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URUGUAY

LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

POSTERGACIÓN SINTOMÁTICA DE LA DISCUSIÓN EN SENADORES

Entre el 13 y del 14 de abril se debatió en la Cámara de Senadores del Uruguay el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que contiene entre otros artículos la despenalización del aborto, luego de ser aprobada hace más de dos años en la Cámara Baja. En realidad esta polémica sobre la despenalización del aborto se viene procesando desde hace casi dos décadas, y en este momento, en pleno año electoral, el miedo a perder el voto católico y los compromisos asumidos con los diferentes grupos de mujeres tiene a los senadores en situaciones de grandes contradicciones.

En estos días, el proyecto llegó a la discusión general a través de un acuerdo entre bancadas, que habilitaron su pase. Desde el principio los y las senadoras opuestas al proyecto de ley calcularon que no alcanzaban los votos para aprobarlo. Grande fue su sorpresa cuando en mismo día de su discusión, vieron que había un empate virtual en torno a este tema. Más grande aún fue la sorpresa cuando varias encuestadoras publicaron que se hacerse un plebiscito en torno a proyecto, éste estaría despaldado por más del 64% de la ciudadanía. Grandes fueron las dificultades del sistema político de incluir en su agenda y decidir su voto en un tema de raíces sociales y políticas tan fuertes. El dar una solución política a un tema social y reflejar la opinión de la ciudadanía se hace difícil cuando los líderes de todos los partidos se oponen al proyecto.

Así fue como el Senado decidió, la miércoles de noche, pasar a cuarto intermedio y retomar la discusión el 4 de mayo, en medio de intentos de los senadores opuestos a la ley de desvirtuar las dos sesiones del Senado donde se debía aprobar o no la misma, colocando en el orden del día otros temas nada relacionados con el proyecto en ciernes. Sólo el Frente Amplio exigió que el tema se agotara en esos dos días y se pasara a discusión. ¿Tenían datos de que alcanzarían los votos en ese momento?
Al mismo tiempo, dos senadores, Pablo Millor de la lista en el gobierno y José Korzeniak, del Frente Amplio, manifestaban su opinión de que éste era un tema que ameritaba un plebiscito nacional. Poco duró este romance entre la lista 15 y el Frente Amplio, ya que éste último, en estos momentos, está revisando su posición sobre la conveniencia o no de un plebiscito.

Mientras tanto, la verdadera batalla se estaba dando en la cancha grande, es decir en las calles, en las barras del Parlamento y en la calle frente al Palacio Legislativo. Las bases sociales en contra y a favor del proyecto, argumentan y presionan. Durante toda Semana Santa, la iglesia Católica y grupos "por la vida" desataron un verdadero terrorismo verbal, convocaron a sus súbditos a no votar a quienes aprobaran la despenalización del aborto, incluyendo listas que se pegaron en la Catedral de Montevideo con los nombres de los diputados que votaron a favor de la ley. Los grupos a favor de la misma y sobre todo las organizaciones de mujeres realizaron dos marchas y manifestaciones los días lunes 12 y martes 13 reclamando justicia para las mujeres que realizan abortos en condiciones de riesgo, y alertando que éstos son la principal causa de muerte materna en el país. Tan grandes fueron estas dos campañas, que la gran prensa no tuvo más remedio que ocuparse de ellas, transmitiendo a ambos grupos contrarios que se habían reunido frente al Parlamento, cada uno en un lugar distinto, con sus propias consignas y pasacalles. Esto tomó un estado público total, lo que obligó a muchos senadores a esconder cuál sería su voto, o simplemente no asistir a la sesión en que se trataría el tema, mandando en su lugar a suplentes que tampoco sabían qué actitud tomar. Es que el debate en la sociedad civil ya no se puede simplificar bajo la forma "las feministas por un lado, la Iglesia Católica por el otro".
El sustento social de quienes apoyan la ley creció con los años: a las feministas se les suma la Universidad de la República, el PIT-CNT (central único de trabadores/as), la Federación de Estudiantes Universitarios, organizaciones de derechos humanos, los afroubandistas, la Iglesia Valdense y la Metodista, entre otras.
Fue monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo, la estrella máxima de la virulenta campaña contra el aborto. El viejo método de engendra la culpa en el corazón de sus fieles se une a las amenazas del castigo de no voto para quienes desobedezcan y alcen su mano a favor de la ley, sumadas a las acusaciones de asesinos y genocidas. "¿Qué diferencia hay entre un ser humano de 15, 20, 30 años que en un tren de Madrid salte por quilos de dinamita y una criatura de dos o tres meses que está en el vientre de la madre, le ponen un fierro adentro, la despedazan, le aplastan el cráneo y la succionan con una aspiradora y la tiran a la basura?", preguntó Cotugno. Claro, este señor no hace más que seguir al pie de la letra las órdenes que llegan del Vaticano, ya que sigue esperando su ascenso a Cardenal.

