto. Y si la gestación
fue antes del 1ro de agosto, ROMINA no quedó embarazada producto de la violación
que sufriera ese día, como ella relata.
La autopsia que pide la defensa de ROMINA haría caer con toda la fuerza de las
pruebas el sobreseimiento del violador. Por eso no la conceden.
De ello se desprende, que seguramente, si la Justicia concede la autopsiaso
licitada, lo haría después de que el sobreseimiento del violador quede firme. O
lo haría tal vez cuando ya sea imposible -por la descomposición del feto- hacer
tal autopsia. O, tercera posibilidad, directamente rechazaría tal prueba.
Si la Justicia de San Pedro quedó tan deteriorada luego del caso ROMINA, los
posteriores asesinatos impunes de Cuellar e Ibáñez en Libertador y luego de
hacerse tan pública la corrupción reinante, realizar la autopsia que ROMINA pide
implicaría que también la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal -que
confirmó el sobreseimiento del violador sin fundamento alguno- sea salpicada por
los efectos de la “farsa”.
La perdida de pruebas por demora en la producción ser una responsabilidad de la
Justicia por la cual el Estado deber responder ante ROMINA TEJERINA. Y desnudar
esta farsa montada por un poder judicial al que se le ha perdido el respeto, tan
adepto a Fellner y tan cuestionado con innumerables casos de impunidad, es uno
de los elementos que lo debilitar al momento en que se decida la suerte de
ROMINA -si es o no condenada, y el monto de la condena en el primer caso-.
Desnudar la farsa es una forma de debilitar uno de los poderes del Estado que es
tan “duro” para castigar con la cárcel a una joven que esta sociedad llevó a la
locura y a hacer lo que hizo.
La Justicia se enredó sola, y ahora debe seguir manteniendo la farsa violando el
derecho de ROMINA a defenderse produciendo las pruebas que propuso y que le
fueron negadas una y otra vez. ¨Es posible defenderse sin producir las pruebas
que acrediten lo que el imputado diga? ROMINA es victima de una farsa judicial.
Los Juzgados de Juárez y Samman son parte de la farsa. También la Sala de
Apelaciones de la Cámara en lo Penal. Ahora le toca al Superior Tribunal de
Justicia jujeño sumar un pronunciamiento mas para seguir la farsa: tiene que
confirmar el sobreseimiento del violador, que reafirma lo que sucede en todos
los casos de abuso sexual: la víctima es la mentirosa, la culpable, la que
provocó, la que en realidad se debe investigar.
¨Y cuando ser la fecha del juicio contra ROMINA? Los tiempos, hasta ahora, no
los manejó el código de procedimiento penal.
ESTADOS UNIDOS
1)LA CORTE DE CALIFORNIA ANULA 3.955
CASAMIENTOS GAY
La Corte Suprema de Justicia del Estado de California resolvió ayer
declarar, exclusivamente, la validez de matrimonios heterosexuales, con lo cual
anuló 3.955 uniones que habían sido convalidadas por el municipio de San
Francisco.
Los matrimonios homosexuales habían sido aprobados por el alcalde de esa ciudad,
Gavin Newson, de 36 años, quién asumió su cargo hace ocho meses, y que ayer
reaccionó con dureza ante la decisión adoptada por el máximo tribunal de
justicia californiano.
“No hay nada ni nadie, ni ley ni política, que pueda separar la unión voluntaria
de dos personas que se aman, nada”, sostuvo enérgicamente Newson, ante la
decisión de la corte de anular los 3.955 matrimonios homosexuales concretados
bajo su autorización.
Newson habló en el Palacio Municipal de San Francisco y elogió a los
homosexuales que afrontaron con coraje una ley que el calificó como
discriminatoria. “Me siento orgulloso de ellas”, enfatizó, en relación a las
3.955 parejas que ahora quedaron con sus matrimonios anulados. El máximo
tribunal, con asiento en Sacramento, capital de California, descalificó al
alcalde de San Francisco al dar su veredicto, señalando que “nadie puede
atropellar la ley y menos una autoridad civil”. Los matrimonios habían sido
autorizados por Newson el pasado 12 de febrero, pero el 11 de marzo fueron
dejados en suspenso por una corte de la propia San Francisco, lo que motivó un
conflicto de poderes que debió definir el tribunal estadual, el que se pronunció
por cinco votos contra dos en favor de la anulación.
