Síntesis informativa semanal   Perú

SE PROFUNDIZO LA REPRESION CONTRA LOS INDIGENAS - Alberto Pizango, presidente de la Asociación de Comunidades Nativas de la Amazonia, sostuvo que el gobierno de Alan García levantó sus armas contra las comunidades indígenas y cometió el peor genocidio de la población aborigen que habita en la Amazonia. "Nosotros nos habíamos desplazado pacíficamente durante 45 días y no esperamos esta reacción y muchos menos este ataque aéreo y terrestre. El gobierno utilizó armas de guerras como si nosotros fuéramos delincuentes, por ello los pueblos indígenas denunciamos este hecho genocida", denunció ante las cámaras de TeleSur. El primer gran ataque se produjo en la zona Curva del Diablo, como reafirmación gubernamental de sus decretos, violatorios de los derechos territoriales y ancestrales de los pueblos peruanos que habitan en la Amazonia. El dirigente manifestó que los indígenas no buscaban "levantarse en armas ni alterar el orden público y menos reemplazar al Presidente de la República". Hasta ahora, al menos 45 personas murieron y un centenar resultaron heridas por la acción criminal del gobierno peruano. Producto de la represión y de la respuesta consiguiente, entre los muertos hay 11 policías. La zona quedó cerrada a los medios de prensa, lo cual otorga mayor impunidad a Ejecutivo para operar a su antojo en la zona, sin testigos comprometedores. Otro dirigente relato que “comenzaron a disparar contra nuestra gente. Y el gobierno sabe que los indígenas somos pacíficos, pero cuando hay una acción contra nosotros siempre encontrarán una reacción. Y nos hicieron reaccionar”. La organización Ecuarani acusó al presidente peruano, Alan García, de una "cobarde agresión" contra los indígenas que desde el pasado 9 de abril reclaman la derogación de una decena de decretos legislativos, que consideran lesivos a sus derechos. Su presidente, Humberto Cholango, convocó a los "sectores dignos de nuestro continente y del mundo, a unir las voces para parar a los genocidas que obedecen órdenes injustas y criminales". Las normas que impugnan las comunidades amazónicas están directamente vinculadas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En virtud de él, García busca lotear las tierras indígenas para explotaciones petroleras, madereras y mineras.

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