Pero es grave la injerencia de la Iglesia Católica en el sistema político de un país que se define laico, que separa la Iglesia del Estado desde principios del siglo XX. El sistema político no puede ser utilizado para imponer posiciones religiosas. Además, es peligroso que a raíz de las declaraciones de Cotugno hay senadores que cambian de posición. Votaban a favor el año pasado y no sostienen el voto este año. Argumentaron que se entraba en un año electoral y que no era bueno contaminar el tema.

Hubieron otras estrellas menores, como el senador el Frente Amplio Eleuterio Fernández Huidobro, el parlamentario más entrevistado el 13 de abril, quien sutilmente comparó la ley de despenalización del aborto con la amnistía dada a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad o la que él mismo había recibido por sus supuestos delitos de sangre en tanto dirigente histórico del MLN-T ya desde la etapa de la lucha armada. Es decir, comparó asesinatos, desapariciones de militantes, secuestros de niños y torturas que cometió la dictadura cívico-militar con un aborto. ¿Algo parecido a Monseñor Cotugno?
La clave de que el debate y tratamiento de la ley en cuestión hay sido postergada hasta nueva fecha parece centrarse en el mismo partido de gobierno, El Partido Colorado, tres de cuyos senadores han cambiado sus votos de favorables a la ley a opositores a la misma, pero sin mucha convicción. Un plebiscito sería un cachetazo al presidente Battle desde su mismo partido, teniendo en cuenta que éste ya ha declarado hace dos años que de aprobarse la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, él la vetaría. Está para verse qué harán otros senadores del Encuentro Progresista cercanos al Dr. Váquez, candidato a presidente por esta colectividad política, por no dejarlo solo, ya que Vázquez ya a proclamado en diversas ocasiones que es contrario a la despenalización del aborto. Como vemos, el tema toca a todas las tiendas políticas. ¿Será que las organizaciones sociales puedan tomar el toro por las guampas y convocar ellas a un plebiscito?

ALGUNOS DATOS

Uruguay ocupa a nivel mundial uno de los primeros lugares de muerte materna por aborto practicado en condiciones de riesgo. El promedio mundial es de 13 por ciento, el latinoamericano de 21, el sudamericano de 24 y el uruguayo de 27,7 por ciento.
La clandestinidad de esta práctica imposibilita saber cuántos abortos se llevan a cabo en el país. Las cifras estimadas van de 30 mil a 150 mil por año.
En los primeros tres meses de 2002, tres uruguayas murieron por complicaciones posaborto.
Un aborto realizado en relativamente buenas condiciones sanitarias en alguna clínica cuesta en Uruguay un mínimo de 500 dólares. Llega a rondar los 800 dólares o más desde que se ha realizado, desde el 2002 una fuerte campaña de represión contra estas clínicas.
Comprar el teléfono de una clínica que cierra cuesta U$S 450.000. ¿Cuánto ganan, pues, por mes, estas casas abortivas?.