Fuente: Telam, vía RIMA.
ECUADOR
Cada vez más, las mujeres indígenas se despojan del rol pasivo que se les había
asignado y demuestran que son un pilar básico para mejorar la condición de vida
de sus comunidades. En el Día Internacional de la Poblaciones Indígenas ellas
fueron las protagonistas. Pero lo son todos los días y en todos los continentes.
Cansadas de quedar siempre en un segundo plano por ser indígenas y mujeres, las
mujeres indígenas de la región andina del Chimborazo, en Ecuador, decidieron
hace cuatro años organizarse y poner en marcha iniciativas para el desarrollo de
sus comunidades.
Aunque el trabajo es lento, de momento han puesto en marcha decenas de aulas
para los niños de las comunidades, han impulsado un proyecto de alcantarillado
que beneficia a un millar de familias y han construido 1.600 letrinas en varios
cantones de la zona. Gracias a un proyecto de cría de animales, que luego venden
en el mercado, han potenciado también el comercio y han ampliado los beneficios
económicos de la comunidad.
Las mujeres de esta organización no son las únicas que se han convertido en
actoras activas para el cambio en sus pueblos. Sólo en Ecuador se están
produciendo procesos similares en las regiones de Otavalo y Quisapincha.
Fuera de este país, pero sin salir del continente, también se ven iniciativas en
Chile, Bolivia, Argentina o Brasil. De hecho, hace no más de cuatro meses, Perú
acogió la cuarta edición del Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas, que concluyó con una agenda común que recogió las preocupaciones y los
propósitos de estas mujeres y sus organizaciones.
“Reconocemos que existe un avance en los marcos jurídicos internacionales en
materia de derechos de los pueblos indígenas, pero aún no se ve ni se siente la
voluntad de los Estados Nación”, advertían las mujeres indígenas en su
declaración final.
El documento también recoge sus preocupaciones “por la creciente militarización
de nuestros territorios, por los conflictos armados y la intolerancia religiosa,
por el saqueo de nuestros recursos naturales y por la enajenación de nuestras
semillas para dar paso a la proliferación de transgénicos que nos producen
enfermedades y alteraciones genéticas”.
En este contexto, el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
reclama a los Gobiernos nacionales que tengan en cuenta la opinión de las
comunidades indígenas y de sus mujeres en las decisiones políticas. También pide
a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los organismos internacionales
que apoyen el proceso de empoderamiento de las mujeres de estas comunidades.
Como explica la directora de la División de Naciones Unidas para el Adelanto de
la Mujer, Carolyn Hannan, “las mujeres y niñas indígenas no deben ser vistas
solamente como víctimas, sino como agentes de cambio y promotoras de desarrollo
en todos los niveles”, por lo que se les debe ayudar para que accedan a los
recursos en igualdad de condiciones.
Mediadoras para la paz
Un ejemplo del papel de las mujeres indígenas para el desarrollo y la paz es el
caso de las mujeres de Tamang, en Nepal. En este país asiático afectado por un
conflicto armado, las mujeres indígenas de Tamang actúan de mediadoras y
negociadoras. Desde bien pequeñas, aprenden tácticas de mediación y resolución
de conflictos entre familias y en la actualidad han intervenido en procesos
donde las fuerzas de seguridad nepalíes y los rebeldes estaban implicados.
Un rol similiar desempeñan también las mujeres de Maranao y de la comunidad
Arumanen Manobo de Filipinas, respetadas e influyentes en la comunidad y que en
ocasiones actúan como emisarias a los adversarios para resolver conflictos.
Según Naciones Unidas, el valor de las mujeres indígenas en la prevención de
conflictos es “cada vez más reconocido” e incluso debería aprovecharse “en
operaciones multinacionales de mantenimiento de la paz”.
Para advertir de los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas y
recordar su riqueza cultural, Naciones Unidas celebra cada 9 de agosto el Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas, que este año coincide con el final
del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En la actualidad,
la ONU estima que existen más de 300 millones de indígenas en más de 70 países.
Fuente: Canal Solidario.
GUATEMALA
1) GUATEMALA SALE A LAS CALLES PARA PROTESTAR
CONTRA VIOLENCIA
La convocatoria para manifestar contra la violencia se ha extendido por todo el
territorio guatemalteco que el pasado viernes, acogió 22 marchas ciudadanas en
las que se calcula la participación de al menos 150 mil personas, informó la
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
La marcha fue concebida después de que el Procurador Sergio Morales llamó a las
organizaciones de la sociedad civil a integrar el denominado Frente contra la
Violencia, que exige a las autoridades detener la ola de violencia que agobia a
la ciudadanía.
Cientos de grupos se unieron al llamado, incluyendo las iglesias evangélica y
católica que el domingo pasado realizaron una jornada de oración por la paz.
Esta semana, la PDH distribuyó afiches, listones blancos y pegatinas entre
automovilistas pidiendo su apoyo a la incitativa.
La iniciativa privada organizada dispuso que sería decisión de sus empleados
sumarse a la marcha, expresó Hernández.
La marcha central se desarrolló en la capital y hubo manifestaciones similares
en las otras 21 cabeceras de los departamentos del país.
Durante el primer semestre del año, la policía reportó que la cifra de muertos
por la violencia asciende a más de 3.400 personas.
Por su parte, las organizaciones feministas y de mujeres se muestran alarmadas
porque las estadísticas de crímenes de mujeres muestran que más de 312 mujeres
han sido asesinadas hasta la fecha.
Un estudio de la firma CID-Gallup, difundido hace pocas semanas, indica que en
uno de cada cuatro hogares vive alguien que ha sido víctima de un acto delictual,
mientras que otro estudio realizado por el matutino Prensa Libre reveló que el
28 por ciento de los guatemaltecos ha sido blanco de los delincuentes.
Fuente: Terra Guatemala.
MÉXICO
1)II ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE
PERIODISTAS EN VILLAHERMOSA
María Huerta, enviada cimac | Villahermosa
Comunicadoras de 21 estados de la República, integrantes de la Red Nacional de
Periodistas, refrendarán aquí su compromiso para trabajar por un periodismo no
sexista y planearán sus actividades del año próximo, para continuar en la
defensa de los derechos humanos de la población femenina.
Durante el II Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, creada en 1995, las y
los profesionales de radio, prensa y televisión, harán durante tres días de
trabajo, un análisis acerca de la situación en que viven las mujeres en el país.
Entre los temas se encuentra la próxima reunión de evaluación que se realizará
el año entrante de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín 1994.
A 10 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El
Cairo (CIPD) y en vísperas de la evaluación de la aplicación gubernamental de la
plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, las y los
periodistas estudiarán junto con expertas en la materia, los avances y retos que
hay todavía para lograr su cumplimiento total.
La reunión de las y los periodistas contará con la asistencia de autoridades
locales y el rector de la Universidad estatal, Luis E. Saenz Cuadra.
La red, impulsada por la agencia Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC),
aglutina hoy a más de mil 200 periodistas, mujeres y hombres de todo el país.
En apego a los objetivos de la red, las y los periodistas impulsan el respeto a
los derechos humanos de las mujeres; con este fin, se han creado 40 suplementos
especializados en la condición social de las mujeres y más de 30 espacios
radiales y de televisión.
A lo largo de nueve años, la Red Nacional de Periodistas han impulsado campañas
en favor de la equidad, contra la violencia hacia las mujeres y por el respeto a
los derechos sexuales y reproductivos de población femenina.
2) EN UN AÑO 128.000 MUJERES ADOLESCENTES
INTENTARON SUICIDARSE EN DISTRITO
FEDERAL
(INFODEMEX)
Alrededor de 128.000 mujeres adolescentes del Distrito Federal -16.5%-intentaron
suicidarse el año pasado, cifra que representa un incremento de 15% con relación
al año 2000. El fenómeno fue relacionado con el aumento de 12% en la
drogadicción en ese sector poblacional durante 2003, revela la Encuesta sobre el
consumo de drogas en población de enseñanza media y media superior. El estudio
aplicado a 10.659 estudiantes representa a los 800.000 alumnos de secundaria,
bachillerato y bachillerato técnico de la capital del país. Detectó el
incremento en el consumo de estupefacientes alguna vez, al pasar de 14.7 a 15.2
%. Este último porcentaje equivale a 120.000 jóvenes, y se incluyen las drogas
legales e ilegales.