Varias mutualistas también realizan abortos clandestinos cobrando una cifra mucho mayor a los 800 dólares de rigor. Este procedimiento es sólo para las capas de mayores ingresos en el país.
Se ha denunciado que parte de la policía y sus jerarcas son coimeados para no cerrar las clínicas abortivas, a las que acuden, entre otras, las mujeres de los legisladores, de la propia policía y del cuerpo castrense.
Está comprobado que ninguna mujer que esté decidida a abortar deja de hacerlo por miedo a la represión, o por los altos costos de la intervención. En todo caso recurren a métodos caseros de alto riesgo para su salud y vida.

LO QUE DICE EL PROYECTO

El aborto podrá realizarse dentro de la primeras 12 semanas de embarazo siempre que a través del personal competente se informe a la mujer de las posibilidades de adopción y de los programas disponibles de apoyo económico y médico a la maternidad, así como se brinden y coordinen instancias de reflexión y apoyo a la mujer pre y pos intervención.

El plazo para la realización del aborto podrá extenderse a 20 meses de embarazo cuando, a juicio del médico tratante, la edad o condición fisiológica de la mujer hubiera dificultado el conocimiento de su gravidez en los tiempos usuales.

Después de las 12 semanas y hasta las 24, la interrupción de un embarazo sólo podrá efectuarse cuando la gravidez implique un grave riesgo de salud para la mujer o cuando se verifique un proceso patológico que provoque evidentes malformaciones o anomalías al feto. Pasadas las 24 semanas, la interrupción de un embarazo sólo será permitida si a criterio del médico tratante fuera estrictamente indispensable para salvar la vida de la mujer. Esta deberá consentir esa intervención de serle posible.

En caso de menores de 18 años, el aborto podrá realizarse sólo con su consentimiento y el de cualquiera de sus representantes legales o guardadores de hecho. Si no fuera posible obtener esos asentimientos, habrá recurso ante jueces letrados de familia en Montevideo o jueces letrados de primera instancia en el Interior.

Fuera de estos plazos y condiciones, quien causara un aborto será castigado con pena de tres a 24 meses de prisión. Si lo hiciera sin consentimiento de la mujer, la pena pasa a entre dos y ocho años de penitenciaría.
Si a la mujer le sobreviniera una lesión grave o gravísima, la pena impuesta a quien practicara un aborto será de dos a cinco años de penitenciaría, y si la mujer muriera, de tres a seis años de penitenciaría.

En cuanto a la mujer que causare el aborto de su propio embarazo fuera de las circunstancias y condiciones legales, se fija una pena de prisión de entre tres y nueve meses. Si el aborto se produjera antes de las 20 semanas, quedará exenta de pena.

Las interrupciones de embarazo que se practiquen en las condiciones fijadas por la ley serán consideradas un acto médico gratuito, a cargo del Estado.

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Nota: Como hemos mencionado alguna declaración del Senador Fernández Huidobro escuchada en varias radios, hemos optado por publicar un artículo de él en el Diario La República, en un tono más tranquilo, y otro artículo en contestación a éste de un viejo compañero del MLN-T, Jorge Torres.

SE TRATA DE LA VIDA

Por Eleuterio Fernández Huidobro
(Diario La República - 15/04/04)

Cuántas mujeres más deben morir para que los senadores se animen a votar esta ley?", gritan unos. "Esta Ley mata niños con una aspiradora y los tira al tacho de la basura", gritan otros. Bajo el terror de tales "argumentos" es difícil debatir. Estoy convencido de que una nueva vida humana surge en el momento de la concepción cuando sus 46 cromosomas flamantes deletrean un personal, único, e irrepetible "código" genético. Distinto al del padre y al de la madre.