Destaca el aumento en el uso de la marihuana, que pasó de 5.8% en 2000 a 7.2% en
2003. En la última década la experimentación con esta hierba se duplicó y la
edad promedio para su consumo por vez primera fue de 13 años. Los resultados de
la investigación fueron presentados ayer por Jorge Villatoro, investigador
titular B del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, quien
resaltó el descenso en el uso de cocaína, droga que hasta 2000 iba en aumento
constante.
URUGUAY
1)PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA EN
MARCHA
(La República de las Mujeres)
En la misma semana que la violencia doméstica cobró cuatro vidas más, se
anunciaron los primeros pasos de implementación del Plan Nacional de Lucha
contra la Violencia Doméstica 2004-2010, aprobado por el Poder Ejecutivo el 10
de junio de este año. Básicamente apuntan a la estructura orgánica, la
sistematización de información y la sensibilización de los operadores.
El Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010 tiene
por finalidad erradicar las situaciones de violencia doméstica en Uruguay,
promoviendo estilos de vida saludables, caracterizados por la equidad de trato y
oportunidades, tolerancia y respeto en la diversidad. Su objetivo general es
diseñar y gestionar políticas públicas específicas. El Consejo Nacional
Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, creado por la Ley l7.514,
vigilará su ejecución y monitoreará los avances.
El 19 de agosto, los miembros del Consejo en pleno adelantaron medidas
inmediatas de implementación del plan: instalar los primeros Consejos
Consultivos departamentales, en Montevideo, Cerro Largo, Río Negro, Durazno,
Maldonado y San José; establecer los mecanismos para centralizar la información
sobre violencia doméstica con consecuencias de muerte o lesiones graves en el
Instituto Nacional de la Familia y la Mujer; diseñar protocolos de acción
unificados; sensibilizar a la población, lo que incluye difusión de los
servicios especializados existentes y promoción de la necesidad de romper el
silencio.
También se anunció que el Consejo Consultivo pedirá entrevistas a los candidatos
a la presidencia de la República, con el objeto de obtener de ellos un
compromiso real con la causa, lo que implica la disposición de los recursos
materiales y personales que sean necesarios.
La doctora Luz Calvo, directora del Instituto de la Familia y la Mujer, solicitó
que los medios de comunicación colaboren con la modificación del léxico que
emplean (erradicar el “drama pasional” y hablar directamente de violencia
doméstica, por ejemplo) para que se refleje la verdadera naturaleza de los
hechos consignados.
El magistrado del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Pérez Manrique, anunció que
se espera estén funcionando en Montevideo, antes de fin de año, cuatro juzgados
de familia especializados en violencia doméstica. Fueron creados por ley a fines
de 2003, y actualmente se están solucionando los problemas locativos. Pérez
Manrique se lamentó de que los recursos asignados no alcancen para extender esta
estructura, a su juicio indispensable, al interior del país.
Además de Luz Calvo, que lo preside en representación del Ministerio de
Educación y Cultura, y Pérez Manrique, que lo integra en nombre del Poder
Judicial, el resto de los miembros del Consejo Nacional Consultivo son la
Directora Nacional de Prevención Social del Delito, Graciela López, por el
Ministerio del Interior; la doctora Margarita Noceti, adjunta a la Unidad de
Asesoría de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud Pública.
Otros miembros son la doctora Stella López, por el Instituto Nacional del Menor,
cuyo directorio integra; la consejera de Educación Primaria, maestra Gladys
Pérez de Coirolo; Mariella Mazzotti, presidenta de la Comisión de la Mujer de la
Intendencia de Montevideo, por el Congreso Nacional de Intendentes; y por las
organizaciones no gubernamentales Carmen Beramendi, Andrea Tuana y Ana María
Nocetti, coordinadoras de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y
Sexual.
3) VIVA LA LIBERTAD DE
PRENSA
Señor director de LA REPUBLICA,
Dr. Federico Fasano Mertens
Como muchas/os sabrán, en el programa del martes anterior de “El Sentido del
Sexo” (Canal 10), después que se emitió una entrevista pre-grabada y reducida a
4 minutos en la que yo conté que mi salida pública como activista lesbiana había
tenido, entre otras repercusiones, también un “costo laboral”, la periodista Ana
Nahum expresó espontáneamente su “admiración y respeto” por mí, como profesora
suya “de Facultad”, y que lamentaba que los estudiantes actuales de “la
Universidad” no me tuvieran, por el hecho de que “esa Universidad me había
despedido” por mi activismo. A continuación, la socióloga Teresa Herrera agregó:
“Aclaremos qué Universidad era, porque hay varias... Fue la Universidad
Católica”. Apenas trece minutos después, estaba sentado a la mesa del programa y
con el micrófono colocado el Sr. Luciano Alvarez, quien asumió la representación
de la Universidad Católica y, después de decir que sentía “gran aprecio” por mí,
se despachó con una serie de aseveraciones lapidarias sobre mi persona y mi
historia laboral, reforzándolas con expresiones como “esto es así y no de otra
manera”, “yo no miento”, “yo fui testigo”, etc. Ocupó los 9 últimos minutos del
programa, que se cerró luego de su intervención sin haber podido emitir lo que
tenía preparado.
Desde que me enteré de lo sucedido hasta hoy, hablé por teléfono con el Dr.
Gastón Boero, con Teresa Herrera, con la periodista que grabó mi entrevista y
con los dos productores, reclamando a todos/as el derecho a hacer mis descargos.
Además de tergiversar hechos de los que él no fue protagonista en su momento,
las alusiones de Luciano Alvarez fueron un agravio totalmente gratuito -cuando
precisamente el Sr. Alvarez se queja de que en el Uruguay anticlerical se puede
agraviar gratuitamente a los católicos- ya que no existió de mi parte ninguna
mención a la Universidad Católica, y me perjudican en mis posibilidades
laborales a un grado altísimo, por la enorme audiencia del programa. En los días
que transcurrieron desde su emisión tuve que aclarar mi situación a no menos de
40 personas, muchas de ellas desconocidas, que lo habían visto.
Hace un rato me llamó al celular el Sr. Ricardo Artola, productor del programa,
para decirme que la dirección de Canal 10 entendía que el caso estaba cerrado y
que, por lo tanto, no me concedería el espacio reclamado.
Cuando le manifesté que recurriría a la Justicia para defender mi derecho a un
espacio idéntico al que habían otorgado al Sr. Alvarez, Artola dijo que volvería
a hablarlo con la dirección, pero pocos minutos después volvió a llamarme para
confirmar la decisión.
¡Viva la libertad de prensa!
Diana Mines
4) MURIÓ LA ESCRITORA MAROSA DI GIORGIO
A los 72 años de edad y víctima de un cáncer, falleció ayer una de las
escritoras uruguayas más importantes del siglo XX.
La escritora Marosa di Giorgio fue conocida por libros como “Magnolia” y “Reina
Amelia”. En el año 2001, obtuvo el premio internacional de poesía en lengua
castellana otorgado en el Festival Internacional de Poesía de Medellín por su
obra “Los papeles salvajes”.
La naturaleza y sus mutaciones fueron para la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio
la piedra de toque que organiza toda su obra, poblada de figuras invisibles y de
arcanos, de mitologías colectivas y personales.
“La naturaleza es sobrenatural. Pero además, en mi caso, todo estuvo sombreado,
iluminado de un modo extraordinario”, dijo alguna vez la escritora en una
entrevista con Télam.
Descendiente de inmigrantes italianos y vascos, Marosa di Giorgio Médici (tal su
nombre completo) nació en Salto (Uruguay) en 1932.
Publicó las colecciones “Poemas”, “Humo”, “Druida”, “Historial de las violetas”,
“Magnolia”, “La guerra de los huertos”, “Está en llamas el jardín natal”,
títulos reunidos en “Los papeles salvajes” (1971).