A partir de ese cimiento, de contundencia irrebatible, la vida debe ser protegida. Con el grave agregado de su extrema debilidad. Tan trémula alborada de todos un buen día, es sacramental y sagrada. Hablo desde una ineludible perspectiva judeo-cristiana al decir de algunos, occidental y cristiana sostienen otros, y así sucesivamente. No puedo hablar desde otra. Nací y me crié en Uruguay. Kissinger le dijo un día a Mao Tse Tung, que lo admiraba rendidamente por haber logrado implantar una filosofía judeo-cristiana como el marxismo en el vasto país de Confucio. Mao ya muy viejo, palmeándole la mano, le contestó que no, que apenas si había podido llegar con ella hasta los alrededores de Pekín. Compréndase entonces que, desde esa perspectiva, será posible redactar una ley. Desde otra, la ley será distinta. El punto de partida determina en este caso el camino a seguir.

Yo no puedo banalizar la muerte de un embrión. Y si en el país hay 33.000 abortos anuales (cifra más aceptada pero insegura) debo tratar de evitar que esa mortandad de futuros hombres y mujeres se produzca. La veo como la peor expresión de la violencia doméstica. Por la muerte de esos embriones, la tragedia de la mujer y el hecho social de que gran parte de esos abortos son decididos por hombres y no por mujeres (padres, esposos, compañeros, parientes...), por la omisión culpable del Estado y, también, porque la sociedad en su conjunto elude los problemas e impone las "soluciones". Asumo la culpa propia en esto. Discutimos además en el marco de un país despoblado.

Y no olvidemos que la principal causa de muerte materna es en partos que también se realizan hoy en condiciones oprobiosas en la enorme mayoría de los casos. De eso esta Ley dice absolutamente nada. Guarda un profundo silencio y, en materia de mutilaciones y otras agresiones, nada dice acerca del aumento escandaloso de las cesáreas luego de cierto momento en nuestra reciente historia y en especial antes de las Fiestas de cada Fin de Año y de cada Semana Santa. Sin embargo esta Ley lleva como nombre Defensa de la Salud Reproductiva. Así como hay abortos para pobres y para ricas, hay fecundación, concepción, gestación, parto y crianza, para pobres y para ricas y las que más mueren y quedan mutiladas en partos, son las pobres o sea la inmensa mayoría. Esta Ley de eso dice nada. Cambiemos su nombre por lo menos.

LA MUERTE AUTORIZADA

El drama social, la realidad concreta, el hecho de que la penalización del aborto obliga a su práctica clandestina y somete a las mujeres a todo tipo de explotaciones, humillaciones, mutilaciones e incluso la muerte, coloca en el debate parlamentario un decisivo argumento a favor de ir a la despenalización.
Este asunto ya está presente en la legislación y por lo tanto no puede ser descartado sólo en base a "principios".

La Ley de duelos y los duelos mismos en los que, sin ir más lejos en el tiempo, han participado Jorge Batlle, Julio María Sanguinetti, Manuel Flores Mora, Líber Seregni, Enrique Erro y un largo etcétera. La carrera militar lleva implícito el homicidio no sólo despenalizado, sino ordenado bajo graves penas si no se acata y, por si ello fuera poco, condecorado. Leyes de amnistía y de preclusión de la pretensión punitiva del Estado incluso ratificada por referéndum popular, despenalizaron todo tipo de delitos incluso el homicidio. Los policías en uso legal de su arma de reglamento si producen un homicidio. La legítima defensa para el caso de toda la ciudadanía. En naufragios y otros cataclismos. Decisiones de fuerza mayor que salvan a unos y sacrifican a otros. Diversas decisiones médicas vinculados al aborto.