El conjunto de su obra, reunida en “Los papeles...” luego se amplió con dos
volúmenes que incluyeron “La liebre de marzo”, “Mesa de esmeralda”, “La falena”
y “Membrillo de Lusana”.
Una edición posterior de la obra de Di Giogio se publicó en Argentina en 2000,
en la que se agregó el libro “Diamelas de Clementina Médici”, dedicado por la
poeta a su madre.
También aparecieron en Montevideo, “Clavel y Tenebrario”, “Misales”, “Relatos
eróticos”, y “Camino de pedrerías”.
Catalogada dentro de la esfera de lo extraño, la poesía de Marosa respondió
siempre a las exigencias de un mundo interior, cuyo aislamiento temático y
formal dentro del mapa de la poesía de Uruguay y Latinoamericana acentuó aun más
esta impronta.
“Hasta los cuatro años fui, me parece, como todo el mundo. Pero ahí sufrí una
perturbación... Decía los cuatro años... entonces quedé, me transformé en una
testigo, sensible y ardiente, de todas las cosas”. “Mi protagonismo era como
testigo: las cosas pasaban, yo las miraba en profundidad, con una atención
extrema y dolorosa. Quedé expectante”, escribió.
Las causas de aquella “perturbación” temprana no remitían a ninguna lógica.
“No... un día en el jardín, de pronto, me emparenté con la magnolia. Como ella
eché unos ojos grandes, blancos, negros, nerviosos, fijos”.
Los primeros textos de la poetisa “vienen de la nada y del todo. Es un algo que
en silencio navega, hasta que salta...no sé, como un poema, por ejemplo” ,
explicó alguna vez.
Lectora omnívora, la escritora uruguaya, valoró más la experiencia de la
naturaleza. “Siempre fui muy lectora. Pero no me baso en nada; hay escritores
que parten de otros o de una corriente literaria. No es mi caso. Seguramente
todo influye, pero no lo noto”.
“Las lecturas que hice fueron todas importantes. Mientras estudiaba, leía un
poco al azar; después volví a leer ordenadamente desde el principio de la
literatura”, contaba.
“Como todo poeta -le gustaba repetir- tengo una antena especial, un hilo, donde
vienen a parar las luces del más allá. Ando con una antorcha que oye”. Esta
concepción de la práctica poética -de algún modo deudora o tributaria del
romanticismo- la condujo a un interés por la representación, el teatro y las
performances.
“Siempre hacía lecturas poéticas. Comencé en la escuela y en el campo, con mi
hermana, con mi abuela, representábamos personajes, sobre todo personajes
mitológicos”, recordaba.
“Y las cosas siguen saliendo, vuelven, se van, vuelven, ¿por qué las voy a
desechar?” -se preguntaba Marosa- a lo largo de un itinerario que bajo formas
distintas dejaron siempre al descubierto su irreductible singularidad.
Fuente: Prensa latina, Infobae, Agencias.
REDES
REDES A FAVOR DE LA JUSTICIA DE GENERO
Isabel Villar, Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI
En el marco de un proyecto destinado a fortalecer los procesos de ratificación e
implementación del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional
(CPI), y sensibilizar sobre sus aportes a la justicia de género, se realizó en
Chile un seminario de capacitación a parlamentarias del Cono Sur. Invitado
especial fue el fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo.
(Mujereshoy) Impulsado por las organizaciones no gubernamentales chilenas
Corporación La Morada y el Centro de Desarrollo de la Mujer Domos, el seminario
de capacitación a parlamentarias del Cono Sur se realizó los días 6 y 7 de
agosto en la capital chilena. El objetivo es que ellas se conviertan en actoras
clave de esos procesos, que incluyen la incorporación de los principios del
instrumento internacional a las legislaciones internas de los respectivos
países.
En 1998, la comunidad internacional aprobó el Estatuto de Roma, que crea la
Corte Penal Internacional (CPI), instancia jurisdiccional competente para
investigar y juzgar a personas que hayan cometido crímenes de guerra, de lesa
humanidad y genocidio, cuando los países involucrados no quieran o no puedan
hacerlo.