Por lo tanto la despenalización del homicidio, si evita un mal mayor, hace ya tiempo que está vigente en nuestro país. Pero siempre obedece a causas poderosas, se esté de acuerdo con ellas o no. Por lo tanto no me niego a discutir la despenalización, pero sin engañar a nadie, sé muy bien de qué se trata y en la medida de las posibilidades del Estado y de la sociedad debería evitarse el aborto. El gran problema es que esta Ley, tal como está, sin modificaciones importantes, no da respuesta a ese principal argumento y por lo tanto pierde su principal sostén. Como supongo que nadie está de acuerdo con el aborto veamos:

En el Capítulo I - que debería ser el principal - nada importante se dice respecto a la gran campaña nacional contra este problema, fomentando la maternidad, y la paternidad responsable, la educación sexual, las medidas anticonceptivas, la salud del embrión, etcétera. Se dicen vaguedades para saludar a la bandera. Tampoco nada en torno a lo que sería previo y esencial: toda mujer embarazada y sin determinada cantidad y calidad de recursos recibirá una Asignación Familiar renovada y de verdad por tres años desde la concepción.

O por el plazo y cantidad que la patria pueda hasta que pueda lo que debe. Y esto, que lo propusimos y debemos proponer con esta o sin esta Ley adquiere razón aplastante en el marco de esta Ley. Sé que la económica no es la única causa de los abortos, pero es la principal entre los sectores más vulnerables que hoy son la mayoría. Resulta fácil decir aborta como decir no abortes si después viene la olímpica palangana para lavar las manos. De este tema la Ley dice nada. Tal vez descartando de antemano que si llega a decir algo, vendrá el superministro de las finanzas con el pulgar para abajo y todo el debate se acabó. La muerte sí, la guita no. Como siempre. Uruguay destina recursos en seguros de paro, INDA, comedores escolares, seguridad, cárceles, (cada preso sal e unos 5.000 pesos por mes) y un largo etcétera.

Nada dice acerca de las "Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto en Condiciones de Riesgo" propuestas por el Sindicato Médico, Facultad de Medicina y Sociedad Ginecotológica. Porque a pesar de esta Ley seguirá habiendo abortos en condiciones de riesgo. La Ley hace como que a partir de ella este problema desaparecerá. Y no va a desaparecer y eso hay que decírselo a la gente. La Ley no dice que será penalizada la comercialización de los restos humanos producto del aborto... Uno de los grandes negocios de las clínicas clandestinas (que mañana serán legales). Las placentas "jóvenes" (de embarazos interrumpidos), son atroz materia prima de las multinacionales de la industria química para la fabricación de los "mejores" cosméticos antiarrugas.

La Ley no prohíbe la propaganda respecto a estos servicios que se legalizan. Por el contrario: será esperable. Seguirá habiendo abortos para pobres y abortos para ricos. Como hay salud para ricos y muy escasa o nula para pobres. La Ley diluye la responsabilidad paterna en la decisión. No es consultado y ni siquiera comunicado. No tiene nada que ver. Ese hecho en las actuales condiciones provocará una mayor irresponsabilidad paterna en el tema y alentará la presión sobre las mujeres para que aborten. En ese sentido la Ley es machista. Pero lo es fundamentalmente porque en su Capítulo I (Deberes del Estado) no se menciona ni una sola vez la palabra embrión o la palabra feto. Si Uruguay padece 33.000 abortos por año, 17.000 de esas muertes, por lo menos 17.000, son mujeres. Sobre ellas y sobre su salud, la Ley dice nada. O tal vez dice definitivamente todo.

ARGUMENTAR, PERO NO MUCHO.

Jorge Torres

En La República del pasado 15 de abril aparece un artículo del Senador de la República Eleuterio Fernández Huidobro con el que intenta fundamentar o justificar su posición contraria al proyecto de ley que despenaliza el aborto. A partir de un sesgamiento del que abusa, el Senador encabeza su artículo con un título melodramático: Se trata de la vida. Y a partir del título y del sesgamiento, desarrolla un reduccionismo de tipo terrorista por el cual todos los que estamos a favor de la despenalización del aborto, caemos en la categoría de criminales. Palabra más, palabra menos, una simple variante de las homilías cotuñescas.
Haciendo una formidable exhibición de carencia de método, el Senador de la República se introduce en el tema del aborto a partir del descubrimiento o de la comprobación de que la concepción surge a partir de los 46 cromosomas que, a su vez, son producto de la fecundación del óvulo femenino por un espermatozoide. En tren de ir más atrás, el Senador podría haber llegado hasta el momento más picante, ilustrativo y determinante que es cuando el pene se introduce en la vagina. Aunque es posible que desde su ineludible perspectiva judeo-cristiana tal descripción habría aparecido como un poco impúdica y también pecaminosa.

Así pues el Senador (solo o con sus asesores) omite analizar el tema del aborto desde la globalidad de sus cuatro enfoques posibles y necesarios: el cultural, el moral, el de los derechos individuales y el biológico. Cuando titula su artículo Se trata de la vida está escamoteando a la polémica otros enfoques posibles y distintos del biológico los que, sin quizá, son mucho más importantes, como vamos a verlo.

Cada cultura crea, aplica y transmite determinados valores espirituales y materiales; pero esos valores no son eternos (¡Senador, ni los dioses son eternos!) sino que van cambiando durante el transcurrir de la sociedad humana y mucho de lo que hasta ayer era aceptable, hoy no lo es (la esclavitud, por poner un solo ejemplo). La inmutabilidad sólo existe en el terreno religioso y en aquellos donde predomina el pensamiento dogmático; en todos los demás, no. Y si los cambios que se producen en la sociedad humana constituyen un progreso o un retroceso, es una cuestión que compete a las filosofías pero no a las culturas, que son un hecho vivo, cambiante, mutante. Así es que hoy, aun desde una ineludible perspectiva judeo-cristiana no se admite el recurso de la hoguera para quienes discrepan con el o los dogmas religiosos, así como tampoco con la lapidación de la mujer adúltera.

Cuando el Senador de la República Fernández Huidobro afirma y subraya que habla (o escribe) desde una ineludible perspectiva judeo-cristiana al decir de algunos, occidental y cristiana sostienen otros, y así sucesivamente. No puedo hablar desde otra. Nací y me crié en Uruguay, lo está haciendo desde lo que se denomina determinismo; y el determinismo no es más que una concepción filosófica que se sostiene en el rango, en la importancia que asigna a la causalidad. En tanto ese es su fundamento, el determinismo se presenta como una concepción mecanicista que excluye la casualidad y, en consecuencia, cree que existen leyes y procesos de naturaleza inmutable. Desde esta naturaleza, el determinismo conduce inevitablemente a una especie de fatalismo para el cual las cosas no pueden ser de otro modo distinto al que son.

El Senador Fernández Huidobro, a pesar de que apela al determinismo, sabe muy bien que no existe el determinismo geográfico ni el político; porque si no fuera así, jamás podría haber sido guerrillero, como se ufana, y tampoco dirigente político dentro del Frente Amplio sino de alguno de los partidos tradicionales. Así pues su salmodia sobre una ineludible perspectiva judeo-cristiana y su nací y me crié en Uruguay, suena más bien a un acto de fe que descansa en alguna supuesta predeterminación divina.

Pasemos a otro punto. La iglesia católica -tal como permanentemente nos lo recuerda el arzobispo Cotugno- cree que la llamada moral cristiana no sólo es válida para todos los hombres sino que, además, es la que contiene los valores humanos más elevados. Esta pretensión, sin embargo, no condice con su propia historia llena de hogueras, de inquisiciones, de guerras santas y de la justificación permanente de las clases dominantes, al tiempo que predica para los pobres, para los desposeídos y para los desheredados, una resignación en la tierra a cambio de la promesa de un más allá. Pues bien, esta pretensión es la que asume también el Senador de la República Fernández Huidobro cuando reivindica su ineludible perspectiva judeo-cristiana al incursionar en el tema del aborto. Pero más allá de colegios, comuniones y vaya a saber uno qué más, el Senador debería conocer, recordar y respetar la existencia de ciudadanos que no comulgan con sus comuniones y que, por no hacerlo, tienen el legítimo derecho a reivindicar otras creencias y otros valores morales.