Luego de la ratificación por parte de más de 60 estados, entre los que se
encuentran Uruguay y el grueso de los países de América Latina y el Caribe, a
excepción de Chile, el estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002.
Se designaron 18 jueces (de los cuales 7 son mujeres), y el primer fiscal es el
abogado Luis Moreno Ocampo, quien tuviera destacada actuación como fiscal
adjunto en los juicios iniciados en Argentina contra los miembros de las fuerzas
armadas que integraron las juntas militares usurpadoras del poder desde 1976 a
1983.
La fiscalía de la CPI ya está investigando dos casos de crímenes contra la
humanidad en Congo y norte de Uganda, y tiene otros seis en análisis.
Al seminario para parlamentarias, patrocinado por Acción Global Parlamentaria (PGA)
y Human Rights Watch (HRW), asistieron legisladoras de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Por Uruguay participaron las diputadas Beatriz Argimón
(Correntada Wilsonista, P. Nacional) y Margarita Percovich (Frente
Amplio/Encuentro Progresista/Nueva Mayoría).
Pese a que todas estaban convocadas, llamó la atención la absoluta ausencia de
legisladoras chilenas, a excepción de la diputada Isabel Allende, que tuvo a su
cargo la apertura de la primera parte de la actividad.
Ésta, dirigida preferentemente a miembros del Parlamento y autoridades del
Estado chileno, buscó colocar en la agenda legislativa el Estatuto de Roma como
hito trascendental en el derecho y la justicia internacional. Contó con la
presencia de personalidades de reconocida trayectoria en el campo del derecho
internacional como el doctor Luis Moreno Ocampo, la doctora Cecilia Medina,
magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la diputada argentina
Margarita Stolvizer, directiva de PGA, el doctor Miguel Vivanco, director de HRW
y la abogada Lorena Fries, directora del Área de Ciudadanía de la Corporación La
Morada.
Sensibilización y capacitación
La segunda parte del seminario se dedicó a un trabajo técnico-jurídico que
conjugó doctrina y estudio de las normas contenidas en el Estatuto de Roma, con
énfasis en los nuevos estándares que coloca este instrumento, transversalizado
por la perspectiva de género.
En él confluyen aportes del Derecho Humanitario Internacional, jurídicamente
expresado en los Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos Adicionales
(1977), y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente
contenido en La Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (1979), la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (1994) y en las Plataformas de Acción de las conferencias
Internacionales de Derechos Humanos de Viena (1993) y de la Mujer de Pekín
(1995), entre otros.
Los principales logros del Estatuto de Roma, obtenidos merced al decidido
trabajo de organizaciones de mujeres de todo el mundo, son la criminalización a
nivel internacional de la violencia sexual y de género, la incorporación de
normas de procedimiento y prueba en relación a victimas y testigos, la
protección -inclusiva de seguridad física y bienestar psicológico, dignidad y
privacidad- y participación asistida de víctimas y testigos durante todo el
proceso, la incorporación de una definición de género y del principio de no
discriminación por esa razón, el acceso de las mujeres a los espacios de poder
de la CPI y a su equipo.
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable quedan
incluidos entre los crímenes de lesa humanidad, y la CPI es competente para
perseguirlos, siempre que se trate de actos sistemáticos o generalizados.
Para los crímenes de violencia sexual se explicita que no se requiere la
corroboración del testimonio de la víctima, se rechaza que el consentimiento de
ésta sea utilizado como argumento de la defensa, y se prohibe presentar
cualquier prueba sobre la conducta sexual anterior o posterior de la mujer. Una
función fundamental de la CPI es atender a la reparación a las victimas, que
contempla rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantía de
no petición.
Juezas en la mira
El de parlamentarias fue el segundo de los seminarios organizados por Domos y La
Morada. Hubo uno anterior dirigido de organizaciones no gubernamentales, y el
próximo estará destinado a miembras de los poderes judiciales de los países del
Cono Sur. La idea es generar una red de actoras de ámbitos sensibles al tema que
trabaje articuladamente a favor del funcionamiento de la CPI, y de la adecuación
de legislaciones e intervenciones que apunten a la consolidación de la justicia
de género.
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