Dice en su artículo el Senador de la República: Tan trémula alborada de todos un buen día es sacramental y sagrada. Dejando de lado el fallido intento de poetizar sobre el tema, el Senador, intencionalmente, nos oculta su filiación y enfoque religioso porque, precisamente, lo sacramental y lo sagrado competen pura y exclusivamente a lo religioso, a los dogmas de la iglesia. ¿No habría resultado menos rebuscada la simple confesión; porque cuál era el riesgo, que alguno sacara la consigna ¡El Ñato y Cotugno un solo corazón!, era ese el riesgo? ¡Vamos Senador, por tan poco!

Pasemos al tema de los derechos individuales que el Senador Fernández Huidobro se saltea alegremente. El ser humano -creado por un dios o no, según el gusto de cada uno-, posee no solamente los atributos sexuales que conducen a los 46 cromosomas que el Senador recuerda; tiene también el impulso sexual que conduce al goce sexual y todavía, por si fuera poco lo anterior, derechos sobre su propio cuerpo. Así, por ejemplo, puede ser adicto al asado a pesar de los riesgos del colesterol; al cigarrillo a pesar de las potenciales amenazas de cáncer; a la acción política armada a pesar de los riesgos de vida; al alcohol, a la politología o a tocar la guitarra, a pesar de los riesgos que ellos conllevan. Va en gustos, como dice la expresión popular.

En el marco de ese libre albedrío, la mujer tiene el derecho a tener sexo y al mismo tiempo a no querer tener hijos, Y en el ejercicio de esos derechos puede ocurrirle que, accidentalmente, quede embarazada. El mismo accidente que puede tener un militante de la lucha política armada cuando recibe una herida y no por ello abandona sus convicciones y su militancia. Y otro tanto podríamos ejemplificar si habláramos de jugadores de fútbol, de conductores de auto, de políticos o de comedores de asado. Son riesgos que la vida presenta y no el castigo de alguna supuesta deidad superpuesta a la sociedad humana. Pero hete aquí que desde la ineludible perspectiva judeo-cristiana que nos predica el Senador de la República Fernández Huidobro, la mujer está condenada a una tutela divina, a una tutela bíblico-jurídica que establece sin lugar a dudas, qué es lo que puede y qué es lo que no puede con relación a su propio cuerpo, a sus propios deseos, a su propia elección.

El Senador Fernández Huidobro, en una sutil variante del machismo que dice no compartir, nos mete de contrabando el machismo bíblico gracias al cual la mujer siempre jugó en la B. Y sin embargo. Al Senador, que tiene debilidad por la aritmética, le proponemos este simple ejercicio: sume usted a la mitad de los cromosomas que dan lugar al embrión, los nueve meses de gestación, los meses del amamantamiento y los años que vienen después con la crianza y las otras tareas inherentes a la condición de madre. Obtenido el resultado, pregúntese Senador si la mujer, en vez de la tutela desde la ineludible perspectiva judeo-cristiana, de la suya y la de los otros senadores que votarán contra el proyecto de despenalización del aborto, en fin, pregúntese si esa mujer que hasta hoy comete delito cuando aborta, no tiene mucho más derecho a decidir por sí misma, en vez de que lo hagan usted y Cotugno desde la perspectiva judeo-cristiana.

Tal vez resulte utópico pensar que el Senador Fernández Huidobro pueda revisar su posición a partir del descubrimiento de otros aspectos que conciernen a la cuestión del aborto. Es muy probable. Pero de todos modos, más vale intentarlo que no hacerlo.

Montevideo, 18 de abril de 2004.

 

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